La defensa de Conde ve imposible la apropiación indebida en "Cementeras"
En esta operación, el tribunal condenó a Conde y a Arturo Romaní por haberse apropiado de 1.556 millones de pesetas que correspondían a Banesto por la venta de dos hormigoneras, aunque ambos acusados defienden que esa cuantía se destinó a pagar una comisión a un tercero y que, en cualquier caso, no pertenecía al banco.
El letrado de Conde, Antonio García de Pablos, destacó que en ningún caso pudo darse apropiación indebida porque Banesto recibió el precio que había pactado y apostilló que no puede darse este delito únicamente "porque los vendedores pagaran 1.500 millones más de lo estipulado en el contrato".
García de Pablos apostilló que, en todo caso, Conde no estaba relacionado con las dos sociedades pantalla que participaron en esta operación y, por tanto, no dio ninguna orden para que se desviaran esos fondos.
Por ello, aseguró que, como máximo, se podría acusar al ex presidente de Banesto de receptación, por lo que debería reducirse considerablemente la condena o incluso llegar a la absolución, al igual que determinó la Audiencia con Fernando Garro en la operación Dorna.
García de Pablos insistió durante toda la exposición de su recurso que "la tesis acusadora carece de sustento", que la explicación que da la sentencia a la operación "Cementeras" carece de lógica, sobre todo atendiendo a razones económicas, y que el comprador sabía que no pagaba a Banesto esos 1.556 millones.
No sólo adolece de razón esta resolución, según el letrado, también "carece de sustento la tesis acusadora", hasta el punto de que las tres acusaciones mantienen tesis diferentes de cómo se llevó a cabo la operación e, incluso, cuál fue el delito cometido.
El letrado de Conde también basó su recurso en la petición de que se anule la sentencia dictada por la Audiencia, ya que los peritos judiciales que colaboraron con el Fiscal en la elaboración de su querella y de su tesis fueron los mismos que tramitaron el expediente administrativo a Banesto, "coincidencia peligrosa que debería evitarse", apuntó.
Por ello, pidió al Tribunal Supremo que delimite la colaboración que puede haber entre la Administración y la Justicia y añadió que "es lamentable y preocupante que estemos ante el único precedente" de este tipo que se ha planteado en el Banco de España hasta ahora.
También intervinieron hoy para defender sus recursos los letrados de algunas sociedades a las que la Audiencia Nacional ordenó el decomiso de algunas de sus propiedades al entender que estaban relacionadas con algunos de los condenados y que sus activos provienen de fondos desviados de Banesto.
La mayor parte de ellos coincidieron en pedir que se anulara la sentencia, a la que calificaron de "arbitraria, indefinida y falta de motivación", porque no participaron en el juicio y, por tanto, no tuvieron posibilidad de defensa.
En este sentido se pronunciaron las defensas de Cajatambo, Inversiones Sanfergo y Longanor, en tanto que el representante de Montilsa y Data Transmision -participantes en la operación "Cementeras"- señaló que constaba la consecución de ningún delito en su participación.