El plan de Argentina impone duros costes a las empresas españolas
Un país quebrado. El Senado argentino aprobó ayer la Ley de Emergencia Pública, que ya había sancionado en la madrugada la Cámara de Diputados y que pone fin al régimen de convertibilidad instaurado en 1991. La norma otorga poderes especiales al Ejecutivo para concretar una devaluación del peso de entre el 30% y el 40%, y supone una revisión total de la política económica de la última década. La orientación dirigista y proteccionista choca de frente con los intereses de las empresas privatizadas y petroleras, muchas de capital español. EE UU no ha dado apoyo al plan. Hoy y mañana serán festivos en la banca para para permitir al ministro de Economía, Jorge Lenicov, anunciae las medidas concretas.
En menos de 48 horas, el esquema económico vigente en Argentina durante una década ha pasado a la historia. Una amplia mayoría de diputados y senadores otorgó su apoyo al proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, que incluye poderes especiales para que el gobierno del presidente Eduardo Duhalde tome, de manera discrecional, las medidas que considere convenientes dentro de la nueva orientación económica.
La demora en la reunión de ambas Cámaras el sábado por la mañana se debió a los fuertes choques internos dentro del peronismo, hegemónico en la nueva administración, así como a las presiones ejercidas por los diferentes sectores económicos en defensa de sus intereses. Las principales pugnas se centraron en las deudas en dólares, que más de cuatro millones de argentinos han contraído con los bancos, así como en el rechazo de las empresas privatizadas, fundamentalmente españolas, a la devaluación y desdolarización de las tarifas de los servicios públicos.
Finalmente, y a pesar de las desavenencias del sector peronista vinculado al ex presidente Carlos Menem, y a los gobernadores de las provincias de Córdoba, José Manuel de la Sota, y de Santa Fe, Carlos Reutemann, prevaleció el criterio de Duhalde y sus aliados. æpermil;stos optan por un curso económico proteccionista y tibiamente nacionalista. Frente a las propuestas de dolarización y de defensa de los capitales extranjeros de sus opositores internos, Duhalde ha logrado disciplinar a su partido y ha hecho votar un programa económico que hace recaer la crisis sobre el sector petrolero, las firmas privatizadas y, en menor medida, la banca.
Las claves del plan
Así, quien haya pedido créditos hipotecarios para la primera vivienda, para compra de automóviles o préstamos personales verán convertida esa deuda en pesos, con una paridad del peso uno a uno con el dólar. Se ha establecido un límite máximo de 100.000 dólares. De esta manera, la devaluación de la moneda, que se prevé será de entre el 30% y el 40% y llevará el tipo de cambio con el dólar a 1,35 ó 1,40 pesos, no repercutirá sobre esos deudores.
Se establecerá un mercado de divisas oficial y otro libre, que regirá para todas las operaciones excepto el comercio exterior. Importaciones y exportaciones serán las únicas operaciones que se realizarán bajo la cotización del mercado oficial. Esto supone, según los analistas, que el tipo de cambio libre subirá bien por encima del oficial, retrotrayendo a Argentina muchos años atrás.
Para compensar las pérdidas que sufrirán los bancos con esta medida, destinada a evitar una nueva sublevación popular que amenazaba al nuevo gobierno, se establecerá un impuesto especial por cinco años de duración sobre las exportaciones de las compañías petroleras, fundamentalmente Repsol YPF y la nacional Pérez Companc. En fuentes financieras se estima que el coste para los bancos será de 8.000 millones de dólares (unos 8.800 millones de euros), en tanto que lo que el Estado pueda recaudar del impuesto a las petroleras en esos cinco años podría ascender, como máximo y en el caso de que el porcentaje de la retención se eleve al 40%, sería de 5.000 millones de dólares (5.500 millones de euros). La incógnita es cómo se cubrirá la diferencia compensatoria.
El otro elemento central del nuevo esquema es la transformación en pesos de los precios de los servicios públicos que prestan las empresas privatizadas de telefonía, agua, gas y electricidad, en las que la mayoría de capitales pertenecen a empresas españolas. Al mismo tiempo que se abandona la denominación en dólares de esas tarifas, se deja sin efecto la actualización de las mismas de acuerdo al IPC de Estados Unidos. Esta medida, en la nueva situación, podría favorecer a compañías como Endesa, Telefónica, Gas Natural y Aguas de Barcelona, las principales inversoras en Argentina. Sin embargo, al prohibir la indexación (actualización) de los precios por el índice de inflación o la variación de costos, esas firmas podrían verse en una situación complicada.
