"Si se reduce la temporalidad con garantías puede abaratarse el despido"

Es presidente del Consejo Económico y Social desde finales de 2001 y pretende aumentar el peso de este organismo consultivo del Estado. Firme partidario de la concertación social, ve posibilidades de rebajar el coste del despido si se logra atajar el abuso de los contratos temporales.

Jaime Montalvo nació en Madrid y cumplirá 60 años en noviembre. Es catedrático de Derecho del Trabajo y ha desarrollado casi toda su vida profesional en el mundo universitario y se le nota. Militó en el PSOE y en UGT a principios de los años setenta. En abril de 1999 fue elegido rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cargo que abandonó en noviembre de 2001 para presidir del Consejo Económico y Social (CES).

Pregunta. ¿Qué es lo primero que quiere cambiar en el CES?

Respuesta. En ocho años el CES ha obtenido un evidente reconocimiento social y cierta autoridad en el ámbito institucional, pero todavía tiene mucho recorrido. Sobre todo a la hora de facilitar el consenso entre los agentes sociales y realización de informes. Pero en esta etapa tiene que convertirse en una referencia obligada.

P. ¿Es necesario cambiar el reglamento del CES para darle más poder coercitivo?

R. La finalidad del Consejo no debe ser dejar fuera a nadie, sino colaborar en que la toma de decisión política que hay detrás de una norma tenga el mejor asesoramiento. Pero, dicho esto, debemos fomentar más los informes a iniciativa propia.

P. ¿Sobré qué temas pretende que el CES elabore los próximos informes?

R. Pues, por ejemplo, sobre cómo hay que afrontar la cuestión de los movimientos migratorios en Europa, porque estamos improvisando con hopalandas más o menos progres pero con gran ligereza. Otros asuntos a analizar por el CES podrían ser el sistema de pensiones, la armonización de las políticas fiscales en la UE; la reforma del sistema de desempleo.

P. Empresarios y sindicatos firmaron en la sede del CES el último acuerdo de negociación colectiva, ¿qué opina de este acuerdo?

R. Es importantísimo y moderno desde su significación económica y política. Los agentes sociales son los primeros que se han comprometido a poner coto al deterioro de la situación económica, asumiendo políticas de moderación salarial absolutamente admirables. Además, ha sido un acuerdo cargado de legitimidad del papel de la autonomía colectiva para ordenar su propio ámbito. Hubo discrepancias con algún sector del propio Gobierno y la respuesta ha sido modélica y ha vuelto a sentar a la mesa a todos los agentes principales.

P. ¿Estima necesaria la reforma legal de la negociación colectiva?

R. La negociación colectiva de hoy no es la de hace 30 años. Hay cambios importantes en los contenidos y en las cláusulas de descuelgue y otras que tienden a flexibilizar la estructura de la negociación. Pero, aunque sea mejorable, no se puede ser muy voluntarista y pensar que la ley lo puede todo. Lo que debe revisarse son las prácticas de los agentes sociales, no la ley.

P. ¿Cree que es posible que empresarios y sindicatos fragüen en el seno del CES la reforma legal de los convenios?

R. Es difícil, porque el CES no es el marco del diálogo social, aunque sirva para crear pautas de consenso.

P. En cualquier caso, ¿está ya madura la regulación del mercado laboral tras las últimas reformas, o hay que darle otra vuelta de tuerca?

R. Las normas del mercado tienen que estar cambiando constantemente. Hay que reeducar nuestro mercado de trabajo para superar el gran grado de temporalidad, que es la mayor lacra en términos sociales y económicos.

P. Sin embargo, ¿desde 1997 se ha rebajado el coste del despido y de la contratación y la temporalidad se mantiene igual?

R. Sí. En un momento se pensó que la contratación temporal era una alternativa al desempleo preferida incluso por los sindicatos antes que rebajar el coste del despido, y ahora esa cultura generada entonces es muy difícil de reconducirla.

P. Entonces, ¿cree que el mercado laboral español debe pagar algún precio, como una nueva rebaja del coste del despido, para atajar la temporalidad?

R. Pues si se establecen mecanismos eficaces, incluso normativos, que estimulen la contratación fija, y no sólo por vía de subvenciones, un tema que puede abordarse, sin duda, es la rebaja del coste del despido.

P. ¿Y qué tipo de incentivos legales y no económicos para fomentar la estabilidad se le ocurren?

R. Pues, por ejemplo, diferenciar más el coste de las propias cotizaciones sociales de los contratos temporales y los fijos; porque el trabajador con contrato temporal genera más gastos al sistema de protección social que el trabajador fijo. Todo esto sin ignorar que hay muchas situaciones que justifican un contrato temporal.

"Estimular las pensiones privadas, pero sin agobios"

 

Uno de los temas más candentes de la agenda social es el eterno debate sobe si el sistema público de pensiones es viable a medio y largo plazo. Jaime Montalvo lo tiene muy claro y lo defiende vehementemente: ¢Las pensiones están absolutamente garantizadas. En este momento, si se sigue actuando con prudencia, el sistema de reparto es perfectamente viable. Si nuestro PIB crece un 2,5% al año y el número de pensiones aumenta un 1,5%, nuestra sociedad podrá pagar las pensiones sin problemas¢, asegura.

Y si esa previsión de crecimiento falla... ¢En ese caso habrá que ser muy prudente en el crecimiento de la cuantía de las pensiones. Siempre hay que administrarse en función de lo que podamos, pero de ahí a decir que el sistema está en quiebra, cuando en los últimos años el superávit de la Seguridad Social está financiando una parte estimable de déficit público, son ganas de angustiarnos¢, asegura.

 

No obstante, admite la necesidad de fomentar los fondos y planes privados de pensiones, si bien Montalvo matiza tajantemente que ¢es grotesco hablar de pensiones privadas complementarias en personas que no llegan a fin de mes¢.

¢El que pueda ahorrar, que ahorre; pero no se pueden crear angustias y agobios a los mayores de 50 años que no han ahorrado diciéndoles que se van a quedar sin pensión. Las pensiones están garantizadas no sólo hasta 2015 (como prevé el Gobierno), sino hasta 2025 o más¢, concluye Montalvo.