EE UU propone una reforma del FMI que limita su papel en las crisis
El Tesoro de EE UU ha presentado al Congreso las bases de su propuesta para la reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se reduce el papel del organismo en las crisis en favor del sector privado y se vinculan las ayudas a la apertura comercial de los países receptores. El Fondo ha empezado a aplicar estas medidas en Argentina.
El informe, remitido al Congreso el pasado mes de octubre, establece las políticas que el Departamento del Tesoro estadounidense quiere impulsar en el seno del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que forman parte de una "agenda más amplia de EE UU para la reforma" del organismo.
Las líneas generales de la propuesta pasan por mejorar la efectividad del Fondo en la prevención de las crisis, aumentar las condiciones que aseguren la estabilidad macroeconómica y reforzar el papel del FMI en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Desde su llegada a la Casa Blanca, la nueva Administración estadounidense ha venido apostando por aumentar el papel del sector privado en la resolución de las crisis financieras. Y en esa dirección insiste el documento del Tesoro, con una serie de pautas que remiten, en su práctica totalidad, al desempeño que está desarrollando el Fondo respecto a la crisis argentina.
Errores de cálculo
El Tesoro estadounidense insiste en la defensa "de la estabilidad cambiaria para evitar devaluaciones competitivas que desestabilizarían los sistemas financiero y comercial internacionales". Washington trata, así, de evitar la repetición de la experiencia brasileña, cuando devaluó el real en 1999 y trasladó su crisis financiera a toda la región.
En esta ocasión, sin embargo, el tiro le puede salir errado. La negativa del FMI a aportar ayuda adicional a Argentina ha forzado al Gobierno de Buenos Aires a recurrir a las reservas, eje del sistema de convertibilidad, para hacer frente a las amortizaciones de la deuda. De prolongarse su escasez de recursos, este mecanismo pone en riesgo la viabilidad del tipo de cambio y puede terminar en una devaluación del peso o en la dolarización de la economía.
Como toda ayuda, el Departamento que dirige Paul O'Neill remite al FMI como mediador en las negociaciones entre Buenos Aires y los acreedores privados para asegurar "que las dificultades financieras se resuelven sin recurrir a recursos públicos inapropiados". Esto supone que no habrá ninguna ayuda adicional por parte del FMI para avalar a Argentina en el canje de deuda internacional que prepara.
El canje supone, por otra parte, una de las políticas que quiere impulsar desde el FMI para que los países más endeudados mejoren su calendario de vencimientos.
No obstante, Washington se reserva la posibilidad de acudir al rescate de un país con dificultades para el pago de la deuda "si es útil para la implementación del programa de ajuste". Esta cláusula, aplicable en cualquier caso dada la vaguedad de su redacción, deja margen a EE UU para otorgar nuevas ayudas a determinados países en función de sus intereses, como así ha sucedido recientemente con Turquía.
EE UU también insiste en que el Fondo debe vincular los programas de asistencia financiera a la apertura comercial del país receptor "por las importantes implicaciones fiscales" que tiene el sector exterior en el impulso de la actividad. El FMI ya puso en práctica esta condición el pasado mes de septiembre a la hora de conceder a Argentina su último tramo de ayudas por importe de 8.000 millones de dólares (9.120 millones de euros).
Calmar al contribuyente
Desde hace años, EE UU mantiene abierto el debate sobre la carga que representa para el contribuyente estadounidense la asistencia financiera para países en crisis. De ahí que el informe destaque la relevancia que debe cobrar el sector privado en la resolución de estas crisis, en detrimento del Fondo y el Banco Mundial.
Con el objetivo de calmar a los congresistas más progresistas, el Tesoro incluye entre sus propuestas la reivindicación del respeto a los derechos laborales en los países receptores de ayudas, vincular la consecución de objetivos macroeconómicos al respeto al medio ambiente y aumentar la transparencia del FMI, mediante auditorías externas y mayor información sobre sus actividades.
Asimismo, exige garantías de que las ayudas no se destinan a partidas "improductivas", como el incremento de los gastos militares, y propone cambios para permitir la concesión de créditos a pequeñas y microempresas.
Junto a éstas, EE UU también insiste en el desarrollo de políticas macroeconómicas que garanticen "la estabilidad y el crecimiento" y que pasan por las reformas estructurales, las privatizaciones, la desregulación económica y el establecimiento de marcos legislativos estables, que tradicionalmente forman parte de las recetas del Fondo.
Presión para acelerar las privatizaciones
El informe subraya que EE UU "utilizará agresivamente su voz y su voto" en el directorio del Fondo para, entre otras cosas, asegurar una "competencia justa" en el funcionamiento de los mercados domésticos. El Tesoro pone a México y Kirguizistán como ejemplos de países que deben acelerar la apertura de sus sectores energéticos y que, precisamente, concentran los intereses de las empresas estadounidenses del sector. De hecho, reconoce que en el caso de Ecuador, la "exitosa" liberalización del sector energético permitió que EE UU se adjudicara la construcción de un nuevo oleoducto.
Asimismo, quiere potenciar, con el apoyo del Grupo de los Siete, el papel del FMI en la lucha internacional contra el lavado de dinero, que hasta ahora capitaneaba el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989 precisamente a instancias del G-7. EE UU pretende que el Fondo y el Banco Mundial adapten las 40 recomendaciones del GAFI a sus métodos de trabajo, lo que abre la puerta a vincular los programa de asistencia al compromiso efectivo de los países receptores contra el lavado de dinero.