Abelló sopesa vender su 2,2% en Vodafone-Airtel por 105.600 millones

El 1 de enero entra en vigor una cláusula del pacto firmado en 2000 por el que Vodafone se comprometía a comprar por más de cuatro billones de pesetas las participaciones en Airtel de Abelló, Acciona y Alba. A partir del martes, la transacción podrá realizarse con un valor por el 100% de la compañía de 4,840 billones de pesetas (unos 29.000 millones de euros), y el pago será en dinero. Abelló sopesa vender su participación del 2,2%, que valdría 105.600 millones de pesetas, o al menos una parte. Acciona prefiere esperar a la finalización del pacto en junio de 2003.

Los accionistas minoritarios españoles que quedan en el operador de móvil Vodafone-Airtel ven incrementar el valor de sus participaciones, a pesar de que el precio de las empresas de telecomunicaciones ha sufrido importantes caídas durante los últimos 18 meses. A partir del próximo 1 de enero Torreal (propiedad de Juan Abelló) y Acciona (vinculada a la familia Entrecanales) podrán ejecutar el acuerdo de venta sobre sus participaciones en Airtel a un precio y en unas condiciones todavía más ventajosas de las que habían gozado desde que en enero de 2000 firmaron un pacto con Vodafone. Por este pacto, el gigante británico se aseguraba el control accionarial de la compañía española, lo que justifica la generosidad de su oferta de compra.

Si en enero de 2000 el precio de venta fijado entre Vodafone y los accionistas españoles tomaba como referencia un valor del 100% de Airtel por cuatro billones de pesetas (unos 24.000 millones de euros), a partir del próximo martes este precio ascenderá a 4,840 billones de pesetas. Si desde enero de 2000 los accionistas minoritarios españoles debían realizar las operaciones de venta a cambio de acciones de Vodafone, a partir del primer día del año próximo el pago podrá realizarse con dinero.

Para valorar la importancia del acuerdo hay que recordar que Vodafone pagó en febrero último a BT por su participación del 17,8% en Airtel con un precio de referencia de 2,1 billones de pesetas por el total de la empresa.

Teniendo en cuenta que Juan Abelló conserva todavía una participación del 2,2% de Vodafone-Airtel, el ingreso que conseguiría en caso de realizar una desinversión total sería de 105.600 millones de pesetas (634,6 millones de euros).

Fuentes vinculadas a Abelló afirman que el empresario no prevé una venta total de sus acciones, aunque no descarta ir realizando desinversiones parciales en los próximos meses.

Acciona

Por su parte, el grupo Acciona, que conserva un 6,2% en Vodafone-Airtel, es partidario de retrasar la venta, ya que, en caso contrario, podría peligrar la permanencia de José Manuel Entrecanales en la presidencia de la compañía. El precio que adquiriría la participación de Acciona en caso de realizarse la venta en las próximas semanas rondaría los 250.000 millones de pesetas, ya que el comprador, Vodafone, sólo tiene suscrito el acuerdo de adquisición sobre el 5,4%. El 0,8% restante fue adquirido por Acciona en una operación de ajuste de participaciones realizada con Juan Abelló.

En todo caso, la permanencia de los accionistas españoles en el capital de Airtel durante los próximos 18 meses, hasta junio de 2003, fecha en que caduca la opción garantizada de venta, es estimulada por importantes beneficios.

Beneficios

Así, si el próximo 1 de enero el precio de referencia de la operación por el 100% de Vodafone-Airtel es de 4,840 billones de pesetas, en enero de 2003 esta cantidad habrá ascendido a 5,324 billones de pesetas (unos 32.000 millones de euros).

Si la paciencia de los propietarios españoles es aún mayor y aguantan en el capital de la compañía hasta la finalización del pacto de compra, el precio de referencia al que se realizará el canje será de 5,5 billones de pesetas (unos 33.000 millones de euros).

Sea cual sea el momento que elijan Abelló y Acciona para realizar su completa desinversión en Vodafone, no cabe duda que habrán realizado un excelente negocio.

Por otra parte, las condiciones del acuerdo de venta son tan ventajosas que presagian, casi sin género de dudas, que a partir de junio de 2003 no quedará en la operadora ningún accionista español.

La Corporación Alba y el Santander vendieron sus acciones en Airtel por un valor de cuatro billones de pesetas.

 

La filial española, encargada de la acción social del grupo

La operadora de telefonía celular Vodafone España dio la pasada semana la máxima relevancia informativa a una conexión realizada entre sus instalaciones y las de otra filial del gigante británico en Japón, J. Phone. Dicha conexión fue presentada como "la primera llamada en el mundo de 3G [UMTS] entre España y Japón". Los protagonistas del acto fueron John de Wit, consejero delegado de Vodafone España, y Darryl Green, presidente de J-Phone.

Este acto debe inscribirse en el marco de una serie de iniciativas que se han programado para resaltar la importancia que dentro del grupo Vodafone se otorga a la filial española, tras unos meses en los que las profundas transformaciones que ha sufrido la antigua Airtel habían menguado la autoestima de la plantilla de la empresa.

En esta misma dirección se inscribe la designación de la filial española como responsable mundial dentro de Vodafone de las actividades sociales. En esta competencia se incluyen las actividades relacionadas con fundaciones y eventos que se encaminen a resaltar la vertiente de promoción social en la actividad de la multinacional. España también ha recibido la responsabilidad de negociar el suministro de equipos para todo el mundo con la empresa canadiense Nortel.

Cris Gent, presidente de Vodafone, se esforzó en recalcar este mensaje durante su reciente visita a Madrid. En una reunión mantenida con 1.700 empleados, aseguró que la filial española es "uno de los pilares fundamentales del grupo en todo el mundo". Fuentes de Vodafone han querido minimizar la importancia orgánica de la integración de la antigua Airtel en el grupo de empresas del sur de Europa que están bajo la dirección del joven ejecutivo italiano Vitorio Colao. Aseguran que esta dependencia es sólo financiera y no socava la absoluta autonomía de la empresa española.