<i>La reforma de la negociación colectiva </i>
Julián Ariza considera acertado que el Gobierno no imponga sus reformas legales en la negociación colectiva. De hacerlo, asegura, provocará conflictividad laboral por el rechazo de los que tienen que llevarla a cabo.
En un gesto de buen sentido, el Gobierno optó por no llevar al Consejo de Ministros del pasado viernes el decreto ley que recoge las reformas legales que pensaba introducir en la negociación colectiva, expuestas en la mesa de negociación de la reforma y rechazadas por los sindicatos y la patronal. Era la tercera semana consecutiva que hacía lo mismo, dando muestras de su disposición a no esperar más para legislar por su cuenta, lo que hace pensar que los argumentos utilizados por CC OO, UGT y CEOE para disuadirle han tenido considerable peso.
De los argumentos que han trascendido destaca el de que hubiera sido un gran error realizar unilateralmente una reforma cuya principal particularidad consistiría en su rechazo por parte de quienes tendrían que llevarla a la práctica. En tales condiciones y dado que, por su misma naturaleza, la negociación colectiva requiere predisposición al acuerdo, tal reforma sólo serviría para predisponer al desacuerdo, con el consiguiente y negativo efecto sobre los trabajadores, las empresas y el país. A través de los convenios colectivos se regulan aspectos esenciales de las relaciones laborales de alrededor de nueve millones de trabajadores y de más de un millón de empresas. Y que son el principal instrumento para efectuar la primera gran distribución de la renta nacional.
Llama la atención la coincidencia de los sindicatos y la patronal, no tanto en el rechazo, sino en que también se haya producido en una de sus razones, la de la conflictividad laboral que la reforma del Gobierno generaría.
Es chocante que la CEOE diga esto, pues la conflictividad se habría multiplicado no se sabe por cuánto si el Gobierno no hubiera abandonado varias de sus propuestas iniciales, que es precisamente el gran reproche que ahora le hace la CEOE.
En la carta que el presidente de la patronal, señor Cuevas, le dirige a Aznar, le recuerda que la propuesta nada tiene que ver con la que "saludaron en su día", entre cuyos contenidos estaba "flexibilizar la aplicación del pacto colectivo, descentralizar la negociación colectiva, fortalecer el carácter de contrato del convenio colectivo, dar entrada a la autonomía individual entre el empresario y el trabajador (...)". En otras palabras, poner patas arriba la normativa actual, lo que, de materializarse, haría que la conflictividad comenzara con una huelga general.
Es positivo que Cuevas diga que el actual modelo de negociación colectiva fue producto del consenso y que en esta ocasión también debería ser así. Merece valorarse que se pronuncie por dejar de momento las cosas como están y ver con menos prisas las fórmulas más idóneas para la necesaria reforma. Pero no está de más recordar que, junto a la irresponsabilidad de algunos miembros del Gobierno insinuando tiempo atrás cambios incluso inconstitucionales -por ejemplo, eliminar la naturaleza normativa de los convenios colectivos, dejándolos en un mero contrato entre partes, lo que disminuiría sustancialmente su fuerza jurídica-, está el radical cambio de posición de la CEOE respecto de lo que negoció y suscribió hace sólo cuatro años en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AINC), que representaba una clara apuesta por los convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal.
Que el AINC tropezara con una serie de obstáculos para su desarrollo no debiera haber sido motivo para variar de concepción, sino para ver la manera de superar esos obstáculos. Es poco presentable, por tanto, que una vez abierta la negociación para su renovación lo que se defienda es exactamente lo contrario, que el convenio de empresa prime sobre los convenios sectoriales y que, en su caso, lo pactado a nivel de empresa anule lo que se hubiera pactado a nivel sectorial.
No sólo pensando en las disparidades laborales y salariales que por esta vía se originarían entre unos y otros colectivos de trabajadores, no tanto por la situación económica de su empresa como por la mayor o menor capacidad organizativa y de presión de sus asalariados, sino pensando en términos de competitividad entre empresas y sectores y, por supuesto, en términos de seguridad jurídica y clima social poco conflictivo, lo operativo y conveniente es potenciar los convenios sectoriales de gran ámbito y que éstos remitan o se inhiban en favor del ámbito de Comunidad Autónoma, provincia y, por supuesto, empresa, lo que razonablemente es conveniente desarrollar o pactar a ese nivel.
A quienes piensen que lo dicho hasta aquí es sólo una interesada posición de parte, hay que recordarles que entre los más resueltos opositores a que el convenio de ámbito estatal se pueda poner en cuestión, está el sector empresarial dedicado a las finanzas. Probablemente porque piensa en el lío que podría crearse si se rompe el convenio que desde hace años se negocia y se firma a ese nivel para todo el sector de la banca, y en cada banco se abre una batalla laboral en pro de un convenio propio.
Es quizás ésta otra de las pistas para entender mejor la acertada decisión del Gobierno de no precipitarse en legislar.