<I>La economía sumergida y sus paradojas </I>
Julián Ariza sostiene que la economía sumergida crece en España por la ineficacia y la falta de rigor en la lucha contra el fraude, lo que hace que se consideren poco relevantes los riesgos comparados con el beneficio a obtener.
Una noticia publicada recientemente llamaba poderosamente la atención. Decía que la economía sumergida factura al año en España más de 20 billones de pesetas, lo que equivaldría al 22% de su producto interior bruto (PIB). La gravedad del dato se acentuaba al ir acompañado del estimado en 1998, cifrado en un 15% del PIB; es decir, en sólo dos años la economía sumergida habría crecido casi un 50%.
El impacto de la información, publicada por El País, se hacía más fuerte al conocer que los datos provenían de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, es decir, una fuente a la que, en principio, habría de concederse una razonable solvencia. Pero no es sólo eso.
Si la metodología y los conceptos de este último informe son los mismos utilizados en el anterior, resultaría que ese tremendo volumen de economía sumergida corresponde a lo que la Comisión Europea considera trabajo no declarado, esto es, el que, según definición de la propia Comisión Europea, "se realiza en cualquier actividad retribuida, que sea legal en su naturaleza, pero que no sea declarada a las autoridades públicas". En otras palabras, quedarían excluidas otras muchas actividades económicas no relacionadas directamente con el trabajo -por ejemplo, alquilar de particular a particular un apartamento para las vacaciones-, susceptibles, como las del trabajo no declarado, de escamotearle a la Hacienda pública la correspondiente porción de impuestos.
Se omiten, claro es, otras actividades también económicas como, por ejemplo, las del narcotráfico, pues ésas no se encuadran en el concepto al uso sobre economía sumergida.
Resumiendo, si las cifras del informe se confirmaran y se tuviera en cuenta lo que, como promedio, representa respecto del PIB el conjunto de lo que por impuestos y cotizaciones sociales recaudan las arcas públicas, el fraude teórico que resultaría sería del orden de los ocho billones de pesetas. En la práctica el fraude sería algo menor, pues una parte de lo producido en la economía sumergida entra en el circuito de la economía regular.
Cabe imaginar que los datos de la Comisión Europea y los de sus efectos sobre la minoración de ingresos del Estado resulten un tanto controvertidos. Es realmente sorprendente tanta velocidad de crecimiento de nuestra economía sumergida. Pero, sea como fuere, sin que a nadie le quepa la menor duda de que ése y otros muchos estudios e informes coinciden en colocarnos siempre en el grupo de cabeza en cuanto a economía sumergida y su correspondiente fraude al fisco y a la Seguridad Social, no se trata tanto de repetir aquí los perniciosos efectos que produce en el sistema público de protección social, en los derechos de los trabajadores, en la competitividad de las empresas y en la función redistribuidora del Estado, sino de comentar algunas de las paradojas que presenta la información que tenemos sobre este fenómeno.
Lo primero que llama la atención, tanto de los datos del informe de 1998 como de 2000, es que, aparte la notable tendencia al alza en toda la Unión Europea, la economía sumergida no parece guardar relación con el nivel de presión impositiva existente en cada país.
Al contrario, con las siempre inevitables excepciones, resulta que los países de la Unión Europea con mayor presión fiscal son, en general, los que tienen menor volumen de economía sumergida. Es el caso de los países nórdicos y de Holanda.
En otros grandes países -Reino Unido, Alemania y Francia- cuya economía sumergida esta situada en la franja media-baja ocurre que donde más ha crecido los dos últimos años es en el Reino Unido, esto es, el que, con diferencia, tiene menos presión impositiva de los tres. Son Grecia, Italia, España, Bélgica y Portugal los países que, por este orden, más economía sumergida generan, a la par de estar casi todos ellos en el grupo de cola en cargas tributarias.
La importancia de lo acabado de señalar es que tira por tierra los argumentos, tan queridos por las patronales, según los cuales la fórmula mágica para acabar con la economía sumergida es dar un tajo de gigante a los impuestos del capital y a las cotizaciones sociales.
