Las inversiones en Colombia
Colombia sigue siendo un mercado atractivo. A pesar de que la cifra de inversión española en Latinoamérica, y en Colombia en particular, cayó significativamente en el año 2000 y volvió a bajar en 2001, en los últimos meses están llevándose a cabo en el país andino importantes proyectos empresariales españoles.
Y es que este país presenta un aumento del PIB sostenido, una liberalización de la economía suficiente, un marco jurídico-fiscal en línea con el de los países de nuestro entorno, unas relaciones comerciales privilegiadas con los Estados de la zona y, en definitiva, unas oportunidades de negocio muy interesantes, tanto como mercado destino como plataforma de inversión.
La razón de todo ello puede ser que, a principios de la década de los noventa, Colombia llevó a buen puerto una profunda reforma de su política económica, teniendo como objetivo su liberalización e implantando medidas de cambio en prácticamente todas las áreas relevantes, incluyendo la normativa sobre inversión extranjera.
Durante los últimos seis años la economía colombiana ha gozado de cierta estabilidad, teniendo este hecho un claro reflejo en el crecimiento económico y en que, a diferencia de otros países latinoamericanos, Colombia ha conseguido disminuir la tasa de inflación. El PIB creció un 2,74% en 2000 y un 1,56% en 2001.
Es de destacar la pertenencia de este país al Pacto Andino y la gran variedad de acuerdos comerciales que tiene firmados (Argentina, Chile, Cuba, Panamá y Honduras, entre otros), así como los acuerdos de preferencia arancelaria con EE UU, Canadá y la Unión Europea.
Por lo que respecta al sistema tributario colombiano, la carga impositiva que soportan las sociedades es semejante a la española (el tipo general es del 35%). Existe adicionalmente un 7% en concepto de impuesto sobre las remesas en el reparto de dividendos a inversores extranjeros (impuesto exento en el supuesto de reinversión en Colombia). En relación con el IVA el tipo general es del 16%, aplicándose un tipo reducido del 10% en la entrega de determinados bienes.
Por otro lado, existen importantes incentivos fiscales a la inversión extranjera, destacando las Zonas Económicas de Exportación (ZEEE), creadas recientemente para fomentar el empleo y atraer la inversión extranjera al país. Las condiciones esenciales para acceder a una ZEEE, previa aprobación gubernamental, se concretan en la realización de una actividad industrial, una inversión mínima y que al menos el 80% de las ventas se realicen al exterior. Los beneficios fiscales previstos son semejantes a los establecidos para las ya existentes zonas francas, siendo en todo caso muy numerosos y atractivos. Adicionalmente están disponibles otros incentivos fiscales, como la exención por reinversión o los relacionados con actividades de I+D.
Respecto del personal desplazado, hay que tener en cuenta que los extranjeros, a pesar de ser considerados residentes fiscales en el país cuando permanezcan más de 183 días en el mismo, tributan sólo por renta de fuente colombiana durante los primeros cuatro años de desplazamiento. æpermil;ste, entre otros rasgos peculiares del sistema colombiano, junto con las medidas establecidas en la legislación tributaria española de apoyo a la internacionalización (como la dieta por expatriación y la exención por trabajos en el extranjero, previstas en la Ley del IRPF), puede llevar a una tributación del personal expatriado bastante beneficiosa.
El Gobierno español, con el objeto de que logre una estabilidad económica y política, ha concedido diversas ayudas a Colombia. En concreto, en el año 2001 España concedió créditos blandos por importes muy considerables, cuyos objetivos fundamentales eran favorecer la lucha contra el narcotráfico y financiar proyectos en los sectores energéticos y de telecomunicaciones.
Sería muy deseable que, aprovechando el buen momento por el que transcurren las relaciones entre ambos Gobiernos, se diera un impulso a la negociación y conclusión de un convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y España. La conclusión de este convenio serviría de acicate a los inversionistas españoles, pues dotaría de un plus importante de seguridad jurídica a la propia inversión.