<i>Pancartas con el "No a la privatización"</i>
Estaba decidida a dedicar mi artículo de este mes a comentar las consecuencias de la intervención o renacionalización de Railtrack, la empresa privada de gestión de infraestructuras ferroviarias en Gran Bretaña, cuando oigo por la radio que ya está prácticamente aprobada la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU). El Congreso de los Diputados aprobó el miércoles la ley gracias al rodillo parlamentario de la mayoría absoluta del PP y a la que se oponen, por diversas causas, todos los actores directos de la vida universitaria, entre ellos los estudiantes, que ya se han prestado a materializar su protesta mediante concentraciones y manifestaciones. En unas pancartas expresan su apoyo incondicional a una universidad pública y de calidad y se oponen a la privatización.
He pensado que la pancarta del "No a la privatización" podría ser un producto que las empresas de artes gráficas podrían comercializar con la garantía de que siempre hay y habrá un conflicto en ciernes en el que alguien esgrimirá este argumento. De esta manera, los amanuenses confeccionadores de pancartas se ahorrarían un trabajo repetitivo. El fracaso económico y de gestión de Railtrack se ha convertido en un nuevo argumento para oponerse a que lo que habitualmente se gestiona desde el sector público pase a ser privado.
Las razones y el alcance de los procesos privatizadores son de muy diversa índole. Podríamos situarlo en un amplio espectro que se dibuja desde la posición de los fundamentalistas de la defensa a ultranza de la gestión privada, que creen que el sector público es ineficaz e ineficiente por naturaleza, hasta los que creemos que el sector público necesita acicates para mejorar su capacidad de respuesta ante las exigencias de la sociedad, que les pide que lo hagan lo mejor posible pero sin exigir a los contribuyentes demasiado dinero. La solución de esta ecuación asimétrica no es precisamente fácil.
La oposición a las privatizaciones radica no sólo en las posturas de los defensores de lo público, sino sobre todo en la visión de los colectivos implicados o afectados, principalmente trabajadores de las empresas y usuarios o clientes de los servicios que se pretende privatizar. Los trabajadores, porque creen que el objetivo de toda privatización es disminuir costes y plantillas y provocar despidos. Los usuarios temen que detrás del pretendido ahorro de costes pueda producirse una disminución de la calidad de los servicios, como ha ocurrido con la citada Railtrack.
En el caso de la universidad, los estudiantes perciben que esto es lo que va a ocurrir con la aplicación de la nueva ley, en la medida en que no va acompañada de la suficiente dotación de recursos para garantizar la excelencia de la educación pública y potencia tangencialmente el desarrollo de las universidades privadas, cuyo conjunto, sin embargo, no está nada claro que sean un ejemplo de calidad educativa. La competitividad del talento de los profesionales de nuestro país no parece que sea una de las garantías de la nueva ley.
Siempre he opinado que la producción de bienes ha de estar en manos del sector privado, pero que en cuanto a los servicios públicos el tema es mucho más complejo. La provisión de servicios que garanticen derechos de los ciudadanos como la educación o la seguridad de los sistemas de transporte siempre han de ser una responsabilidad pública. Lo que no significa que no pueda o deba existir una gestión privada de algunos elementos del servicio.
De la misma forma que cuando estaba en Ren-fe no entendía la razón por la cual el mantenimiento operativo tanto de trenes como de vías era tarea de empleados públicos, cuando podía ser realizado perfectamente por empresas expertas, tampoco entiendo que en nuestras universidades los servicios complementarios como gestión de edificios e instalaciones, de imprentas o reprografía, o incluso actividades de tipo social o deportivo, deben ser ejecutados por funcionarios. En estos casos el problema ya no es tanto de defensa de derechos de los ciu-dadanos, sino un resultado de la herencia de unas empresas e instituciones que en su inicio se diseñaron en base a un sistema de funcionamiento apoyado en la integración vertical de toda su actividad. De hecho funcionaban como pequeños complejos completos o microcosmos que proveían a la comunidad de todos los productos y servicios necesarios. Pensemos que no es ocioso recordar que las administraciones ferroviarias nacieron hace 150 años y se organizaron siguiendo pautas militares de la época, y que las universidades originariamente fueron creadas para la formación en el trabajo de las personas que iban a entrar en instituciones gubernamentales o religiosas. Pero los tiempos han cambia-do mucho y el proceso de adap-tación de estos colectivos no ha sido tan rápido como en otros sectores productivos.