Una segunda paradoja es, precisamente, que en paralelo a la reducción de cargas y costes al capital y a las empresas, aumenta la economía sumergida, sin que ello quiera decir que exista una relación de causa-efecto.
Por ejemplo, en estos últimos tiempos el Gobierno del Partido Popular les ha permitido a las empresas que, de forma poco menos que gratuita desde el lado fiscal, puedan actualizar en balance el valor de sus activos. Ni se sabe las decenas de miles de millones de pesetas que la Hacienda ha dejado de percibir. También les ha rebajado del 35% al 30% el impuesto de sociedades para los primeros 25 millones de beneficios, a esa enorme masa de empresas cuya facturación no excede de los 250 millones.
Por otra parte, han continuado las fuertes deducciones en las cotizaciones sociales, acordadas hace pocos años para el fomento del empleo de determinados colectivos y para aminorar la temporalidad de algunos contratos de trabajo; deducciones que suman alrededor de 400.000 millones de pesetas anuales. Pues bien, la economía sumergida ha crecido más rápido que nunca.
Existen sin duda más paradojas. Una de las más curiosas es la que surge al recordar que en los últimos cinco años el número de cotizantes a la Seguridad Social ha crecido alrededor de tres millones de personas. Tan espectacular incremento se ha atribuido no sólo al notable crecimiento de la riqueza producida durante estos años -un promedio anual aproximado del 4% del producto interior bruto-, sino a que, a fuerza de exoneraciones, deducciones y subvenciones a las empresas, habrían aflorado parte de las actividades sumergidas. Sin embargo, lejos de reducir su tamaño, la economía sumergida ha ido a más.
Aunque el repertorio es largo, cabe citar, para terminar, la paradoja que se desprendería si fuese cierta la tesis de que la rigidez del mercado de trabajo empuja a sumergir actividades. Porque nuestra reciente historia laboral se ha caracterizado precisamente por lo contrario a la rigidez, esto es, por la creciente "flexibilidad" tanto a la hora de la contratación de trabajadores como a la de su permanencia y salida del empleo.
Y la economía sumergida, hay que repetirlo una vez más, ha seguido aumentando. Sencillamente porque la desregulación del mercado de trabajo potencia en lugar de disminuir la economía sumergida.
Es clara la necesidad de profundizar más en este asunto, sobre el que se ha escrito mucho, pero, quizás, se sabe menos de lo que parece. Cuando se conozcan con mayor precisión las causas que impulsan y extienden la economía sumergida, es probable que las paradojas aquí apuntadas sean sólo aparentes y que en realidad lo que sucede es que se le atribuyen a unas causas mayor influencia de la que tienen otras, como puede ser el caso de la gran permisividad social con que se la juzga y, muy en particular, el resultado del cálculo coste/beneficio que todo sumergido realiza previamente a su inmersión. La ineficacia y la falta de rigor existentes en la lucha contra el fraude hacen que considere poco relevantes los riesgos al compararlos con los beneficios que puede obtener.
Entre las muchas recomendaciones que pueden hacérsele al Gobierno sobre el particular, la más modesta sería que pusiera en práctica una de las primeras propuestas de actuación que le hizo el Consejo Económico y Social (CES), en cuyo Informe 2/1999 sobre La economía sumergida en relación a la quinta recomendación del Pacto de Toledo decía lo siguiente: "Para un mejor conocimiento del problema, desde los poderes públicos debería fomentarse la investigación en torno al fenómeno de la economía sumergida, sobre todo en sus vertientes menos estudiadas, entre las que destaca la de sus repercusiones en el Sistema de Seguridad Social. El Consejo Económico y Social entiende que sería bueno realizar una investigación específica sobre la economía sumergida y el empleo irregular para todo el territorio español, en la línea de la encuesta de condiciones de vida y trabajo en España de 1985, tal como reiteradamente han sugerido los expertos en la materia".
Es probable que contando con una información más precisa y, sobre todo, con una más clara voluntad política, se consiga combatir con mayor eficacia esta lacra social y económica.