La Junta extremeña aprueba el proyecto que grava los depósitos bancarios
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó ayer el proyecto de ley del impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito que se aplicará a los bancos y cajas de ahorros que operan en la comunidad autónoma.
El proyecto de ley será remitido ahora a la Asamblea de Extremadura para su aprobación y el Gobierno extremeño pretende que entre en vigor a principios del próximo año, según explicó ayer en rueda de prensa el consejero de Economía, Manuel Amigo. El Gobierno central ya ha anunciado que no descarta recurrirlo.
El nuevo impuesto, con el que la Junta espera recaudar 6.000 millones de pesetas al año, abrió un intenso debate cuando fue anunciado en marzo por el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
El texto inicial ha sido sometido a las aportaciones del Consejo Económico y Social, el sector bancario extremeño, representantes políticos, consultores externos y asesores propios, tras lo que se han introducido modificaciones, entre ellas la tarifa progresiva, que va desde el 0,3% al 0,5% de la base imponible en lugar de al 0,6% como se indicaba en un principio.
Según Amigo, se ha pretendido articular "un impuesto de fácil gestión y seguro control" para que los datos puedan ser contrastados por la Administración Tributaria, para lo que los datos determinantes de la base imponible los aportará el Banco de España.
El texto de anteproyecto define el impuesto como directo, cuyo objetivo es gravar la obtención de fondos "reembolsables" por las entidades crediticias en oficinas y sucursales abiertas en Extremadura.
Otro de los aspectos modificados es el referido a las deducciones aplicadas a los bancos, de las que se establecen tres tipos, de 150.000 euros (25 millones de pesetas), cuando la "casa central esté en Extremadura"; 5.000 euros (833.000 pesetas) por cada sucursal, que serán 7.500 euros (1.249.500 pesetas) cuando la sucursal esté en poblaciones inferiores a los 2.000 habitantes.
A estas deducciones, se suma una cuarta, la cuantía de las obras y servicios que por ser de interés general pacten los bancos y cajas foráneas con la Administración económica regional dentro de las líneas generales que la Asamblea de Extremadura acuerde cada año.
Reinvertir en la región
El consejero extremeño señaló que el Gobierno regional "no se reserva" el área en el que se invertirá lo recaudado, ya que seguirá las líneas marcadas por la Asamblea, y añadió que la voluntad de la Junta es "no cobrar ni una sola peseta por este impuesto", sino que estas entidades inviertan parte de los beneficios en aquellos que se lo producen "que son los extremeños".
Quedan exentos de este impuesto el Banco de España, las autoridades de regulación monetaria, el Banco Europeo de Inversiones y las secciones de crédito de las cooperativas, y se prohíbe la repercusión del impuesto sobre los clientes. El texto también ha modificado el método para promediar el saldo de estas entidades.