La ley contra la contaminación revolucionará la industria
La Ley de Prevención y Control de la Contaminación, cuyo trámite parlamentario ya está en marcha, revolucionará el tejido industrial español, ya que obliga a realizar inversiones por importe de 6.000 millones de euros (un billón de pesetas) para lograr una rebaja del 3% en las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, en el horizonte del año 2007. Asimismo, afectará a las Administraciones públicas que se comprometen a garantizar una mayor agilidad a la hora de dar los permisos.
La Ley de Prevención y Control de la Contaminación representa ¢la norma ambiental más importante de últimos años¢, en opinión del ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. La industria coincide con esta afirmación, ya que su esfuerzo para lograr rebajar el 3% las emisiones pasa por inversiones de 6.000 millones de euros (un billón de pesetas).
En España, existen 4.000 centros afectados, con Cataluña en primer lugar de la clasificación. El sector más contaminante es el agroalimentario, seguido del químico, del mineral y del cerámico. Paralelamente, las empresas afectadas son aquellas relacionadas con las instalaciones de combustión, las industrias minerales, la gestión de los residuos, la producción y transformación de metales, la industria química. Asimismo, figuran otras actividades como la fabricación de pasta de papel y cartón, el curtido de los cueros, el tratamiento de fibras textiles, los mataderos, la transformación de leche, la cría de aves y el tratamiento de la superficie.
Para lograr un control efectivo de la contaminación, las Administraciones se comprometen a actuar con celeridad y a poner en marcha nuevos instrumentos. La norma impondrá la autorización ambiental integrada que coordina los permisos anteriores, que darán lugar a la instauración de una ventanilla ambiental única. Esta autorización tendrá una vigencia máxima de ocho años y requerirá renovaciones.
Mayor agilidad
El permiso corresponderá a la comunidad autónoma donde se ubique la instalación. El plazo de contestación será de 10 meses, lo que acortará significativamente la toma de las decisiones frente a los largos periodos actuales de espera. No obstante, no habrá valores límites a las emisiones en el mundo, sino que cada comunidad autónoma determinará su baremo en función del sector, la localización de la industrial, la antigüedad y la viabilidad económica.
La norma cuenta con un régimen sancionador que establece multas que van desde los 200.001 euros (33 millones de pesetas) hasta los 2 millones de euros (332 millones de pesetas) en función de que la infracción sea leve, grave o muy grave.
La industria se juega la posibilidad de que su nombre aparezca en un registro público de empresas contaminantes, donde figurarán el nivel y los tipos de emisiones y vertidos y que será público.
Paralelamente, el Gobierno ha avanzado ya su intención de mantener los incentivos fiscales para que las empresas respeten el medio ambiente. Actualmente, cuentan con un una desgravación fiscal del 10% en el impuesto de sociedades por todas aquellas inversiones en tecnología que permitan rebajar la polución.
La ley ha iniciado ya su trámite parlamentario y estará aprobada antes del verano, aunque con dos años de retraso con respecto al calendario fijado por la UE. Su elaboración ha estado rodeada de polémica y su tramitación en el Parlamento europeo enfrentó a las áreas de medio ambiente y de industria. La primera pretendía mayor rigidez en los compromisos, mientras que la segunda buscaba una mayor suavidad para no dañar la competitividad empresarial.
De momento, en España, el Grupo Socialista ha presentado ya 32 enmiendas parciales al proyecto de ley, mientras que Izquierda Unida planteó una enmienda de devolución del proyecto que fue rechazada por el Congreso. Ahora, el Senado tiene la palabra.