La deuda aplazada con la Seguridad Social registra cotas mínimas

La deuda que las empresas españolas tienen aplazada con la Seguridad Social es de 204.975 millones de pesetas, el nivel mínimo de los últimos 10 años. Este volumen tan bajo de deuda aplazada es síntoma de la buena salud financiera de las empresas y tiene más valor si tenemos en cuenta que la afiliación está en máximos históricos (16.000 millones de cotizantes).

El aplazamiento de pago de las cotizaciones a la Seguridad Social es un mecanismo utilizado por las empresas que tienen dificultades financieras, y que permite evitar el procedimiento ejecutivo de cobro. æscaron;nicamente pueden aplazarse deudas cuando surge una dificultad financiera para la empresa y está al corriente de pago; los aplazamientos los concede siempre la Tesorería de la Seguridad Social, por periodos definidos, exigiendo garantías reales por el valor de la deuda que se aplaza, y con un coste igual al interés legal del dinero.

Por tanto, este procedimiento administrativo ofrece en cada momento una idea de las dificultades que se van encontrando las empresas. Ahora, dado que la economía lleva varios años creciendo a tasas elevadas y en los que la creación de empleo ha sido muy fuerte, el volumen de deuda aplazada por las empresas con la Seguridad Social es el más bajo de los 10 últimos años. Ahora hay en aplazamiento 204.975 millones de pesetas (1.232 millones de euros).

Esta cifra tiene más relevancia si se tiene en cuenta que nunca la Seguridad Social había tenido tantos cotizantes como ahora, ya que ahora supera los 16 millones. Por tanto, los niveles de morosidad reglada (deuda reconocida y aplazada, pero pagadera con fecha fija) son los más bajos de la historia del sistema de la Seguridad Social, y rondan el 2%.

El mayor nivel de deuda aplazada a la Seguridad Social se produjo en el año 1996, con 333.879 millones de pesetas, en un momento en el que para las empresas podía ser incluso barato utilizar este mecanismo como alivio financiero, puesto que era más barato que solicitar crédito bancario para hacer frente a las obligaciones sociales de la cotización.

Recaudación ejecutiva

En caso de incumplir alguna de las condiciones impuestas por la Tesorería de la Seguridad Social para conceder el aplazamiento, o en caso de no abonar la cantidad establecida en los plazos fijados, la Seguridad Social inicia el cobro del monto aplazado por vía ejecutiva. Este mecanismo ejecutivo es el que se aplica a todas las deudas descubiertas no reguladas.

La Seguridad Social recauda por el procedimiento de apremio ejecutivo todas las deudas que detecta por impagados en plazo. Este mecanismo recauda también los intereses devengados por mora. En los cinco primeros meses de 2001, la recaudación en vía ejecutiva realizada por la Seguridad Social fue de 62.764 millones de pesetas, frente a los 71.689 millones de pesetas del mismo periodo del año 2000, dato que da igualmente idea de la salud financiera de las empresas.

Sin embargo, hasta el año 2000 se produjo un crecimiento sistemático año tras año desde que este mecanismo de recuperación de recursos se puso en marcha por parte de la Seguridad Social.

En el año 2000 se recuperaron 160.861 millones de pesetas, frente a los 157.095 de 1999, o los escasos 61.423 millones de 1990, hace 10 años.

De la cantidad recuperada en el año 2000 (160.8761 millonjes), la mayor parte llegó a la Tesorería a través de las Unidades de Recaudación Ejecutiva (URES), con unos 143.393 millones de pesetas. El resto, los 17.468 millones, se recuperó por la vía de la deducción de los recursos transferidos a las Administraciones públicas deudoras con el sistema de pensiones. Además, fuentes de la Seguridad Social destacan la repercusión positiva de la recaudación ejecutiva en la voluntaria, ya que el procedimiento de apremio provoca, de forma indirecta, que disminuya la deuda y, en consecuencia, la recaudación voluntaria.

Este mecanismo se puso en marcha en el año 1992 para hacer frente a la recuperación de las deudas con la Seguridad Social de ayuntamientos, comunidades autónomas y organismos públicos estatales.