Las regiones acusan a Hacienda de restarles el dinero de la gasolina

Las comunidades acusan al Gobierno de querer descontarles del fondo de suficiencia pactado en julio para la financiación autonómica, el dinero que recibirán por el nuevo impuesto que grava las gasolinas para atender los gastos de sanidad. De esta forma, los 136.000 millones de pesetas que se recaudarán por el nuevo tributo irían, en la práctica, a atender las necesidades de financiación del Estado.

Montoro se ha quedado sin coartada. Las negociaciones para traspasar la sanidad a las diez comunidades autónomas que aún no gestionan esta prestación han desvelado finalmente el motivo por el cuál el Gobierno se ha visto obligado a gravar los hidrocarburos con un segundo impuesto (o tercero, si se cuenta el IVA) y a elevar cuatro pesetas el precio de los carburantes: "Cubrir el déficit presupuestario del Estado".

Lo dijo ayer el consejero de Sanidad de Asturias, Francisco Sevilla, tras la reunión que mantuvo con la plana mayor del Ministerio de Sanidad para últimar los detalles técnicos, y no tan técnicos, del traspaso. No hubo acuerdo. Les separan 15.860 millones de pesetas. La distancia que hay entre los 144.000 millones de pesetas que está dispuesta a pagar Hacienda y los 159.160 millones de pesetas que reclama el gobierno socialista de Álvarez Areces.

Francisco Sevilla se hizo la misma pregunta que un día antes formulara José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad de Madrid, tras concluir que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón no asumirá los 6.000 millones de deuda de la Fundación Jiménez Díaz : ¿Cómo es posible que no nos pongamos de acuerdo cuando se acaba de alcanzar un pacto para crear un impuesto con destino finalista que, en teoría, pondrá sobre la mesa de la sanidad 136.000 millones de pesetas (815,3 millones de euros) más?

Desde la administración central, el secretario general de Gestión Sanitaria, Rubén Moreno, dió ayer su versión: "Ofrecemos el dinero que corresponde a cada territorio según el modelo de financiación firmado en julio". Pero esta opinión contrasta con la de los gobiernos regionales. Las consejerías de Sanidad han reiterado en los últimos meses que las ponencias técnicas se habían retrasado por la falta de recursos. Ahora que se ha amarrado la recaudación, las negociaciones siguen bloquedas, más allá de los tira y afloja propios de una circustancia como ésta. Según los cálculos de Hacienda, Madrid obtendrá el año que viene unos recursos adicionales de 11.366 millones de pesetas, y pese a este dinero Sanidad no quiere pagar la deuda de 6.000 millones que tiene la Jiménez Díaz. En el caso de Asturias los fondos recaudados sólo son 3.088 millones de pesetas.

Asturias dejó claro ayer que "el Gobierno no tiene voluntad de llegar a un acuerdo, y, por supuesto, quiere ahorrarse en otras partidas los 136.000 millones que están obligados a gastarse por ley (la nueva del impuesto sobre los hidrocarburos) en Sanidad". ¿La fórmula? "Defendiendo el mismo criterio restrictivo que tenía antes de cerrar el acuerdo de hidrocarburos", según explicó ayer Francisco Sevilla. De esta manera, además, las comunidades estarían obligadas a implantar el tramo autonómico del nuevo impuesto de las gasolinas. Aunque Madrid ya anunció que legislará, la consejera de Economía de Castilla y León aseguró el pasado jueves que ellos no necesitarán estos fondos porque esperan conseguir la financiación necesaria para dar un servicio de calidad. La cifra prevista por Carrasco es 297.000 millones de pesetas .

El asunto se agrava en la medida que el dinero que las comunidades reciban con cargo al nuevo impuesto estatal se les descontará del Fondo de Suficiencia pactado en el nuevo sistema de Financiación; así, las comunidades que ahora negocian los traspasos no sólo van a recibir, si no cambian las cosas, el dinero que les habían ofrecido antes de crear el nuevo impuesto de las gasolinas. Además van a perder ingresos del Fondo de Suficiencia. Ya lo dijo el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Antonio Beteta, con un eufemismo: " Si no se lo descontásemos del fondo de Suficiencia estarían sobrefinanciadas".

