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La patronal de "telecos" cuestiona en Bruselas la política del Gobierno

La liberalización de la telefonía en España pasa mañana su reválida anual ante Bruselas. Gobierno, patronales y asociaciones de consumidores remiten hoy a la UE sus conclusiones sobre la situación del mercado para que mañana sean evaluadas. Y una de ellas va a ser muy dura. La patronal de operadoras, Astel, ha preparado un documento con fuertes críticas al Gobierno, en el que denuncia su excesivo intervencionismo, la omnipresencia de Ciencia y Tecnología y la debilidad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

El estado de la liberalización de las telecomunicaciones en España tiene una cita mañana en la Unión Europea. El comisario de la Competencia, Mario Monti, y el de Empresas y Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, revisarán ese día los documentos remitidos por el Gobierno, las patronales Astel, de operadoras, y Aniel, de fabricantes y suministradores, así como de asociaciones de consumidores.

La reválida llega en un momento de abierta confrontación entre las operadoras y el Ejecutivo por diversos temas, y así lo reflejará el documento de Astel. La patronal que engloba a la práctica totalidad de las competidoras de Telefónica ha analizado uno por uno los aspectos del proceso de liberalización. Ninguna de las conclusiones favorece al Gobierno, al que acusa de intervenir en exceso, en detrimento del poder del regulador establecido, la CMT.

Su primera crítica se centra en la incertidumbre regulatoria y el tema que encabeza la lista de aspectos en que la normativa ha sido cambiante y poco clara es la tasa radioeléctrica. La reválida en la UE se produce una semana después de que el Gobierno aprobara el canon para 2002, que ya ha sido contestado por el sector. El correspondiente a 2001 sigue recurrido.

Otra de las reivindicaciones de Astel tiene relación directa con Bruselas. La patronal de las operadoras asegura que los continuos cambios en el sistema de precios máximos (price cap) que regula las tarifas de Telefónica introduce incertidumbre al sector. Y varias de las modificaciones han sido impuestas por la Comisión Europea, que ha obligado al Gobierno Español a elevar el precio de la cuota de abono de Telefónica para ajustarla a los costes reales.

En estos momentos, el Ejecutivo nacional está redactando la respuesta a un segundo requerimiento de Bruselas, que no está satisfecha con el reequilibrio aprobado en abril y urge a que la subida de la cuota sea inmediata. Todo apunta a que el Gobierno no variará su posición, aún a riesgo de terminar ante el Tribunal de Luxemburgo.

La segunda oleada de críticas de Astel contra los responsables de las telecomunicaciones españolas se centra en el trato a Telefónica. La patronal considera excesiva la presión a la que se someten los márgenes de las operadoras por la aprobación de descuentos al ex monopolio. Las ofertas de Telefónica, añade, dejan en muchos casos los precios que pagan los clientes por debajo de los que los nuevos entrantes tienen que pagar a la operadora dominante por utilizar sus redes.

Tampoco está de acuerdo con la permisividad que ha demostrado el Gobierno a la hora de aprobar la entrada de Telefónica de España en el mercado del ADSL minorista, "con el riesgo de que se cree un nuevo monopolio" en el segmento de Internet de banda ancha en España.

Y, mientras tanto, "la liberalización del bucle local se retrasa", continúa el informe de Astel, con lo que la liberalización comienza a producirse con siete meses de retraso.

El documento de la patronal hace especial hincapié en combatir la visión catastrofista que, a su juicio, se ha presentado de los resultados de la liberalización en España. La tesis de la patronal puede resumirse en la idea de que el marco legislativo y de negocio en que se ha desenvuelto la desregulación ha sido muy malo, pero, a pesar de ello, las nuevas operadoras han logrado abrir brecha en el monopolio de Telefónica.

Como prueba de este esfuerzo, argumentan que la liberalización total se ha producido en enero de 2001 y desde entonces la preasignación (posibilidad de usar un operador alternativo para todas las llamadas) se ha disparado desde los 800.000 clientes de diciembre a los 1,3 millones del pasado julio.

 

El ministerio y Aniel, en español

Los documentos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en nombre del Gobierno, y la patronal del sector, Aniel, remitirán hoy mismo a Bruselas para la reválida anual sobre la liberalización de las telecomunicaciones tienen varias cosas en común. Una de estas coincidencias es puramente anecdótica, pero significativa. Por primera vez en este tipo de exámenes los documentos estarán redactados en español. Otra coincidencia más de fondo es que ambas instituciones insisten en señalar algunas políticas de la propia Unión Europea como causa de las limitaciones en los logros del proceso de desregulación de las telecomunicaciones en España, que ya dura tres años.

Según fuentes de uno de sus asociados, Aniel (la patronal más tradicional del sector, en la que está incluida Telefónica junto al conjunto de fabricantes de equipos del sector), centra su documento a Bruselas en la situación de la telefonía móvil, especialmente en relación con el impacto que sobre él ha tenido la imposición de la tasa por el uso del espectro radioeléctrico. El contenido del documento de las asociaciones de consumidores no ha trascendido.

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