Coca-Cola amplía a 20 años los contratos con sus embotelladores españoles

El grupo Coca-Cola ha optado por estrechar lazos con sus embotelladores en España. Coca-Cola ha modificado sustancialmente las relaciones que hasta ahora mantenía con las siete sociedades que disfrutan de su franquicia de embotellado en España. El líder mundial de las bebidas refrescantes ha llevado a cabo recientemente una revisión de los contratos que regulan su relación con sus embotelladores para, de alguna forma, clarificar la situación financiera futura de las mismas.

La sociedad encabezada por Marcos de Quinto ha firmado nuevos contratos que, grosso modo, eliminan la discrecionalidad que hasta ahora mantenía la compañía de EE UU para renovar o no los contratos de franquicia.

Hasta ahora, los contratos renovables por cinco años establecían una serie de baremos y exigencias que los embotelladores debían cumplir para optar a la renovación. Sin embargo, Coca-Cola se reservaba la capacidad discrecional de no firmar la renovación.

Ahora la compañía de Atlanta ha limitado esa capacidad discrecional y ha precisado a los embotelladores las exigencias que deberán cumplir para renovar las licencias de franquicia. En paralelo, la compañía ha optado por ampliar sensiblemente los plazos de renovación, que hasta ahora se situaban en una media de cinco años y que ahora pasarán a 20.

Fuentes cercanas a la compañía interpretan este cambio en las relaciones de Coca-Cola con sus embotelladores como una decidida maniobra de ambas partes para cerrar filas ante la reciente ofensiva de sus competidores en España, principalmente Pepsi Cola y Schweppes, con las dos demandas presentadas ante las autoridades de la Competencia.

Relaciones

El nuevo marco de relaciones entre Coca-Cola y sus embotelladores en España pretende acercarse a las relaciones que la multinacional tiene establecidas con empresas embotelladoras en otros países, aunque siempre preservando la singularidad de la que disfruta el modelo en nuestro país, único en el que se sigue manteniendo un sistema de franquicias en las que la multinacional de Atlanta no tiene participación accionarial alguna.

Las grandes compañías embotelladoras de la multinacional tanto en Norteamérica, como en Asia y Latinoamérica cotizan en Bolsa y cuentan con una importante participación de la multinacional. Precisamente por su condición de compañía cotizada Coca-Cola tiene establecidos con ellos acuerdos que establecen una cierta garantía de continuidad en el mercado.

Este modelo de estabilidad, traducido convenientemente a las necesidades y singularidades del negocio en España, es el que se quiere imponer. Las principales embotelladoras necesitan estar respaldadas por ciertas garantías de la multinacional a la vista de las enormes inversiones que están realizando para mejorar sustancialmente sus procesos productivos. Tanto la embotelladora del sur, Rendelsur, como la de la zona catalano-aragonesa, Cobega, están embarcadas en la construcción de nuevas plantas de embotellado que exigen cuantiosas inversiones y cuyo umbral de rentabilidad necesita una clara estabilidad del negocio.

En palabras de un alto ejecutivo de la compañía, que prefiere no precisar los detalles de los nuevos acuerdos por considerarlos confidenciales, los embotelladores han conseguido, de alguna forma, que sus contratos se renueven prácticamente de forma automática 'hasta la eternidad'. Siempre, claro está, que cumplan con las obligaciones fijadas en ellos.

Coca-Cola opera en España con siete sociedades franquiciadas, que se reparten el mercado nacional sin hacerse competencia entre ellas. Las siete compañías están controladas por empresarios privados pertenecientes en algunos casos a familias de gran tradición empresarial en España. Tienen plena autonomía de gestión en sus respectivos mercados y únicamente pactan la estrategia comercial que siguen con grandes clientes a través de una sociedad conjunta establecida con la multinacional, denominada Coca-Cola Gestión.

En el ejercicio de 2000, las ventas conjuntas de los siete embotelladores superaron los 2.200 millones de euros y emplearon unos 5.000 trabajadores.

Sus competencias no sólo se extienden al territorio español. La singularidad del modelo y la eficacia que han demostrado para administrar un mercado como el español y situarlo entre los siete primeros países del mundo consumidores de las marcas de la compañía, les han llevado a expandirse a mercados como el portugués, donde controlan la única franquicia de Coca-Cola en ese país, y a algunos otros del norte de África.

El Tribunal de Defensa de la Competencia rectifica

 

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha decidido dar marcha atrás y declarar secretos determinados documentos internos de Coca-Cola en poder del Servicio de Defensa de la Competencia.

 

 

 

 

 

 

 

En un primer momento el tribunal presidido por Gonzalo Solana decidió, en contra del criterio de la empresa, que no había ninguna razón para decretar confidencial una serie de papeles en los que un alto ejecutivo de la multinacional informaba a los embotelladores de la empresa de la puesta en marcha de una estrategia ante las autoridades de la competencia comunitaria tendentes a negociar y cerrar un pacto que pusiera punto final al proceso de investigación sobre las prácticas comerciales de la empresa en Europa.

 

 

 

Coca-Cola recurrió y ante la evidencia de que los papeles desvelaban o al menos apuntaban una concreta estrategia jurídica y comercial de la compañía, el tribunal ha rectificado y ha pedido a Pepsi Cola y Schweppes, entidades a las que dio traslado de la documentación, que la devuelvan y no la utilicen para basar o argumentar ninguna de sus alegaciones en el proceso.

 

 

 

El nuevo incidente legal ha vuelto a ampliar en unos días el plazo que tiene ahora el tribunal para decidir sobre si efectivamente Coca-Cola tiene razón y los papeles que le exige Competencia tienen carácter secreto desde el punto de vista jurídico o, por el contrario, es Economía la que finalmente verá sus tesis -refrendadas ya por un dictamen de los servicios jurídicos del Estado- aceptadas.

 

 

 

En este punto, los dos contendientes muestran ya evidentes síntomas de cansancio. Todos quieren que se aclare la interpretación legal en la que se ha enredado el proceso y desean que de una forma rápida el nuevo instructor del caso sustancie el pliego de cargos, algo que todo el mundo da por sentado que habrá, y sea ya el tribunal el que comience el análisis del conflicto.