La defensa de Mario Conde pide al Supremo que revoque la condena
Mario Conde 'no participó personalmente ni mediante sociedades controladas por él' en las operaciones irregulares denominadas Concha Espina y Oil Dor y de Cementeras, alegó ayer su actual abogado defensor, Antonio García-Pablos. La Audiencia Nacional le encontró culpable de estafa y apropiación indebida y le condenó a 10 años y dos meses de prisión en marzo de 2000.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo está analizando los recursos interpuestos por el fiscal, las acusaciones y las defensas contra la sentencia. En la sesión de ayer, el abogado de Conde pidió que le absuelva o, al menos, le reduzca la pena.
El letrado atacó el 'déficit probatorio' de la sentencia y trató de demostrar que no existió vínculo entre el ex presidente de Banesto y las sociedades instrumentales que intervinieron en las operaciones. Dijo que no hubo estafa en la operación Concha Espina, sino 'administración fraudulenta' y que podría achacarse a Conde su complicidad, pero no su autoría.
Alusión a González
El letrado de Conde reconoció que hubo lucro personal, pero que éste es 'compatible con el hecho de que no existió perjuicio para el banco', arguyó.
Para demostrar que la operación de Oil Dor no fue fraudulenta, el letrado aludió al actual presidente del BBVA, Francisco González. Dijo que la sociedad bursátil que fundó y presidió, FG Inversiones, acreditó con informes que la operación era 'racional' y 'con precio ajustado al mercado'. En esta operación, Conde y otros acusados compraron acciones de Oil Dor a 10.000 pesetas cada título y los revendieron a la Corporación Banesto por casi 300.000 pesetas. La inversión alcanzaba los 11.795 millones de pesetas.
El Supremo estudiará también si inculpa ahora al financiero francés ex socio de Conde Jacques Hachuel, como le ha pedido la acusación. La Audiencia Nacional consideró prescrito el delito de apropiación indebida en la operación Carburos Metálicos, en la que intervino como mediador y por la que se habría beneficiado de 1.344 millones de pesetas. Los devolvió a Banesto el año pasado, 11 años después de la compraventa. Ayer, la defensa remarcó que Hachuel fue imputado un mes después de que prescribiera el delito. Primero acudió como testigo de la acusación.