La crisis del orujo pone en duda la viabilidad del sector
El Ministerio de Sanidad tiene previsto levantar hoy la prohibición del aceite de orujo de oliva. Con ello se cierra supuestamente una crisis, abierta en julio, que ha dejado unas pérdidas de unos 5.000 millones, según el sector. Pero esta crisis se cierra en falso, con dudas sobre la viabilidad del sector, que facturaba 20.000 millones. Los extractores temen el hundimiento de las ventas y exigen un precio mínimo para seguir con la actividad. Además, varios extractores han recurrido la alerta decretada por Sanidad. Si finalmente la ley les da la razón, podrán reclamar indemnizaciones.
El levantamiento de la alerta sanitaria, reclamada desde el primer momento por el sector del aceite de orujo de oliva, llegará hoy. Así lo confirmaron ayer fuentes del Ministerio de la Presidencia. La medida será parcial y afectará sólo al orujo fabricado a partir de finales de julio respetando el tope máximo de benzopireno decretado por Sanidad. En cuanto al orujo inmovilizado, seguirá un camino más lento hasta llegar a los comercios. Se analizarán todos los lotes y se obligará a un nuevo refinado a los que no cumplan la norma.
Sin embargo, esto no supone un cierre total de la crisis. Los orujeros están negociando con el Gobierno desde una idea clara: el mercado del aceite de orujo de oliva necesita ayuda pública porque puede tardar hasta cinco años en recuperarse de la inmovilización decretada el 3 de julio, si es que las ventas vuelven a su nivel alguna vez.
Si se hunden los precios por esta previsible caída de la demanda, que las organizaciones agrarias estiman en el 70%, el sector amenaza con abandonar la actividad de la producción de aceite de orujo por falta de rentabilidad. Esto, además de pérdidas millonarias en el sector, acarrearía un problema medioambiental de primer orden en España y en la UE, ya que el orujo se extrae de los residuos contaminantes que genera el aceite de oliva.
Por cada kilo de aceite de oliva virgen se generan hasta cuatro kilos de residuos, que son aprovechados por las extractoras de orujo para elaborar aceite de orujo, entre otros productos. El problema trascendería las fronteras de España teniendo en cuenta que países como Portugal o Grecia procesan en el mercado español sus residuos procedentes de aceite de oliva.
Fuentes de los extractores, organizados en la asociación Aneo, aseguran que el Gobierno se ha prestado finalmente a una negociación con el sector, en la que se está buscando una fórmula de intervención pública que garantice a los extractores un precio mínimo para el aceite de orujo crudo, el que las extractoras venden a las refinerías.
Este precio, advierten, no debe bajar de las 120 pesetas por kilo, ya que este año el precio de mercado de este producto ha oscilado entre 120 y 150 pesetas.
Al margen, el sector aspira también a lograr compensaciones por las pérdidas derivadas de la alerta sanitaria y posterior inmovilización de todo el aceite de orujo que estaba a la venta, unos cinco millones de kilos.
Los orujeros insisten en que esta alerta estaba injustificada. Respaldados por la propia Unión Europea, que criticó la medida por desproporcionada, alegan que no existía una norma que fijara un límite máximo de benzopireno y que los niveles de este agente cancerígeno a largo plazo no eran alarmantes en el orujo inmovilizado.
Una veintena
de recursos contra Sanidad
Los extractores de orujo de Córdoba, un total de ocho empresas, han sido los primeros en anunciar que han presentado ante Sanidad un recurso en el que se pide la nulidad de la alerta sanitaria. Este recurso, de difícil admisión por parte del ministerio porque supondría asumir su error al ordenar la inmovilización, es el paso previo al contencioso y a la reclamación de indemnizaciones.
Los extractores cordobeses, según admite su representante, Rafael Espuny, agotarán esta vía. Los recursos ante Sanidad, que ya suman una veintena según fuentes del sector, han evidenciado la división de los orujeros. La asociación de extractoras Aneo también ha presentado este recurso, aunque su estrategia es la de la negociación y no la de dar publicidad a la posibilidad de confrontación con el Gobierno. "Pedir, por ejemplo, una norma comunitaria sobre benzopireno para todos los alimentos y no sólo para el orujo significaría que el mercado seguiría paralizado dos años", replica un partidario de esta vía diplomática.