El Gobierno central recurre el impuesto de Ibarra sobre los depósitos
El Gobierno acordó ayer en el Consejo de Ministros recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley extremeña que ha creado un impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito. El Ejecutivo alega que vulnera competencias estatales, que grava una actividad que ya está sujeta a otro impuesto (el IAE) y que va contra la libre circulación de capitales.
El Ejecutivo, que también presentará recurso contra la Ley del Suelo extremeña, pedirá al Constitucional que aplique el artículo 161.2 de la Constitución por el que las leyes autonómicas recurridas quedan en suspenso al menos durante cinco meses.
El nuevo impuesto establece un gravamen de entre el 0,3% y el 0,5% de los depósitos captados tanto por bancos como por cajas y entró en vigor este año, tras ser aprobada en noviembre. El Ejecutivo de Ibarra, que tenía previsto recaudar 36 millones de euros anuales, justificó el tributo con el fin de que los beneficios de las entidades se reinviertan en la región.
El Gobierno central argumenta que el impuesto no respeta los límites que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) impone a estas Administraciones en materia tributaria.
Además, considera que la comunidad no puede imponer un tributo a bienes situados fuera de su territorio, ya que los depósitos gravados 'no se encuentran en la oficina, ni necesariamente en el ámbito territorial de la comunidad donde se captaron', ya que 'una vez depositados pierden su identidad'. Con esto hace referencia a lo captado por entidades no locales.
El consejero extremeño de Economía, Manuel Amigo, señaló ayer que la Junta recurrirá la decisión del Gobierno, que 'una vez más apoya los intereses de una minoría'.
La Asociación Española de Banca (AEB) apoya este recurso y hace hincapié en que grava dos veces la misma actividad. Por otra parte, fuentes de la Consultora de Administraciones Públicas señala que 'no queda claro que se dé una doble imposición'.