Colombia intenta retener la inversión de grupos españoles
La difícil situación que vive Colombia, inmersa en una guerra abierta entre Gobierno y guerrilla, ha desatado la alarma entre las grandes empresas españolas presentes en el país, en especial en las firmas energéticas y las grandes constructoras. Algunas de ellas han optado ya por abandonar parte de sus inversiones, otras se lo plantean y algunas más negocian una solución a los graves problemas que tienen para sacar adelante sus actividades.
La llegada al poder del nuevo presidente, Álvaro Uribe, ha generado buenas expectativas entre los inversores españoles por la actitud dialogante y comprometida de su equipo de gobierno. El nuevo mandatario quiere recuperar los flujos de inversión española del pasado -en 2001 cayó a una quinta parte de lo invertido en 1998- y para reforzar esa iniciativa ha enviado a España a un equipo de su absoluta confianza, encabezado por Pablo Arango.
Entre las empresas que tienen o han tenido una presencia relevante en Colombia destacan Unión Fenosa, Gas Natural, Endesa, Ferrovial, Dragados, ACS o Sacyr, además de los grandes de la banca. El emisario colombiano, junto a un equipo de funcionarios, negocia con varias de estas empresas soluciones a los problemas puntuales a los que se enfrentan para operar en el país.
En el caso de las eléctricas Endesa y Fenosa, los principales problemas a resolver son los efectos que para estas compañías tiene la distribución de electricidad cuando ésta se realiza en zonas de guerra, ya sean controladas por la guerrilla o por grupos paramilitares. Otros temas planteados son el cobro de la energía suministrada en los barrios más pobres, así como las tarifas para los próximos cinco años.
Según medios de Fenosa, esta compañía, que controla Electrocaribe y Electrocosta, ha conseguido un preacuerdo con el Gobierno para que la generadora Codelca (propiedad del Estado colombiano) entregue electricidad a las citadas distribuidoras en las zonas que están en guerra, y en las que es imposible realizar la lectura de los contadores.
Además el Gobierno colombiano ha admitido la medición comunitaria en los barrios formados por poblaciones desplazadas, y que ahora prácticamente no pagan el suministro eléctrico. El Gobierno abonará en torno al 50% de la factura común. Con estas medidas, las eléctricas conseguirán una importante reducción de las pérdidas que ahora tienen que afrontar.
La presencia española en el campo de la construcción y las concesiones de infraestructuras también es relevante. Ferrovial llegó a controlar tres autopistas. El año pasado optó por vender dos de ellas a los socios locales del proyecto y ha devuelto la tercera al Gobierno colombiano. Ahora el grupo español negocia con la Administración el cobro de los trabajos de ejecución de este proyecto.
La firma que preside Rafael del Pino enmarca esta desinversión en su nueva estrategia en el mercado de las concesiones, que se concentra en países de la OCDE y deja fuera de sus intereses los mercados latinoamericanos. Fuentes del sector consideran, no obstante, que la venta de sus concesiones en Colombia se explica por la situación conflictiva del país.
Dragados es otro de los inversores de referencia en la zona. Controla el Ferrocarril del Norte de Colombia, y a través de su participada Aurea, el aeropuerto de El Dorado, ubicado en la capital. La empresa que preside Antonio García Ferrer ve con buenos ojos la nueva actitud del Gobierno Uribe y manifiesta su disposición a seguir en Colombia y a completar el desarrollo de sus proyectos.
Por su parte, ACS, Sacyr y el Santander Central Hispano negocian con el ejecutivo una solución a la crisis de una de las concesiones más importantes adjudicada en ese país, que contaba en el momento de la adjudicación, en 1997, con un presupuesto de 450 millones de euros. Se trata de una carretera de 600 kilómetros.
Actualmente, el consorcio mantiene negociaciones con los nuevos responsables de la Administración para ver si pueden pactar un acuerdo para renegociar el contrato en todas sus condiciones, o bien ceder el proyecto a los socios colombianos del mismo, con asistencia técnica de las empresas españolas, o alcanzar un pacto para cancelar el contrato.
Sacyr se había desprendido previamente de una concesión de ferrocarril que controlaba en el oeste del país.
Una espectacular marcha atrás en inversiones
El atractivo de Colombia como destino del capital español ha caído en picado desde el final de la década de los noventa, debido al agravamiento del conflicto social en el país americano. Entre 1993 y 2001, las empresas españolas han invertido en Colombia unos 3.600 millones de euros.A comienzos de la pasada década, el flujo inversor anual se cifraba en apenas 5,5 millones. Esta cantidad se fue incrementando de año en año hasta alcanzar su máximo histórico en 1998, ejercicio en el que se contabilizaron inversiones españolas por valor de 1.206 millones de euros. A partir de ahí, el capital empezó a retraerse, de tal manera que la inversión en 1999 fue de 845 millones, para caer el 57% el año siguiente, hasta situarse en 360 millones, y el 42% en 2001, para cifrarse en 207 millones. El peso de Colombia como destino de los flujos inversores totales españoles en el exterior también se ha desplomado. En 1999 representaba el 1,37% de los fondos totales enviados al exterior; en 2000, el 0,47%, y en 2001, el 0,28% El objetivo del Gobierno de Álvaro Uribe es romper esa tendencia decreciente y restablecer la confianza de las empresas españolas y del resto de economías occidentales en Colombia como destino para sus proyectos de desarrollo. La tarea no parece fácil, y la clave, según distintas empresas consultadas, es la seguridad jurídica para poder acometer esas inversiones. En todo caso, España sigue siendo uno de los primeros socios comerciales de Colombia. En 2001 ocupaba el sexto lugar en la clasificación de países exportadores de mercancías a ese país y el decimoquinto como receptor de mercaderías colombianas. El saldo de la balanza comercial es claramente positivo para España, que entre los meses de enero y septiembre del año 2001 exportó por valor de 215 millones de euros e importó de Colombia un total de 143 millones.