El Gobierno Bush defiende el pacto con Microsoft ante la juez
Philip Beck, abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo ayer ante la juez del caso Microsoft, Collen Kollar-Kotelly, que el pacto al que llegó el Gobierno de George Bush con la empresa de Bill Gates es lo mejor que se puede conseguir en el actual contencioso sobre las presuntas prácticas monopolísticas de la empresa. Según este abogado, el acuerdo va más allá de lo que se podría lograr si el caso sigue en los tribunales.
En el primero de los dos días de audiencias ante la juez, la extraña pareja que forman el Gobierno y Microsoft defendieron el acuerdo al que llegaron en noviembre del año pasado cuando ambas partes estaban en distinto bando. Según los representantes del Departamento de Justicia, el acuerdo es consistente con el interés público a pesar de las objeciones de los fiscales generales de nueve de los Estados que demandaron a Microsoft y que buscan sanciones más duras contra la empresa de Gates.
Según Beck, este acuerdo ¢va mucho más allá de lo que se podría obtener de Microsoft si el asunto continúa en los tribunales¢. De momento, las posibles prácticas monopolísticas de Microsoft llevan bajo la investigación de la justicia algo más de cuatro años. A pesar de la rotundidad de su argumento, Beck no obtuvo ninguna indicación de la juez sobre su argumento, que tiene tres opciones: aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.
Estas dos últimas opciones son las defendidas por los fiscales de los nueve Estados (California, Massachusetts e Iowa entre otros) que se opusieron a la firma de este acuerdo que, sin embargo, fue aceptado por otros nueve Estados. Los representantes de los disidentes con el acuerdo consideran, al contrario de lo que expuso ayer Beck, que éste establece provisiones muy débiles que finalmente benefician a la empresa de software. Algunos expertos legales consideran que la juez forzará algunas modificaciones al pacto.
Precisamente fue la juez la que puso al Gobierno y a Microsoft a trabajar sobre el acuerdo ahora cuestionado una vez que se dio por probado que la compañía protegía su sistema operativo Windows ilegalmente de otras empresas de software.
Según el acuerdo de noviembre, los fabricantes de ordenadores personales tendrían más libertad para introducir programas de otras empresas en las máquinas que vendan. Además, se establece que Microsoft comparta con algunos de sus competidores parte de su tecnología utilizada en Win-dows.
Microsoft ya ha expuesto sus argumentos, entre los que destaca que la empresa tiene prisa por dar carpetazo al juicio porque ha representado una gran pérdida de recursos para la compañía. John Warden, abogado de la empresa, manifestó que con el acuerdo no sólo se han ¢solucionado los 12 puntos más controvertidos de su política, sino que ha ido más allá¢.
Según Warden, abrir el código fuente a otros fabricantes, que es lo que quieren los fiscales de los Estados opuestos al acuerdo, es dar a competidores como SBC Communications o AOL Time Warner el derecho de ¢rediseñar los productos de Microsoft y confiscar su propiedad intelectual¢.
Warden explicó que la empresa quiere cerrar cuanto antes el proceso porque está suponiendo un coste humano y monetario muy alto en la empresa. ¢Queremos que la gente de Microsoft vuelva a trabajar en su negocio¢, dijo.
A la espera de lo que pueda decidir la juez, se prevé que haya otras comparecencias en las que los Estados disidentes van a solicitar sanciones y provisiones más duras contra Microsoft.
La empresa de Gates solicitó el martes por la noche dos semanas más para preparar estas comparecencias después de que los Estados aclararan algunas de sus demandas a la compañía de software. Entre ellas figura la obligación de hacer una versión de Windows menos provista de programas para que sus competidores puedan introducir su software en este sistema operativo, que funciona en el 90% de los ordenadores personales.