Los Gobiernos europeos privan a la CE del control de las telecomunicaciones
Las capitales europeas se han conjurado para privar a la Comisión Europea de la última palabra en el sector de las telecomunicaciones. En contra de la opinión de Bruselas, los Gobiernos pactaron el 17 de septiembre que el sector no se encuentra aún suficientemente maduro para someterlo a una autoridad de competencia centralizada. La CE, con el apoyo del Parlamento Europeo, intenta todavía acabar con esa descentralización.
En privado, con discreción, por escrito. Los 15 Estados miembros de la Unión Europea alcanzaban el pasado 17 de septiembre un acuerdo sobre la directiva marco de regulación de las telecomunicaciones que les permitirá ignorar cualquier pronunciamiento de la Comisión Europea sobre decisiones nacionales en ese sector. La relación de cada Gobierno con las operadoras, y en especial con los antiguos monopolios, escapará así a todo control comunitario, cuyo parecer sobre condiciones de acceso de terceros competidores o interconexión no tendrá carácter vinculante.
Es más, los reguladores de cada Estado gozarán de libertad para imponer normas y criterios incluso si la Comisión, proclamada en el ordenamiento jurídico europeo como "guardián del Tratado de la Unión", los considera incompatibles con el derecho comunitario.
Bruselas deseaba convertirse, gracias a la nueva directiva marco sobre telecomunicaciones, en el supervisor de la actuación de los reguladores nacionales (la CMT en el caso de España) para garantizar una aplicación uniforme del derecho comunitario y la igualdad de trato a todas las operadoras de telefonía. Pero el acuerdo intergubernamental puede prolongar una cacofonía normativa que, según el Ejecutivo comunitario, va en detrimento del sector.
Descentralización
Para la Comisión Europea, el mantenimiento de la actual descentralización prolongará las disparidades legislativas entre los Estados miembros y corre el riesgo de perpetuar la posición de dominio de los antiguos monopolios. En la mayoría de los países, so pretexto de una supuesta inmadurez del mercado, se toleran grados de concentración que son inadmisibles en otros sectores. "Cuotas de mercado que excedan el 50% son en sí mismas, salvo contadas excepciones, evidencia de que existe posición de dominio", ha repetido el comisario de Competencia, Mario Monti.
Los Quince parecen dispuestos a aceptar la filosofía del comisario y en el acuerdo del 17 de septiembre se comprometen a seguir las "líneas directrices sobre el análisis de mercado y el cálcu-lo de dominio" que publicó recientemente la Comisión. Pero como contrapartida han reservado todo el poder decisorio para las autoridades nacionales.
"El regulador nacional podrá adoptar las medidas previstas tras la publicación del aviso de la Comisión", han zanjado los Gobiernos. "Si un regulador nacional decide no seguir la recomendación de la Comisión", podrá limitarse "a comunicar el motivo de su posición". "Se trata de una posición equilibrada entre Bruselas y las capitales", defiende una fuente próxima a la presidencia de la UE, que ejerce Bélgica este semestre.
En el departamento de Erkki Liikanen, comisario de Sociedad de la Información, la impresión es bien diferente. Su portavoz, Per Haugaard, advierte que "no estamos de acuerdo con la posición del Consejo de Ministros y sabemos que el Parlamento Europeo comparte nuestro punto de vista y abogará por un terreno de juego más equilibrado".
El finlandés Liikanen cuenta, en efecto, con el apoyo decidido de su paisano Reino Paasilinna, ponente en la tramitación de la directiva marco en la Eurocámara. En el despacho de este eurodiputado socialdemócrata no caben concesiones sobre el compromiso con el informe sobre la directiva que se presentó en marzo pasado. "Es casi seguro que el Parlamento se mantendrá fiel a ese texto".
Un texto que no deja dudas sobre el reparto de competencias entre las diferentes capitales y Bruselas. Los reguladores nacionales, según la Eurocámara, no sólo deberán notificar y justificar ante la CE las decisiones que adopten, sino que el Ejecutivo comunitario podrá, además, revocarlas cuando contravengan el marco jurídico europeo.
Conciliación
La Eurocámara prevé escrutar de nuevo la directiva en la sesión plenaria de noviembre, con una votación definitiva, programada, en principio, para el próximo 4 de diciembre. El enfrentamiento con el Consejo de Ministros parece inevitable y puede abocar al fracaso de una de las prioridades legislativas de la UE. Los jefes de Gobierno pidieron el año pasado, en el Consejo Europeo de Lisboa, que la tramitación del paquete regulador del sector de las telecomunicaciones se concluyese antes de finales de 2001.
Pero un proceso de conciliación entre el Parlamento y los Estados miembros requiere al menos seis semanas y no parece que ninguna de las dos partes esté dispuesta a ceder nada más empezar la discusión.
La Comisión teme que la descentralización fragmente el mercado
La Comisión Europea inició en 1999 la reforma de la regulación del sector de telecomunicaciones con el objetivo expreso de propiciar un mercado competitivo y ofrecer a todas las compañías un marco legal estable en todo el territorio comunitario. La aplicación uniforme en todos los Estados miembros de las normas del sector debía ser el principio inspirador de la nueva legislación.
Pero los Estados miembros no parecen dispuestos a ceder el control sobre un sector vital para la economía y cuyas implicaciones políticas (la regulación del espacio radioeléctrico que propone la CE atañe también a su uso por la radio y la televisión) nadie cuestiona.
La Comisión Europea teme que la diversidad legislativa condene a la industria a una incertidumbre legal que impida la consolidación del sector en Europa. La concesión de las licencias de tercera generación de telefonía móvil ilustra, según Bruselas, el peligro de esa fragmentación.
La respuesta al endeudamiento que han provocado esas licencias en parte del sector no resulta mucho más ejemplar, según recordaba el comisario responsable del área de telecomunicaciones, Erkki Liikanen. La posibilidad de que las adjudicatarias compartan redes para abaratar costes ha merecido "un acuerdo con las operadoras en Alemania, la publicación de directrices en Finlandia y la creación de un grupo de trabajo en Francia". La enumeración de Liikanen se completaba con Suecia, donde las condiciones de la concesión ya permitían compartir redes, y con Dinamarca, que lo ha autorizado posteriormente con ciertas condiciones.
La directiva marco que ahora se tramita pretendía acabar con esta situación. El paquete legislativo lo completan cuatro directivas específicas sobre autorización y licencia de operadores, servicio universal, acceso e interconexión y protección de datos y privacidad.