El reciclado de electrodomésticos costará 1.000 millones al año
La directiva que obligará a los fabricantes de electrodomésticos a reciclar sus productos supera hoy otro trámite legislativo. El Parlamento Europeo votará un texto con el que discrepan el sector afectado, los ecologistas y los propios consumidores. La factura final por retirar del mercado un millón y medio de toneladas de aparatos usados al año ascenderá a 1.000 millones de euros. La financiación de ese objetivo enfrenta a las partes.
Rara vez coinciden los intereses de la industria con la agenda de las organizaciones no gubernamentales o de los grupos de defensa del consumidor. Pero la directiva sobre gestión de residuos eléctricos y electrónicos ha merecido un comunicado en contra en el que junto a las previsibles quejas de Electrolux, Apple, Hewlett-Packard o Ikea aparecen las firmas de la Oficina Europea de Medio Ambiente (BEE, en sus siglas en francés) y la Oficina Europea de Organizaciones de Consumidores.
Todos coinciden en que el proyecto de ley vulnera el principio fundamental, plasmado en el Tratado de la UE, de que 'quien contamina, paga'. El texto pactado por los 15 Estados miembros impone que los fabricantes asuman el coste de la retirada y reciclado no sólo de sus productos, sino también de cualquier desecho difícil de identificar o colocado en el mercado por una empresa ya desaparecida. El sector deberá crear para ello un fondo común de financiación.
El Parlamento Europeo -cuya Comisión de Medio Ambiente vota hoy un borrador del informe sobre el proyecto- se decanta, en cambio, por fomentar la responsabilidad individual de cada operador, que debería hacerse cargo sólo de los aparatos de sus propias marcas. Cada fabricante garantizará el reciclado en el momento mismo de la comercialización, bien con un fondo propio, bien con un seguro a largo plazo.
La nueva ley busca recoger y reciclar cuatro kilos por habitante y año. Objetivo tímido, según los ecologistas, pues dejará abandonados más de cuatro millones de toneladas de electrodomésticos y ordenadores. La media de vida de un ordenador apenas llega ya a cuatro años.
La iniciativa corre el riesgo, además, de minar la credibilidad de la política medioambiental de la UE, dada su difícil aplicación. 'No podemos tener normas y no tener controles', afirma Viktor Sundberg, director de Electrolux para asuntos europeos. Roberto Ferrigno, director de BEE, advierte: 'Si esta ley fracasa, será un auténtico desastre'.
La factura, según la Comisión Europea, ascenderá a unos 1.000 millones de euros anuales (166.386 millones de pesetas). El coste por aparato se sitúa entre el 1% y el 3% de su precio de venta al público. Pero la ley puede generar más de 10.000 puestos de trabajo en una industria paralela de reciclado.