Manipulaciones sobre el paro

El Gobierno aprobó el viernes por decreto-ley la reforma del desempleo contra la que CC OO y UGT han convocado huelga general. Un histórico sindicalista y una directiva del sector de trabajo temporal exponen aquí sus posturas

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 64,5% de los españoles considera que el primer problema del país es el paro. No supone novedad alguna, pues esa primacía entre las preocupaciones ciudadanas se viene produciendo desde hace 25 años.

Pocos días después de la publicación de estos datos, la Cadena SER daba cuenta de los resultados de una encuesta en la que, entre otras preguntas, se les pedía a los entrevistados si compartían la opinión de que entre los parados era frecuente el caso de los que cobraban la prestación por desempleo y la de un trabajo remunerado. Más del 70% contestó afirmativamente. Pero, cuando, en una segunda pregunta, se les requería sobre si ellos conocían algún caso concreto, la mayoría dijo que no.

No hay constancia de encuestas que se hayan interesado en averiguar la impresión de los ciudadanos sobre, por ejemplo, el fraude empresarial en la contratación temporal de los trabajadores y la utilización fraudulenta de la muy variada gama de exenciones, bonificaciones y subvenciones que reciben las empresas para una no menos amplia variedad de contratos de trabajo.

Pero sí hay datos recientes y pasados de los servicios de inspección laboral en los que la cifra se acerca al 50%; es decir, entre 10 y 12 veces más que las detectadas para el caso del fraude en el desempleo.

Respecto del fraude fiscal, está generalizada la opinión de que es una práctica ampliamente extendida. Pese a ello, las actitudes ciudadanas son un tanto permisivas, esto es, se manifiesta cierta tolerancia y un escaso rechazo social activo, aun a sabiendas de que quienes tienen menos posibilidad de defraudar a la Hacienda pública son los trabajadores.

Viene a cuento recordar todo esto para mejor entender hasta qué punto es manipulable la opinión de la gente y para destacar el sesgo clasista de esa manipulación.

Hasta el extremo de haber inducido a la ciudadanía a la paradoja de que, constituyendo el paro la primera y más constante de sus preocupaciones, achaquen indirectamente a los propios parados una parte de la responsabilidad en las altas cifras de desempleo.

Sólo desde esa previa manipulación se entiende que el Gobierno haya considerado política y socialmente presentable su reforma del sistema de protección a los parados y de la legislación laboral general, cuyos efectos van a ser una pura y simple regresión social y mayor precariedad en el trabajo.

Sobre los españoles planea una segunda y más grave manipulación, que afecta a aspectos medulares de la democracia. Convertir en un asunto de 'extraordinaria y urgente necesidad' la aplicación de estas reformas, usando grotescamente para ello la vía excepcional que prevé el artículo 86.2 de la Constitución Española, procedimiento que conlleva un trámite parlamentario 'especial y sumario', es algo más que un ejercicio de autoritarismo: es la última muestra de los tics franquistas que de un tiempo para acá se observan en las reacciones del Gobierno cuando algo le crispa.

Quienes han vivido -y sufrido- el pasado dictatorial de nuestro país recuerdan los argumentos 'patrióticos' con que se solían justificar las acciones y represiones del régimen. Los 'rojos' -léase la entonces ilegal y perseguida izquierda y los sindicalistas contrarios al sindicato vertical- representaban la anti-España, por cuanto, se decía, sus acciones estaban dirigidas a desprestigiar a la patria.

Un tufo parecido desprenden las declaraciones del Gobierno cuando asegura que convocar para el 20 de junio al huelga, teniendo presente que al día siguiente se reúne el Consejo Europeo, obedece al propósito de los sindicatos de hacer daño a la imagen del país.

También refleja que en el subconsciente de la derecha española no se han asimilado todavía las servidumbres de la democracia, el que de forma manifiesta se haga burla del espíritu y de la letra de la Constitución, utilizando la vía sumaria del decreto-ley para aplicar una reforma cuya urgencia no la ven ni los más entusiastas corifeos del Gobierno.

Es obvio que la crispada reacción del Gobierno obedece al deseo de disuadir a los trabajadores de que participen en la huelga, mediante el método de hacerles ver que sería estéril frente a una decisión ya llevada a la práctica; pero también manipulando su opinión y la del resto de los ciudadanos, a quienes es seguro que alguien les lanzará el mensaje de que, al mantener la convocatoria de la huelga, los sindicatos no estarán enfrentándose contra una medida del Gobierno, sino contra el Parlamento, institución más representativa de la soberanía popular. Con lo cual estaríamos ante el espectáculo de que un Gobierno con decreciente talante democrático tildará de antidemocráticos a los sindicatos. En ésas estamos.

Habrá que pedirle al Gobierno que se serene. Que la imagen de España es otra muy distinta y positiva gracias, entre otras muchas aportaciones, a la que hicieron la izquierda y los sindicatos de clase, con sus huelgas y manifestaciones, para recuperar la democracia y para que exista una Constitución que otorga una alta función representativa a los sindicatos y garantiza el derecho de huelga a todos y cada uno de los trabajadores de nuestro país.