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MEDIO AMBIENTE

España lleva un retraso de dos años en la reducción de contaminantes

España lleva una demora de dos años en la aplicación de la directiva europea aprobada en 1996, relativa a la prevención y reducción de la contaminación procedente de actividades industriales, según Mikel Garay, de la consultoría PricewaterhouseCoopers. El Gobierno ha iniciado un proyecto de desarrollo sostenible y ha acordado con la CEOE impulsar un modelo que reduzca los costes medioambientales.

España no cumple con los plazos exigidos en la transposición de la directiva europea de 1996 relativa a la prevención y reducción de la contaminación procedente de las empresas. Mikel Garay, responsable de la auditoría de negocio de PricewaterhouseCoopers, dice que España "lleva dos años de retraso en la aplicación de esta normativa". æpermil;sta tiene como fin evitar o, en su caso, reducir las emisiones de las empresas tanto en la atmósfera, como en el agua.

Pero esta demora no es exclusiva de España. Otros países de la Unión Europea tampoco cumplen los plazos impuestos "debido", según Ga-ray, "a la complejidad que supone el cumplimiento de las medidas exigidas por la UE". æpermil;sta considera de máxima urgencia que los Gobiernos unan sus agendas de economía y medio ambiente en el programa de desarrollo sostenible, como los vienen haciendo ocho países comunitarios. El objetivo de la directiva es "alcanzar un nivel de desarrollo capaz de responder a las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras".

A juicio de los consultores, la puesta en marcha de esta normativa supondrá un aumento del presupuesto que las empresas dedican a la gestión medioambiental, ya que la directiva impone la utilización de las mejores tecnologías. "Todo es necesario para prevenir la contaminación procedente de la produc-ción industrial", señalan.

Esta llamada de atención de la Unión Europea y, quizá, el turno de la presidencia española de la UE en el próximo año hayan propiciado la repentina prisa del Gobierno por crear las directrices de un programa de desarrollo sostenible. España ha iniciado su trayectoria con la puesta en marcha de un plan, que el Gobierno inició en primavera y que concluirá el año próximo.

A través del citado plan se pretende "conciliar el crecimiento económico con la protección de los recursos naturales". El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, anunció, además, dentro del citado programa, la creación de una comisión interministerial de coordinación en el seno de la Consejería de Asun-tos Económicos.

Otras de las medidas gubernamentales destinadas a medir el impacto medioambiental ha sido la recogida de datos de las empresas. A través del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Medio Ambiente ha repartido encuestas entre las compañías españolas "con el objetivo de extraer todos los datos estadísticos de las presiones que los negocios ejercen sobre los recursos naturales, con el objetivo de corregirlas y reducirlas", dicen en el INE.

Mediante un largo cuestionario que se está enviando a las empresas, el Ministerio de Medio Ambiente pretende conocer los datos exactos del suministro y tratamiento de aguas, la generación y recogida de residuos y la inversión en equipos de instalaciones para la protección del medio ambiente".

Para impulsar precisamente un modelo económico que incluya los parámetros necesarios para medir ese impacto medioambiental, el presidente de la CEOE, José María Cuevas, y Jaume Matas firmaron hace unos días un acuerdo de colaboración. Con él se pretende establecer ayudas fiscales y financieras para cumplir esos objetivos.

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