La limpia del dinero electoral
En un rápido barrido por 70 cadenas de televisión se puede comprobar que al menos en 10 de ellas se habla a la vez y a cualquier hora del día del caso Enron. Debates con especialistas, entre ciudadanos, noticias de última hora, análisis, explicaciones, comparecencias ante el Congreso, etcétera. La debacle de la empresa tejana ha desplazado de primera línea informativa la campaña bélica en Afganistán.
Los efectos de la crisis empresarial de mayor alcance que se recuerda en este país no se han quedado en la sede de Andersen, las instituciones financieras y Wall Street, sino que han llegado al Capitolio y la Casa Blanca. Y es que si la confianza de los inversores en las empresas hace aguas, los americanos, como votantes, se preguntan si los congresistas serán capaces de encontrar responsabilidades. La duda la alimenta el hecho de que de los 248 de los que investigan la caída de Enron en algunas de las comisiones, 212 recibieron donaciones de Enron y Andersen para sus campañas. Aunque han sido los republicanos los que más han recibido, la pregunta ya no es ¿quién debería inhibirse? sino ¿quién no?
Con la perspectiva de unas elecciones parciales al Congreso este año y semejante ambiente éste se ha considerado el mejor momento para entrar en las procelosas aguas del dinero electoral. El jueves, los que abogan por la reforma consiguieron las 218 firmas necesarias para incluir el tema en la agenda de debates.
Es la ley Shays-Meehan, que ya fue aprobada por el Senado y que constituye uno de tantos asuntos que han quedado en el trastero tras el 11 de septiembre. El primer debate se celebrará el 11 de febrero y nadie puede mostrar su desacuerdo abiertamente porque como decía el republicano Martin Meehan (uno de los promotores del proyecto), 'el caso Enron es un ejemplo clásico de cómo las donaciones compran influencia para las compañías y minan la confianza en nuestra democracia'.
Las donaciones, un chorro de dinero ilimitado aportado por influyentes empresas o ciudadanos con recursos, es la clave de la reforma. El Senado aprobó en primavera la prohibición de este tipo de contribuciones en las elecciones a nivel nacional, aunque lo permitía, con limitaciones, en las locales.
Hasta dónde estén dispuestos a llegar en la reforma, es algo que habrá que esperar para ver. Algunos analistas advierten que el proyecto puede verse vaciado por enmiendas aunque cara al público el trabajo quede hecho. El fin de los lobbies no está claro y ninguna reforma parcial va a acabar con un sistema que cada vez más se percibe como corrupto y para el que se pide una completa revisión. Para algunos, el proyecto Shays-Meehan es poner puertas al campo.
El problema es que la falta de una verdadera financiación pública de las campañas (con excepción de algunos estados) y el cada vez mayor coste de éstas no dejan alternativas. Según el diario Washington Post, un candidato al Senado necesitó el equivalente a 6,67 millones de euros de media en 2000. Para la Cámara baja no basta con un millón y pico. Las empresas, los sindicatos y los influyentes hombres y mujeres de negocios son todo un apoyo. Las crisis ayudan a medir la pureza del sistema, y Enron está mostrando cómo la credibilidad política es débil. Aporta una respuesta a la pregunta de por qué los ciudadanos acuden cada vez menos a las urnas.