La UE inicia el camino hacia la creación de una única autoridad bursátil europea

La integración de los mercados bursátiles europeos en 2003 y de los financieros en 2005 parecen objetivos realizables. El Parlamento Europeo aceptó ayer el modelo de legislación rápida diseñado hace un año por Alexandre Lamfalussy, que permite al Comité de Valores europeo afinar la legislación bursátil. El viejo profesor augura que su método de trabajo abocará no sólo a un mercado único, sino también a una autoridad bursátil europea similar a la de EE UU.

Los 12 meses transcurridos desde la presentación del informe Lamfalussy hasta su adopción final, ayer a mediodía, han demostrado que la velocidad de transformación de los mercados desborda con creces, como denunció el profesor belga, el ritmo de actuación de las instituciones europeas.

El 15 de febrero de 2001, el comité de sabios presidido por Lamfalussy advertía que, de no seguirse sus recomendaciones, la UE debería crear urgentemente una autoridad bursátil única. Lamfalussy proponía, como alternativa, un modelo de legislación muy rápido que intente seguir el paso de los mercados.

En éste, un Comité de Valores europeo redactaría la legislación de segundo nivel, es decir, los aspectos técnicos de las leyes, que serían aprobados sin tener que pasar todos los trámites europeos, como las directivas. 'No coartando la evolución de los mercados, sino siguiéndola muy de cerca', afirmaba el informe en el que participó Luis Ángel Rojo, ex gobernador del Banco de España.

Las instituciones europeas (Comisión, Consejo y Parlamento) han tardado casi un año en digerir la revolucionaria propuesta. Pero el propio Lamfalussy cree ahora que también la adopción de su informe conducirá inexorablemente a un regulador europeo. 'Tanto si nuestro informe se impone como si fracasa, el resultado final parece que será un regulador europeo', auguraba Lamfalussy a finales del 2001 en conversación con este diario.

El espectro de la Securities Exchange Commission, el vigilante del mercado estadounidense, vuelve a flotar en el ambiente, para desgracia de los países como Francia o Reino Unido que se niegan a su creación. 'Pero al final', tranquilizaba el profesor, 'no antes de algunos años'.

Armonización urgente

Antes, se deberán armonizar todas las normas bursátiles en Europa para que su aplicación pueda evaluarse con criterios idénticos. En esa labor incide directamente el modelo legislativo aprobado ayer. En juego estaban las competencias de los dos comités que la Comisión ha creado como consecuencia del informe Lamfalussy.

El comité de valores, en el que se encuentran representados los 15 Gobiernos de la Unión, se encargará de interpretar las directivas y reglamentos europeos para que se ajusten a la realidad bursátil en todo momento.

Para ello, los textos legislativos sentarán principios generales, cuya letra pequeña afinará el comité cuando sea necesario. En esa labor se encontrará asistido por otro comité, en el que se sienta un representante de las comisiones nacionales de mercados de valores de cada país.

El Parlamento Europeo aceptaba ese planteamiento general, consciente de que con el método legislativo actual (casi cuatro años de tramitación) el resultado final son textos obsoletos pensados para una realidad que ya no existe. Pero la Eurocámara desconfía de la falta de trasparencia con la que pueden operar los dos comités y teme que con la excusa de la agilidad se vulnere el control democrático del proceso.

Finalmente, y en aras de la integración bursátil, el Parlamento ha renunciado a un control exhaustivo de la futura regulación. Pero el europarlamentario popular Íñigo Méndez de Vigo advirtió que no se trata de un 'cheque en blanco'.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, se comprometió en una declaración solemne leída ante el hemiciclo a que el modelo Lamfalussy no siente un precedente para esquivar el control democrático del Parlamento. Y Bruselas promete que defenderá, en el próximo Tratado de la UE, la equiparación del derecho de veto de la Eurocámara con el que disfrutan los Estados miembros en el terreno bursátil.

Así, la Comisión aceptó ayer limitar a cuatro años la delegación de poderes a los comités de valores y reguladores europeos. Después de ese periodo, sin cuestionar las decisiones que ya se hayan adoptado, el Parlamento deberá renovar la concesión.

La Eurocámara dispondrá, además, de un plazo de tres meses para escrutar las decisiones del comité de valores, aunque no ha conseguido el derecho de veto sobre las mismas. El comité ni siquiera tendrá que respetar ese plazo, si considera que la urgencia exige un periodo de consultas más corto.

'Nos complace ver que todas las instituciones han optado finalmente por un enfoque pragmático', celebró el acuerdo Philippe de Buck, secretario general de la patronal europea Unice.

Una tribuna abarrotada canta el éxito de Lamfalussy

 

 

Pocas veces la tribuna de prensa del Parlamento Europeo aparece tan atestada. El presidente de la Eurocámara, el irlandés Pat Cox; el de la Comisión Europea, Romano Prodi; el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein; el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Ramón de Miguel, en representación de la presidencia española de la UE, y hasta el ponente parlamentario, Karl von Wogau se encaramaron al estrado para celebrar al unísono la adopción de un nuevo método de legislación comunitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerradas las heridas del rifirrafe institucional que durante un año ha secuestrado el revolucionario procedimiento propuesto por Alexandre Lamfalussy, nadie pareció asumir la responsabilidad del retraso. Quizá, como resaltara el liberal Carles Gasòliba durante el debate parlamentario, fueron conscientes de que urge 'ponerse a trabajar'.

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la mesa de trabajo figuran ya los proyectos para crear un modelo europeo de folleto de oferta pública de acciones y para armonizar el control de la información privilegiada en los mercados. Ambos textos, sin embargo, han disparado las iras de algunos sectores afectados, por lo que consideran una ausencia total de consulta por parte de la Comisión Europea.

 

 

 

 

 

 

 

En el primer texto, las pequeñas y medianas empresas temen que las exigencias previstas las excluyan de los mercados bursátiles. El segundo, amenaza la labor informativa al convertir una errata en un intento de manipular el valor de una acción.