Ayer, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, expresó irónicamente su malestar por la negativa de la mayoría de las comunidades autónomas a aplicar el tramo autonómico (1,6 pesetas por litro) del nuevo impuesto sobre carburantes.

"Me alegro de que estén tan sobradas que no necesiten de este impuesto para financiarse; pero también les digo que los recursos son los que son y que si quieren gastar más no lo podrán hacer a costa de obtener más ingresos de la administración central, de los Presupuestos del Estado", dijo.

 

Cataluña no renuncia a aplicar la tasa de la gasolina en el futuro

El consejero de Economía catalán, Francesc Homs, aseguró ayer que no renuncia a aplicar en un futuro el recargo autonómico sobre las gasolinas, aunque no prevé hacerlo en el próximo ejercicio.

Hasta hace unos días, Homs defendía firmemente la aplicación de la mencionada tasa, que fue propuesta por CiU para financiar la sanidad. Ayer, no obstante, no tuvo más remedio que rectificar y secundar al lider democristiano, Josep Antoni Duran i Lleida, que afirmó que el Ejecutivo catalán renunciaba a la aplicación del recargo. El consejero catalán evitó dar explicaciones al respecto y se limitó a afirmar que "Duran y yo siempre estamos de acuerdo". La izquierda catalana acusó al Gobierno de haber pactado bajo cuerda con el PP y engañar a los ciudadanos con un nuevo impuesto que compensa el fracaso de la nueva financiación.

 

El nuevo impuesto elevará el IPC 0,2 puntos el próximo año, según Rato

El nuevo impuesto sobre ventas minoristas de los hidrocarburos, que entrará en vigor en enero de 2002 para financiar la sanidad tendrá su repercusión en la inflación. El tributo recaerá , en principio, sobre el propietario del producto gravado (en su gran mayoría las empresas petroleras) pero es previsible que éste lo acabe repercutiendo en el consumidor final a través de un aumento del precio de venta al público de los carburantes.

De hecho, ayer, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, cifró "en dos décimas" la subida del indice de precios de consumo (IPC) que espera el Ejecutivo para el próximo año por este concepto y por el que Hacienda prevé ingresar 136.000 millones de pesetas.

El impuesto gravará en su tramo estatal, a las gasolinas y gasóleo de automoción con cuatro pesetas por litro, y con una peseta por litro el gasóleo agrícola y de calefacción.

"El Gobierno ha considerado que hay margen tributario para hacerlo" indicó el vicepresidente en unas jornadas sobre política económica organizadas por el semanario "The Economist". Ante las preguntas de alguno de los asistentes, que se quejaba por la subida de impuestos, Rato explicó al auditorio, repleto de empresarios, que "ahora es el mejor momento" para tomar una decisión como ésta.

Corresponsabilidad

"Se trata de mejorar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, que se impliquen más en la variación de los ingresos públicos de lo que ocurre con el sistema anterior, basado en simples transferencias; ahora se puede hacer, en un entorno de baja inflación, con precios del petróleo a la baja", añadió, adivirtiendo que el Gobierno llevaba tres años sin tocar los impuestos que gravan los hidrocarburos. La subida de dos décimas en la inflación, derivada del nuevo impuesto, es asumible, según Rato, que espera acabar el año con un IPC por debajo del 3%.

El vicepresidente calificó de "falta de seriedad" el rechazo de la oposición al nuevo impuesto. Este rechazo, en su opinión, no es coherente con el acuerdo sobre financiación de la sanidad alcanzado en julio por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por otro lado, en referencia al mercado de la energía, Rato abogó por "arbitrar fórmulas" internacionales que eviten la alta volatilidad de los precios del petróleo, que perjudica tanto a los países productores como a los consumidores.