El Gobierno vulnera la ley al retrasar la adaptación del cable
El sector de las telecomunicaciones por cable avanza, aunque con paso lento: ya hay 700.000 clientes activos y 4,2 millones de hogares conectados. A las dudas por la rentabilidad del negocio de las empresas que han invertido 4.000 millones de euros en esta aventura, se unen incertidumbres legales que se arrastran más de dos años. Ciencia y Tecnología debía adaptar las licencias del cable a la Ley General de Telecomunicaciones antes de agosto de 1999; aún hoy no ha transformado el permiso de Telefónica Cable y tiene pendientes varios contenciosos de Ono y AOC.
El despliegue de las redes de cable en España ha estado plagado de incertidumbres financieras y políticas durante los últimos cinco años. Hoy trascienden a la opinión pública estas dudas, pero apenas se conocen valoraciones sobre las cualidades del servicio que reciben los 700.000 millones de hogares que en España están conectados a las redes de cable.
Aunque no existen análisis comparativos fiables entre los servicios de telecomunicaciones convencionales (o mejorados con ADSL) y los que ofrecen los cableoperadores, analistas consultados consideran que el cable se convierte poco a poco en una alternativa real a Telefónica.
Desde las dos grandes agrupaciones empresariales que representan a los cableoperadores en España, la Asociación de Operadores de Cable (AOC), vinculada al grupo Auna, y Ono, se producen amargas quejas "por la falta de mimo con que el Ministerio de Ciencia y Tecnología trata al sector".
Adaptación de permisos. Una de las protestas más actuales se refiere a la incertidumbre que genera en el cable el continuo aplazamiento que está sufriendo la adaptación de las licencias. æpermil;stas fueron otorgadas entre 1995 y 1997 a Telefónica Cable y a otros cableoperadores vinculados a Ono y a la AOC, y debieron transformarse una vez que la Ley General de Telecomunicaciones fue modificada en abril de 1998.
Las modificaciones exigidas en esta normativa general tenían, en principio, un carácter técnico. Dado que se había liberalizado alguno de los servicios que se contenían en las concesiones de cable (los relacionados con la telefonía e Internet), era necesario otorgar permisos tipo B1 y C a los cableoperadores. Además había que ofrecer respaldo legal a los servicios de televisión por cable que todavía necesitaban una concesión espacial.
En la disposición transitoria primera de la Ley General de Telecomunicaciones se fijaba el día 1 de enero de 1999 como fecha máxima para realizar la adaptación de las licencias de cable. Cuando han transcurrido 29 meses desde esta fecha tope, el Ministerio de Ciencia y Tecnología todavía no ha sido capaz de dar cabal cumplimiento a la exigencia de la norma.
La práctica totalidad de los cableoperadores vinculados a Ono y a la AOC ya han recibido la notificación de la modificación de sus licencias, aunque han presentado distintas alegaciones que están pendientes de resolución. Pero el problema fundamental lo suscita la modificación de las licencias otorgadas en todas las demarcaciones del territorio nacional a Telefónica Cable, la filial de la empresa que en ese momento mantenía el monopolio de las telecomunicaciones en España.
La licencia de Telefónica. A fecha de hoy ni las compañías que presiden César Alierta ni sus competidores AOC y Ono conocen la fecha en que Ciencia y Tecnología hará pública la modificación de las licencias otorgadas a Telefónica Cable.
Esta modificación tiene un importante trasfondo comercial que excede los motivos técnicos antes mencionados. Este trasfondo está vinculado con la decisión adoptada por Telefónica en 1997 de no desplegar nuevas redes según las especificaciones de los concursos de adjudicación de licencias de cable. El argumento esgrimido es que ya tenía desplegada una red de acceso en todo el país que podía ser adaptada a las prestaciones de la banda ancha aplicando las nuevas tecnologías de ADSL.
Telefónica asegura que en este despliegue invertirá más de los 3.000 millones de euros que había comprometido en los concursos de cable. El Ministerio de Ciencia y Tecnología debe abordar este espinoso problema cuando apruebe la transformación de las licencias de Telefónica Cable. El empeño, que no parece fácil a juzgar por el retraso acumulado, ha obligado al Consejo de Estado a emitir dos dictámenes.
Compromisos adicionales. Ante la decisión de Telefónica de no duplicar su red, el Gobierno ha decidido evitar el agravio comparativo planteado frente a las operadoras de cable que realizan inversiones pactadas. Para ello, las ha liberado de los "compromisos adicionales" que ofrecieron durante los procesos de adjudicación de licencias.
Fuentes del sector estiman que ambas decisiones, la renuncia de Telefónica a desplegar una segunda red y la liberación de los compromisos adicionales adquiridos por el resto de los cableoperadores, "convierten la extensión de este servicio en un proceso opaco en el que es difícil averiguar cuáles son las obligaciones o los incumplimientos de cada uno de los actores.
