Duhalde logra un pacto fiscal provisional con las provincias
Un día antes de la protesta nacional con cacerolas que tuvo lugar anoche, el Gobierno del presidente Eduardo Duhalde alcanzó un acuerdo provisional por tres meses con los Estados provinciales sobre el espinoso tema del reparto de los impuestos entre la nación y las provincias.
El consenso, punto decisivo para la elaboración y viabilidad del Presupuesto para 2002, supone un reconocimiento por parte de los gobernadores provinciales de que será necesario un serio ajuste del gasto público en sus Administraciones. Entre otras cuestiones, el principio de acuerdo implicaría la eliminación de la paga anual extraordinaria a los funcionarios de los gobiernos de provincias.
En la noche del jueves, los ministros de Economía de las provincias se reunieron con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para escuchar las exigencias de este organismo a cambio de facilitar una importante ayuda para que Argentina supere la catastrófica situación económica.
El Gobierno nacional se comprometió, a cambio de la aceptación provincial de un ajuste de 8.000 millones de pesos en el gasto público, a completar con bonos el tope de 1.364 millones de dólares (1.555 millones de euros) mensuales que reciben las provincias por su coparticipación de los impuestos recaudados. También se aseguró a los mandatarios provinciales que este año habrá 1.200 millones de pesos destinados a planes de empleo, un instrumento fundamental para contener la explosión social, aunque desde la Casa Rosada se insistía en que 'no había plata' para semejante proyecto.
Sin embargo, el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, aclaró que 'se acordó no bajar el nivel de la coparticipación federal después de los 90 días'. De esta manera, negó que vencido ese plazo las provincias tengan que arreglarse por su cuenta, sin la ayuda de la nación. Aseguró, asimismo, que tras ese periodo se acordó 'sacar una ley nacional y después, obviamente, hacer la reforma política para bajar el gasto'. Es decir, que lo conseguido por Duhalde supone tan sólo la paz con las provincias para los próximos tres meses.
Una paz que, sin embargo, no encuentra en el seno de su partido. El ex presidente Carlos Menem volvió a criticar al Gobierno por la devaluación del peso y por las restricciones bancarias. Las disputas en el seno del Gobierno impiden, a su vez, dar por sentadas las medidas de flexibilización, que eliminarían el corralito para ancianos y enfermos.
Mientras tanto, la cacerolada de anoche (madrugada en España) se presentaba como una seria amenaza para la estabilidad del Gobierno, que teme que una protesta masiva lo ponga contra las cuerdas. Se trataba, además, de la primera protesta social convocada con carácter nacional bajo la presidencia de Eduardo Duhalde. Fuerzas policiales y de la Gendarmería Nacional (cuerpo paramilitar) se aprestaban a tomar posiciones en la histórica Plaza de Mayo para impedir el ingreso de 'los violentos', dijeron fuentes oficiales.
La banca pide compensaciones al banco central
La Asociación de Bancos de Argentina (ABA), formada en su mayoría por entidades extranjeras, solicitó ayer formalmente al Banco Central que compense los desequilibrios financieros que provocará en sus balances tras la conversión a pesos de buena parte de los créditos otorgados por las entidades en dólares, cuando regía la paridad entre las dos monedas. El directorio ejecutivo de ABA está integrado por representantes del Citibank y del Bankboston (estadounidense); las filiales de SCH y BBVA, el Banco Río y el Banco Francés, respectivamente, y el Banco Galicia (argentino).
Según informa Europa Press, ABA envió ayer un documento al presidente de la autoridad monetaria, Mario Blajer, en el que proponen que el Banco Central otorgue redescuentos en pesos para compensarles por la pesificación de los pasivos.
Asimismo, los bancos plantean que el impuesto especial a las exportaciones de petróleo se utilice como garantía para la emisión de un bono redenominado en dólares, que serviría de compensación a las entidades por las pérdidas previstas. Fuentes de la asociación consideran que si no se aprueban medidas compensatorias, los bancos perderán más de 10.000 millones de dólares (11.400 millones de euros) con la devaluación y la reconversión de créditos.