Argentina parece abocada a una devaluación del peso
La elevada probabilidad de que Argentina presentará en diciembre una situación de impago, ante el rechazo del FMI en adelantar los 1.260 millones de dólares (235.430 millones de pesetas) pactados para ese mes, ha provocado una fuga masiva de depósitos. El Gobierno se ha visto obligado a aprobar urgentemente un conjunto de medidas para reducir la demanda de efectivo, limitar las transferencias al extranjero y eliminar las operaciones financieras en pesos.
Esta iniciativa se interpretó como un paso previo a medidas más duraderas, ya sea la dolarización, ya sea la devaluación del peso. Sin embargo, a día de hoy, la opción de la dolarización es cada vez menos factible, ya que la fuerte salida de reversas anotada en la última semana de noviembre ha provocado que éstas ya no cubran el total de los pasivos monetarios del sistema. Además, en esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido en septiembre, no cabe esperar una reposición del nivel de reservas vía nuevos desembolsos del FMI.
Por tanto, parece que la única alternativa para Argentina es la devaluación, que podría ir seguida de una nueva dolarización. Las medidas de control recientemente adoptadas podrían ampliarse para limitar salida de capitales y así reducir la magnitud de la caída de su divisa. No obstante, decidir devaluar lleva asociados costes.
El efecto más inmediato, y quizá el más alarmante, sería el aumento de la deuda del Estado, incremento que se produciría por dos vías. La primera de ellas, lógicamente asociada al impacto directo de la devaluación del peso, habida cuenta de que casi un 70% de la deuda argentina está emitida en dólares. En segundo lugar, hay que considerar el coste que deberá asumir el Estado por la quiebra generalizada de entidades bancarias que previsiblemente se produciría, dado que la mayor parte de los préstamos son en dólares, lo que dispara la posibilidad de un impago de su cartera de créditos.
Ante este escenario resulta evidente la necesidad y la urgencia de Argentina de instrumentar una operación de su canje de deuda en la que los tenedores externos estuvieran dispuestos a aceptar bien un recorte del principal de la deuda (como ocurriera con Ecuador en 2000 o Rusia en 1998), bien unas condiciones similares a las establecidas para el canje de su deuda interna, donde se ha reducido la rentabilidad que pagarían los nuevos títulos. Bajo la hipótesis de devaluación, de no realizar el canje de su deuda externa en los términos convenientes, Argentina incurriría en la mayor cesación de pagos de la historia, su acceso a los mercados internacionales de capital quedaría cerrado por tiempo indefinido.
Pero la devaluación tendría efectos positivos que conviene señalar. De hecho, mejoraría sustancialmente la competitividad de la economía argentina, fuertemente castigada en el último año en un contexto de depreciación de las divisas de sus principales socios comerciales, sobre todo de Brasil. Dado que las exportaciones representan sólo un 10% del PIB total de Argentina, el efecto traslado de este mayor dinamismo de las exportaciones a crecimiento no se produciría en el corto plazo. Tampoco es desdeñable destacar que una devaluación abarataría sustancialmente el precio de los activos argentinos, lo que facilitaría la entrada de inversión extranjera, siempre y cuando se llevasen a cabo los cambios estructurales para la correcta evolución de las cuentas fiscales en el largo plazo en un entorno de crecimiento sostenido.
En suma, la alternativa de la devaluación parece en estos momentos más factible que nunca. En cualquier caso, de llevarse a cabo esta medida, debería ir acompañada de una serie de profundas reformas estructurales.