El presidente Duhalde y su ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, rechazaron enfáticamente los pedidos que, telefónicamente, hicieron José María Aznar y Rodrigo Rato, para que las medidas no afecten a las empresas de España, que han invertido casi 40.000 millones de dólares (unos 44.000 millones de euros) en el país en la última década. Luego de negarse a recibir en sus despachos al presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, y a otros ejecutivos españoles y argentinos de empresas de servicios públicos, Duhalde y Remes conversaron con sus colegas españoles en conferencias que fuentes oficiales calificaron como "tensas y difíciles".
Para hoy y mañana se ha dispuesto la extensión del día festivo vigente vigente parcialmente en la banca, para dar tiempo a que el gobierno anuncie el porcentaje de devaluación y las nuevas normas vigentes. Una nueva y conflictiva era económica ha comenzado.
Los interrogantes que plantea el nuevo plan
La devaluación del peso, la reestructuración de las deudas bancarias y el control de precios de insumos, bienes y servicios básicos, incluidos en la Ley de Emergencia Pública aprobada por los legisladores argentinos, abren muchos interrogantes sobre el futuro económico.
El Gobierno de Duhalde ha optado por un programa que da prioridad a evitar una nueva marea de protestas populares. De allí su decisión sobre las deudas hipotecarias y personales o las tarifas de los servicios públicos.
Sin embargo, la ley no dice nada sobre la vigencia de la congelación de los depósitos decidida por el Gobierno anterior, ni trata sobre la reducción del 13% de las pensiones y salarios. Si bien se anuncia una emisión de 3.000 millones de pesos para dar liquidez al mercado, prácticamente paralizado por las restricciones bancarias, el secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, ha sido claro al asegurar que habrá una política fiscal "a cara de perro", o sea, ortodoxa.
El Gobierno sabe que la incertidumbre cambiaria, producto de la devaluación, podría elevar la cotización del dólar en el mercado libre, dada la experiencia hiperinflacionista.
De hecho, los precios están aumentando ya en un promedio del 25%, en tanto que el Gobierno ha exigido a las empresas farmacéuticas que no desabastezcan el mercado ni suban el valor de sus productos, algo que ya está ocurriendo. Para evitar una estampida inflacionaria, el presupuesto que está elaborando el nuevo equipo económico contempla un ajuste del gasto público que fuentes del Palacio de Hacienda elevan a 8.000 millones de pesos. El objetivo es el déficit cero, en línea con la política del ex ministro Cavallo.
Nadie sabe cómo funcionará el ingenio. Muchos recuerdan el "sinceramiento" económico de 1975 que produjo un estallido inflacionista, y también social, conocido como "Rodrigazo", por el nombre del entonces ministro.
Washington no reacciona, pero teme los efectos de la crisis
Tras nueve meses de alentar subrepticiamente la suspensión de pagos de la deuda y la devaluación del peso, el Gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no salen del asombro. Lo que se preveía como un curso forzoso y pacífico de una crisis terminal, se ha convertido ahora en una pesadilla política y, por ahora, secundariamente económica.
Hasta el momento, Bush no ha dado ninguna señal clara de apoyo al plan diseñado por Duhalde. El programa económico aprobado ayer por el Parlamento argentino es una mezcla de devaluación, proteccionismo y ortodoxia fiscal, que no satisface a la banca internacional y, hasta donde se sabe, tampoco al Departamento del Tesoro. El desdoblamiento del mercado cambiario no obedece a las recetas del FMI y el porcentaje de devaluación resulta menor de lo esperado.
Si bien las empresas españolas sufrirán duramente por las nuevas medidas, no hay claridad sobre cuál será la dimensión del daño. No está claro aún si España mantendrá sus inversiones o se retirará del mercado argentino. Por otra parte, los bancos estadounidenses, principalmente el BankBoston y el Citibank, no salen indemnes del descalabro general.
Pero lo que más preocupa a Washington es la repercusión política interna y regional de la explosión política del país suramericano. "Existe el peligro de que las manifestaciones callejeras se conviertan en una forma institucionalizada de forzar el cambio de un Gobierno", dijo un funcionario del equipo de gobierno de Bush.
Otro elemento que empieza a evaluarse es qué ocurrirá cuando la devaluación esté sancionada. El temor es que el "contagio" económico desborde el "cordón sanitario" al que hacía alusión el secretario del Tesoro, Paul O'Neill , y comience a impactar sobre Brasil y otros países del área. No resulta casual el fuerte apoyo que el presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, quiere prestarle a Argentina para que el FMI auxilie a Buenos Aires rápidamente. Algo que, por el momento, no está nada claro.