Alarma en Valladolid por los efectos de varias antenas de telefonía
El 8 de enero próximo tendrá que estar listo un informe que analice con detalle todas las posibles causas que puedan estar detrás de los cuatro casos de cáncer infantil detectados en el colegio público García Quintana de Valladolid, cercano a una instalación de telefonía móvil. De lo contrario, los 455 alumnos que a diario asisten a clase serán reubicados en otros centros de la capital.
En ese estudio, en el que trabajan diferentes entidades del ámbito epidemiológico, como el instituto Carlos III, de Madrid, se van a examinar todas las posibles causas que puedan explicar el origen de las patologías. El Consejero de Sanidad y Bienestar Social, Carlos Fernández Carriedo, asegura que desde el Gobierno regional "no se descarta ninguna hipótesis de trabajo".
Asimismo, desde el Ejecutivo regional se señala que las conclusiones de este estudio no deben echar por tierra los resultados de un informe anterior, elaborado por la propia Junta en el mes de noviembre y que descartaban la relación causa-efecto entre las antenas de telefonía ubicadas en un edificio cercano -desconectadas desde este miércoles por mandato judicial- y los casos de cáncer.
Relación causa-efecto
En este sentido, Fernández Carriedo apunta a que el sentido de estos nuevos trabajos tiene que ampliarse en "otras direcciones distintas" que inicialmente no fueron tenidas en cuenta "no sólo por la Junta de Castilla y León, sino por nadie".
En el plano político, el PSOE ha pedido que sea el propio Consejero de Sanidad el que explique ante las Cortes regionales la actuación de la Junta en todo el asunto.
Las operadoras de telefonía explican desde el Comité para el Desarrollo de Infraestructuras de las Telecomunicaciones que se "trata de un asunto que preocupa gravemente a la sociedad y que debe ser tratado con el máximo rigor, con el fin de evitar alarmas injustificadas". Dicen que "existe legislación nacional inspirada en normas internacionales sobre los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos". En España, señalan, "se ha aprobado una regulación sobre la materia que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas", subrayan.