<i>La eficiencia económica en el sector público </i>

Es hora de superar la creencia que identifica gestión pública con rigidez y conservadurismo o freno a la capacidad de respuesta de los Gobiernos.

La eficiencia como parámetro que oriente la gestión y el control de la actividad económica ha sido tradicionalmente de escaso interés en la Administración pública. Sin embargo, en la actualidad se ha constituido en una exigencia incuestionable para las distintas Administraciones como principal opción para reducir el déficit manteniendo las prestaciones sociales y como fuente adicional de reforzamiento de su legitimidad.

Como resultado de este cambio de percepción, todas las Administraciones manifiestan un interés creciente en la utilización de aproximaciones y técnicas de dirección que permitan asegurar la utilización eficaz y eficiente de los recursos.

De ahí que los poderes públicos multipliquen iniciativas para mejorar los estilos de gestionar considerando la eficiencia como un aspecto básico en los procesos de toma de decisiones para mejorar la distribución de recursos financieros, incrementar la productividad y la eficacia de los medios aplicados y, con la voluntad adicional, de incrementar la transparencia y el comportamiento ético en la acción pública.

En muchos países, el modelo planteado para articular este proceso de modernización se fundamenta en la introducción del concepto de eficiencia vinculado al de responsabilidad. En el Reino Unido, la filosofía de la nueva gestión pública impulsada en este país (New Public Management) promueve el seguimiento de la eficiencia vinculada a la responsabilidad como uno de los elementos fundamentales del modelo. En esta misma dirección se están desarrollando distintas iniciativas en Noruega y en otros países de la Unión Europea. En Estados Unidos, la GAO está trabajando en la implantación de una metodología base en la medida de la eficiencia del sector público, estableciendo las etapas que las distintas agencias deben seguir para llegar a un sistema de gestión en el que la eficiencia sea considerada como un elemento director de su actividad.

El ordenamiento jurídico español, en aplicación de los postulados de justicia material y de buena gestión en la realización de la actividad financiera, recogidos en los artículos 31 y 103 de nuestra Carta Magna, ha reconocido en todos sus niveles la importancia de la eficiencia como principio director de la gestión pública.

La Ley Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (Lofage) y más recientemente el proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria suponen una respuesta en esta dirección, instituyendo la eficiencia como uno de los principios rectores a los que deberá adecuarse la política presupuestaria y la organización y gestión de la actividad pública.

La aplicación de este principio determina, en materia de recursos, que su asignación debe seguir la pauta de la equidad como patrón de comportamiento de los poderes públicos y, en lo que a su administración se refiere, que la calidad, eficacia, eficiencia, y economía deben ser las pautas que gobiernen los procesos de decisión de los gestores públicos.

No obstante, a pesar de los esfuerzos de cambio impulsados por la normativa española dirigidos a mejorar la eficiencia en la actuación pública, parece necesario reconocer que su introducción en la practica gerencial está siendo muy compleja; se puede afirmar que existe un gran desconocimiento y desinterés en los gestores públicos, circunstancias que determinan que su aplicación sea más un deseo normativo que una realidad práctica.

Una de las causas de esta situación deriva de la ausencia de incentivos adecuados para propiciar su introducción en el sector público. Asimismo, cabe añadir, entre los elementos que han impedido su materialización, la ausencia de liderazgo en los procesos de reforma y, fundamentalmente, el insuficiente compromiso con el desarrollo de una cultura de gestión basada en la competitividad.

Esta circunstancia ha favorecido que las organizaciones del sector público hayan quedado muy por detrás de las privadas en la percepción del significado e impacto de la eficiencia en los procesos de gestión. Probablemente porque en el ámbito público no existe, como en el privado, el enfoque primario de maximizar el beneficio sobre la inversión; por la escasa preocupación por los costes; por las distintas percepciones que de la realidad social tienen los diferentes actores que confluyen en las decisiones públicas, y porque los impulsos realizados para su introducción se han fijado más en la reducción del gasto público que en asegurar una gestión eficaz y eficiente.

Una empresa privada se interesa fundamentalmente en mantener una demanda solvente, que depende de la satisfacción del cliente, de su capacidad financiera y de la realidad de sus necesidades. La empresa tiende a ajustar sus niveles de producción a la demanda y el beneficio constituye un buen indicador de su eficiencia global. Las empresas con pérdidas son eliminadas por el mercado.

En el ámbito público esas circunstancias no se dan con la misma intensidad, aunque los argumentos para su introducción sean idénticos, razón por la cual la medida de la eficiencia para los servicios públicos resulta cada vez más necesaria. En otro caso, se asumiría el riesgo de gestionar con ineficacia, despilfarro o, al menos, con déficit de credibilidad.

La aplicación de criterios de eficiencia en el ámbito público debe ser algo más que reducir el gasto público; obliga a mejorar la organización, sus procedimientos, la forma de asignar los recursos; a separar lo necesario de lo accesorio, superar las duplicidades, evaluar la actuación publica, identificar responsabilidades por resultados. En suma la aplicación de este criterio debe significar una mejora sustancial del rendimiento y aprovechamiento del dinero público, o si se quiere, debe permitir hacer más y mejor con menos.

En los últimos años, se están desarrollando iniciativas para introducir en el ámbito público técnicas de Calidad Total en la Gestión (TQM), vinculadas, en diversos aspectos a la eficiencia de la gestión, en especial en lo referente a las organismos públicos que realizan actividades empresariales. La eficiencia, dentro de este enfoque de gestión, no se percibe como un valor puntual y aislado, sino integrado dentro de un proceso continuo de mejora a largo plazo.

Este enfoque ha sido aplicado a organizaciones que realizan actividades empresariales en el sector público: mantenimiento de autopistas, actividades portuarias, aeropuertos, ferrocarriles¿ Estos modelos suelen encontrarse enmarcados en un sistema de control, vinculado a algún tipo de modelo causal entre las variables que se consideran significativas.

Desde el punto de vista del control de eficiencia, el Real Decreto 2188/1995 establece que el control financiero comprenderá la verificación de la eficiencia de las operaciones realizadas por los órganos controlados con el objeto de identificar oportunidades de mejora en la gestión pública. Los resultados derivados de la aplicación, con carácter general, de esta modalidad de control son poco satisfactorios. Sobre este particular es preciso considerar que para que los resultados sean útiles al proceso es necesario, en primer lugar, establecer en qué medida el logro de la eficiencia es un elemento determinante en la gestión de la organización; en segundo lugar es necesario disponer de unos instrumentos que permitan medir los resultados en estos términos y, por último, es necesario que la eficiencia sea entendida como un elemento configurador de los procesos de toma de decisión.

Es hora de superar la creen-cia que identifica gestión pública con rigidez y conservadurismo, o freno a la capacidad de respuesta de los Gobiernos. Las nuevas exigencias de equilibrio presupuestario plantean la necesidad de conocer los costes de la acción pública y sus resultados como elemento necesario para dotar a la política presupuestaria del mayor rigor posible y permitir el máximo aprovechamiento de oportunidades y recursos.

La situación descrita obliga a perseverar en el esfuerzo de mejora de la eficiencia del sector público. En este sentido, es necesario emprender iniciativas en orden a establecer las bases metodológicas de un modelo basado en la responsabilidad del gestor y la vinculación presupuestaria entre medios y resultados que permita introducir la competitividad como clave de bóveda en la mejorara de la gestión pública.

La futura Ley General Presupuestaria debe ser la disposición que concrete y articule el modelo de gestión pública en esta dirección promoviendo el uso de nuevas técnicas de planificación, gestión y comunicación.