El parón de los híper
El gran comercio está comenzando a lanzar la voz de alarma sobre el peligro que se cierne para el desarrollo de sus inversiones en España. Las empresas se quejan de que las múltiples trabas administrativas con que se topan les están obligando a retrasar, cuando no a congelar, proyectos de inversión que están en marcha. Las diversas licencias y los permisos (municipales y autonómicos) que se requieren para que se dé vía libre a un nuevo establecimiento van a provocar, según aseguran esas empresas, que al menos media docena de proyectos previstos para los próximos meses no vean la luz en la fecha prevista. Y eso tiene especial trascendencia si se considera que este año los grandes centros comerciales tenían previsto un presupuesto de inversión inicial de 480 millones de euros en nuevos hipermercados.
Las críticas de las empresas del sector se producen, además, en el contexto de una legislación tremendamente compleja, confusa y polémica. La apertura de domingos y festivos, que varía en función de la comunidad autónoma que legisle, es el ejemplo más llamativo de este auténtico galimatías. Es más, en este tema en concreto, por no ponerse no se ponen de acuerdo ni los empresarios. Hay quien defiende la libertad absoluta de horarios y quien mantiene que es una medida antieconómica.
Las quejas de los empresarios del gran comercio, sin embargo, también han de leerse con matices. Desde las Administraciones públicas se mantiene que España está en la parte alta de la lista de centros comerciales abiertos y que hay países como Francia, de donde son originarias Carrefour o Alcampo, en los que la apertura de hipermercados está prácticamente bajo mínimos. Evitar que la saturación de centros comerciales mine la posición de los pequeños empresarios es una de las razones esgrimidas por algunos partidos políticos y Gobiernos de comunidades autónomas para vigilar y, en algunos casos, prohibir las hipotéticas nuevas aperturas.
Armonizar ambas posiciones parece misión imposible. No obstante, sería deseable que las Administraciones hagan esfuerzos para lograr una legislación lo más armónica, atractiva y conciliadora posible, con el fin de que las inversiones tengan acomodo en España y no escapen hacia otros países en los que les sea más sencillo asentarse.