El Gobierno recurre al TC el impuesto extremeño sobre los depósitos de banca
El Gobierno ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley extremeña que establece un Impuesto sobre Depósitos de las Entidades Bancarias por entender que vulnera competencias estatales, afecta a bienes situados fuera del ámbito de esa comunidad autónoma y grava una actividad que ya es objeto de otros impuesto: el IAE.
En su reunión de hoy el Consejo de Ministros ha acordado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley, aprobada a finales del pasado mes de noviembre por la Asamblea de Extremadura y que entró en vigor el día 1 de enero de 2002.
En el mismo Consejo, el Gobierno ha acordado recurrir ante el TC otra norma extremeña: la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
El Gobierno recuerda que ya ha llevado al TC normativas similares de otras Comunidades Autónomas y que los preceptos impugnados están relacionados, entre otros puntos, con el régimen de propiedad de suelo urbano, la valoración del suelo y la expropiación forzosa.
En los dos recursos el Ejecutivo pedirá al Constitucional que aplique el artículo 161.2 de la Constitución, por el que las leyes autonómicas recurridas por el Gobierno central quedan en suspenso, al menos durante cinco meses, mientras el tribunal decide sobre el fondo del asunto.
En el caso de la Ley del Impuesto sobre Depósitos Bancarios, una norma que grava a los bancos y cajas existentes en la región con el fin de que vinculen el ahorro al progreso de la región y que según la Junta de Extremadura le permitirá recaudar unos 6.000 millones de pesetas, el Gobierno recuerda que las CCAA tienen autonomía financiera y capacidad para establecer y exigir tributos propios.
Añade, no obstante, que esa autonomía tiene sus límites, recogidos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que la comunidad extremeña habría sobrepasado con esta norma, según el informe analizado por el Consejo para decidir sobre la presentación del recurso.