El conflicto de competencias amenaza con bloquear la reforma de las cajas

Las enmiendas a la Ley Financiera que los grupos parlamentarios presentaron la semana pasada ante el Registro de la Cámara no ponen punto y final a la reforma de las cajas de ahorros. La amenaza de Convergència i Unió de recurrir la Ley Financiera ante el Tribunal Constitucional por considerar que invade competencias autonómicas obligará al Grupo Popular a continuar unas negociaciones que salven in extremis una reforma que 'necesita del consenso para garantizar el marco de estabilidad en el que debe desenvolverse la actividad de estas entidades financieras', según advierten fuentes del sector.

Y es que las medidas que pretende pergeñar el Grupo Popular mantienen en armas a buena parte del mismo, especialmente en Cataluña, donde la limitación a 70 años de la edad para ser presidente de una caja de ahorros afecta nada menos que a cinco de los actuales presidentes -el de La Caixa, Caixa Catalunya, Caixa Penedés, Caixa Tarragona y Caixa Sabadell-, que no podrán presentarse a la reelección.

Esta circunstancia ha llevado a que se interprete la medida en clave política, sobre todo ante la expectativa de elecciones autonómicas el año que viene.

Ha sido Josep Vilarasau, el presidente de la primera caja de España y la tercera entidad del país, el que más ruido ha hecho ante una amenaza no prevista de que se le jubile por imperativo legal. El anuncio de la medida le ha molestado tanto que ha puesto el asunto en manos de sus abogados para buscar posibles lagunas legales. Incluso se ha sugerido que podría abandonar su cargo voluntariamente, antes de la fecha prevista para su reelección, dentro de un año.

Tal ha sido la reacción en Cataluña que la enmienda relativa a la limitación de la edad ha desplazado en los medios la notoriedad de otras propuestas de mayor calado para el sector, como la limitación al 50% de la presencia pública en los órganos de gobierno de las cajas.

Flecos abiertos

Pero, en todo caso, no es el único fleco abierto de la reforma. Si la edad es el caballo de batalla de Convergència i Unió, la del tope del 50% choca de lleno con los intereses del PSOE, con el anuncio del gobierno andaluz de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional. Lo cierto es que, para que se aplique este límite, deben modificarse las normas autonómicas, ya que la mayoría de las comunidades autónomas tienen leyes de cajas con presencia pública superior al 50%.

Según la doctrina del Tribunal Constitucional, cuando se modifica una Ley Básica del Estado, las normas autonómicas que no se acomoden a ella han de adecuarse. De lo contrario devienen inconstitucionales.

El problema es que son únicamente las CC AA las que pueden modificar sus propias leyes y fijar los porcentajes concretos de representación. Basados en la doctrina constitucional existente, los Gobiernos autonómicos han legislado profusamente sobre esta materia, alterando de forma significativa los porcentajes establecidos en la norma estatal, con un aumento sustancial de la importancia de los poderes públicos en los consejos.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia 48/1988, establece que 'no puede estimarse que tenga carácter exhaustivo la enumeración contenida en esta ley (se refiere a la Lorca) de los grupos que han de estar representados en la asamblea general y, en consecuencia, no incurren en inconstitucionalidad las normas autonómicas que prevean la existencia de otros grupos, siempre que respondan a intereses sociales y colectivos del ámbito de actuación de las cajas'.

Esta sentencia lleva implícito que 'los porcentajes de participación no pueden establecerse de forma taxativa, aun cuando tengan carácter básico las normas que garanticen una representación efectiva de determinados grupos sociales y un equilibrio entre ellos'.

Este conflicto de competencias deja, por tanto, en suspenso una reforma esperada desde hace tiempo, aunque el director general de la CECA, Juan Ramón Quintás, confía en que 'la sangre no llegue al río' y se logre 'una solución razonable'.

Ley básica

En lo que afecta a CiU, el acuerdo parece más sencillo. Bastaría con que el PP eliminase el carácter básico de algunas de las medidas propuestas, como la de la limitación de la edad de los presidentes, tal y como recogen las enmiendas del grupo nacionalista catalán. Eso dejaría a las comunidades autónomas manos libres para legislar a su gusto, de manera que aunque hubiese una ley estatal ésta sólo tendría un carácter supletorio.

El PP ya ha anunciado que flexibilizará otra de las enmiendas que levantó fuertes suspicacias tanto en los Gobiernos autonómicos como en las propias cajas: la referida a limitar los mandatos a un máximo de 12 años.

La solución ha sido introducir un régimen transitorio para que a todos los que afecte puedan presentarse a la reelección, lo que dará un margen de otros cuatro años a presidentes como el de Caja Madrid, Miguel Blesa, que lleva cerca de 12 años como consejero y luego presidente en la entidad y se vería afectado si no se aprobara este régimen transitorio.