Empleo, un salto de 4 años
El Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzará a publicar, desde este primer trimestre de 2002, la evolución del empleo en España con una serie de cambios que modifican profundamente los agregados del mercado de trabajo. El impacto de la nueva estadística se traducirá en que España, de repente, va a tener 900.000 activos más, 1,2 millones de ocupados adicionales y cerca de 350.000 desempleados menos. El cambio se va a reflejar también en que la población activa va a superar el 53% del total, en que habrá más de 16 millones de puestos de trabajo. El número de los que buscan empleo se reducirá de 2,28 a 1,8 millones, el 10,25% del total de los activos. En resumen, España se acerca a los estándares europeos, pese a que siga portando el farolillo rojo en materia de tasa de paro.
Los nuevos baremos para evaluar el mercado de trabajo son consecuencia de la homogeneización europea y acaso más razonables para medir una realidad que se hacía difícilmente asumible cuando, hace 20 años, la estadística reflejaba que había un 25% de parados y el país no estallaba en pedazos. Pero el ajuste desborda las mejores previsiones del Gobierno. Si el escenario macroeconómico contemplaba crear un millón de empleos entre éste y los tres próximos años, y reducir la tasa de desempleo sobre activos hasta el 10,3% en el umbral de 2005, esa meta ya está conseguida de antemano. La nueva encuesta de población activa (EPA) hace aflorar 1,2 millones de ocupados y rebaja la tasa de paro de 2001 al 10,25%. Lo cual no debe dejar manos libres al Gobierno, porque el desempleo sigue siendo el gran problema.
Tres son los cambios importantes de la nueva encuesta. El INE incorpora las nuevas estimaciones de población, que ha experimentado un crecimiento importante los últimos años como consecuencia de la entrada masiva de inmigrantes. Además, repondera y eleva el peso de los grupos de edad supuestamente infrarrepresentados en la muestra de la antigua EPA, en especial los grupos de población de entre 25 y 49 años, justo la franja más numerosa del flujo de extranjeros. Y, por último, modifica los criterios para la catalogación de parado, de forma que pasa a excluir como tal a quien está inscrito en las oficinas del Inem pero no busca activamente empleo. Con esta modificación dejarán de engrosar las cifras de desempleo, por ejemplo, centenares de miles de mujeres de edad madura cuyo activismo laboral termina en la primera inscripción en las listas de parados. Las dos primeras modificaciones no admiten réplica. Pero no ocurre lo mismo con la tercera, a la que se opuso España, junto a Francia y Suecia, ante las instituciones comunitarias, por considerar que sesgaría en exceso la realidad social del país. Determinados analistas han apuntado que esta medida, impuesta por Bruselas para toda la Unión Europea desde el pasado enero, estaba pensada para España y sugerida por el propio Gobierno.
Sea cual sea el origen de esta disposición que recorta el desempleo también en Francia o Alemania, el Instituto Nacional de Empleo lleva años predicando sobre la conveniencia de exigir más movilidad a los parados, aunque nunca ha pasado a la acción. Hasta ahora, se ha dedicado a dar las cifras de los que buscan empleo, renovar su demanda cada tres meses y pagar las prestaciones a un millón de perceptores del subsidio. Y sólo en los últimos años ha buscado alguna salida al colectivo con mayores problemas para encontrar empleo, los mayores de 45 años sin formación.
La pequeña revolución en las cifras de empleo (más de 16 millones de ocupados, una cifra superior por primera vez a la del número de afiliados a la Seguridad Social) obliga a revisar al alza la cuantía del producto interior bruto en la Contabilidad Nacional, un reajuste que se culminará a finales de 2003, aunque el desfase comenzará a aflorar ya este año. Este hecho, de conservarse la producción por ocupado, supone que la renta nacional per cápita se incrementará notablemente, con las consiguientes consecuencias sobre financiación comunitaria. Además, el efecto sobre las regiones fuerza también a un ajuste en infinidad de partidas presupuestarias indizadas con la tasa de paro.