Ruido de fusiones. La lentitud con que avanza la captación de nuevos clientes para el cable, sumada a las dificultades de distinto tipo que padecen las principales impulsoras de las redes alternativas a la de Telefónica, han despertado un ruido intenso sobre una posible fusión de Ono con las empresas integradas en AOC y vinculadas al proyecto de Auna. Fuentes de ambos grupos toman cautelas extremas ante esta posibilidad que reconocen "factible sobre el papel", mientras aseguran que existen otras prioridades, como en el caso de AOC es "la consolidación de la estructura y la estrategia de Auna Cable".
Más zanjas que servicio. La penetración de los servicios de cable alcanza hasta el 30% de los usuarios en distintas poblaciones españolas medianas y pequeñas. Por el contrario, en las grandes urbes los ciudadanos sufren las incomodidades de las zanjas, mientras cuentan con menos oportunidades de valorar las ventajas del servicio.
Entre los habitantes de las ciudades más pobladas se ha extendido la extrañeza ante el hecho de que, tras la apertura de una incómoda zanja frente al portal de su domicilio, no aparezca un comercial para ofrecerle los servicios de la nueva red.
Fuentes de los cableoperadores explican que este fenómeno se debe al llamado "efecto isla" que se da en las grandes urbes. Los ayuntamientos conceden permisos de obra en zonas dispersas que, en principio, impiden la conexión de unas zonas cableadas con otras, y retrasan la expansión comercial.
Ventajas empaquetadas. Analistas consultados consideran que no existe un estudio comparativo fiable de calidad y precios entre los servicios que ofrece Telefónica (y otros suministradores de Internet y entretenimiento a través de televisión) y los que se reciben en los hogares que estén conectados a una red de cable.
Estos analistas señalan que las ofertas comerciales de las redes de cable tienen la posibilidad de "empaquetar" tres servicios básicos para cualquier hogar: la telefonía, Internet de alta velocidad y un mínimo de 50 canales de televisión, al que hay que sumar servicios de pago por visión.
En estas condiciones, los precios que ofrecen a sus clientes son significativamente más atractivos que los que éstos pueden conseguir contratando cada uno de ellos por separado a distintos suministradores.
Lo cierto es que los cableoperadores no saben explotar esta ventaja, al menos, en las grandes ciudades, y el despliegue de líneas de ADSL por parte de Telefónica, que supera ya las 350.000, les resta buena parte de su mercado.
Xfera podrá mantener su licencia aunque los socios vendan
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha sido el primer organismo administrativo en dar una respuesta oficial a las preocupaciones de los trabajadores de Xfera por las consecuencias de la situación que vive la compañía. En una resolución del consejo del pasado 20 de diciembre, el regulador da cumplida cuenta a las cinco preguntas que los empleados consideran de prioritario conocimiento.
La más relevante de ellas afecta a los accionistas que participan en el capital de la cuarta concesionaria de una licencia de UMTS en España. Los socios, entre los que están ACS, Sonera y Vivendi-FCC, podrán vender su capital sin que Xfera pierda la titularidad de la concesión. Sobre todo porque entre los compromisos asumidos voluntariamente por la empresa en su oferta al concurso no incluyó la estabilidad accionarial.
La CMT señala que ni la Ley General de Telecomunicaciones ni la orden de licencias exigen "la permanencia en la composición del accionariado de las entidades jurídicas que resulten titulares de licencias". Y añade que el pliego del concurso tampoco lo requiere. Por último, el regulador asegura que, "analizada la propuesta presentada por Xfera, tampoco se encuentra ningún compromiso de estabilidad accionarial ni, por supuesto, ninguna garantía sobre tal cumplimiento o similar".
Compromisos
La respuesta al resto de las preguntas es menos contundente. La comisión dictamina que Xfera tendrá que hacer frente a los compromisos de la licencia sólo cuando el Gobierno lo exija, es decir, no antes de junio de 2002, fecha oficial de lanzamiento de la tecnología UMTS en España. Tampoco tendrá efectos sobre este particular una hipotética salida al mercado previa a este momento, con tecnologías GSM/GPRS. La CMT, sin embargo, no hace referencia a las consecuencias que para las garantías y promesas hechas por Xfera pueda tener el expediente de regulación de empleo presentado por la compañía, ni la congelación actual de la empresa.
Menos concretas aún son las respuestas sobre la gestión de las frecuencias radioeléctricas (el regulador remite la pregunta al Ministerio de Ciencia y Tecnología) y sobre la disponibilidad real del UMTS. La comisión echa mano del Informe Liikanen, que determina que los servicios comenzarán a comercializarse a finales de año.