Los ex gestores niegan el delito de falsedad en las cuentas
Las defensas de los imputados en el caso Banesto concluyeron ayer la exposición de sus recursos y alegaciones ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que va a revisar la sentencia. Los letrados de los ex consejeros delegados, Juan Belloso y Enrique Lasarte, y del ex secretario del consejo, Ramiro Núñez, negaron que sus defendidos participaran o aprobaran la supuesta ocultación de un agujero de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) en las cuentas del banco.
La Audiencia Nacional absolvió a estos ex altos cargos del delito de falsedad en la operación denominada artificios contables, por la que se habrían manipulado las cuentas de Banesto de 1992 y 1993. La acusación ha pedido al Supremo inculpar ahora a los tres ex administradores. El letrado de Lasarte alegó que su defendido llegó al banco en marzo de 1993, cuando ya se habían aprobado las cuentas del ejercicio anterior con irregularidades, como se descubrió después.
Mientras, la defensa de Juan Belloso, que sustituyó a Lasarte en el cargo de consejero delegado, alegó que no se puede sancionar el delito de falsedad ya que no existía en el Código Penal vigente en el momento de las operaciones.
El abogado de Ramiro Núñez descartó la validez de las notas enviadas por el Banco de España a Banesto que advertían de 'incorrecciones' en las cuentas y que fueron presentadas como pruebas durante el juicio. El mismo argumento utilizó la defensa del ex presidente de Banesto, Mario Conde, para rechazar su participación en el maquillaje de las cuentas.
También compareció el letrado de la aseguradora Allianz para dar réplica al recurso interpuesto por el Fondo de Garantía de Depósitos, que reclama una indemnización de 1.153 millones de euros (192.000 millones de pesetas) por las aportaciones realizadas para sanear Banesto.
Póliza por responsabilidad
La Audiencia Nacional no consideró responsable civil a la aseguradora AGF Fénix, ahora perteneciente al grupo Allianz, que tenía contratada una póliza de 60 millones de euros para cubrir eventuales responsabilidades de los administradores con respecto a la gestión del banco.
La vista oral de los recursos de casación terminará muy posiblemente mañana, cuando intervengan las acusaciones populares, las particulares y el ministerio fiscal para responder a los recursos presentados por las defensas. De esta forma, el caso Banesto quedaría pendiente de la sentencia.
El Tribunal Supremo deberá decidir si modifica o ratifica las penas dictadas por la Audiencia Nacional, de entre 13 y seis años, a los cuatro condenados: Mario Conde; el ex vicepresidente del banco, Arturo Romaní; el ex consejero, Rafael Pérez Escolar, y el ex director general, Fernando Garro. Conde fue condenado a 10 años y dos meses por estafa y apropiación indebida.