Las diputaciones vascas recurrirán ante el Tribunal de Luxemburgo
Las tres diputaciones forales vascas (Álava, gobernada por el PP, y Guipúzcoa y Vizcaya, controladas por el PNV y EA) han anunciado que acudirán juntos y coordinadamente ante el Tribunal de Primera Instancia de la UE para recurrir la decisión de la Comisión Europea de declarar "ilegales" las ayudas fiscales que concedieron entre 1995 y 2000. La Comisión exige, además, la recuperación de las ayudas y anunció la apertura de expedientes contra 11 regímenes fiscales de toda Europa, entre ellos uno en Vizcaya y dos en Gibraltar.
Tras dos años de investigación llevada a cabo por la Comisión Europea, el asunto de las ayudas fiscales concedidas en el País Vasco y en Navarra en los últimos años no parece tocar a su fin. Las tres diputaciones forales vascas (gobernadas por el PP, en el caso de Álava, y por el PNV y EA, en el caso Guipúzcoa y Vizcaya) han anunciado que recurrirán conjuntamente ante el Tribunal de Primera Instancia, con sede en Luxemburgo, la decisión de declarar "ilegales" las ayudas y la exigencia de recuperar las mismas.
Las autoridades vascas y navarras, que aún no han comunicado la identidad de las empresas que se han beneficiado de los regímenes fiscales cuya ilegalidad dictaminó ayer la Comisión Europea, disponen de dos meses para hacerlo. Y parece ser que la carta de los tribunales también podría ser usada por las autoridades comunitarias. "Existe un Tribunal de Justicia de la Unión Europea", advirtió ayer el comisario de Competencia, Mario Monti, ante la posibilidad de que las autoridades se nieguen a recuperar la ayuda ilegal.
Para el comisario, las decisiones de ayer constituyen "una prueba del compromiso de la Comisión (...) en la lucha contra las medidas de apoyo a las empresas que sean incompatibles con el derecho comunitario". Pero el comisario italiano admite que, al menos en la apertura de los 11 nuevos expedientes, el Ejecutivo ha realizado una larga negociación con los Estados miembros para atacar sólo los puntos menos sensibles de cada país. Algunos ministros de Economía, afirma Monti, reconocen en privado que esta investigación les ayudará a eliminar ciertos regímenes fiscales. Ocho Estados miembros son "la víctima", ironiza Monti, de los nuevos expedientes. Entre ellos figuran los incentivos de la Diputación de Vizcaya para que las multinacionales ubiquen en esa provincia su domicilio fiscal. Dos regímenes similares en Gibraltar serán objeto también de investigación.
Créditos
En la mayoría de los casos se trata, según reconoce la Comisión, de regímenes ya abolidos o en proceso de desaparición. Monti intentó negar, sin embargo, que esta cautela obedezca a presiones gubernamentales. "La insensibilidad a la presión política es un fenómeno positivo que se contagia entre los diferentes departamentos de la política de competencia". Se escudó tras la reconocida independencia del área de la Comisión encargada de analizar las fusiones y adquisiciones de empresas. Ayer, de momento, las decisiones negativas se concentraron en el País Vasco y Navarra.
Bruselas considera ilegales los créditos fiscales del 45% que, desde 1995, concedieron las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya a las inversiones superiores a 15 millones de euros (2.500 millones de pesetas). El Ejecutivo comunitario no condena la filosofía de esta medida de apoyo a la inversión, pero considera que la proporción de la ayuda supera la permitida en regiones de renta per cápita superior al 75% de la media comunitaria, como es el caso de todo el País Vasco.
La Comisión condena, asimismo, como ayuda operativa, las llamadas vacaciones fiscales. Las diputaciones (gobernadas en 1995 por el PNV, aunque el PP es mayoría ahora en la de Álava) utilizaron desde 1996 este régimen para atraer capital foráneo. El señuelo consistía en reducciones en la base imponible de las empresas durante cuatro años consecutivos (del 99%, 75%, 50% y 25%, en cada ejercicio sucesivo). El régimen se ofrecía cada año a nuevos candidatos mediante la Ley de Acompañamiento del Presupuesto de las Diputaciones. "Las tres provincias no constituyen territorio apto para conceder ayuda operativa", dictaminó ayer la Comisión. El mismo veredicto ha recaído para el Gobierno Foral de Navarra, presidido por UPN. Ofreció una rebaja fiscal de la base impositiva del 50%.
Desencanto general en Euskadi y alegría en La Rioja
El varapalo del equipo de Mario Monti sobre la gestión de la normativa fiscal vasca y navarra ha provocado un desencanto en las instituciones de Euskadi, de uno y otro signo político, y también en el empresariado. En el lado contrario se sitúa la Comunidad de La Rioja. Su presidente, Pedro Sanz, mostró su satisfacción por el dictamen del comisario de la Competencia, una resolución por la que habían apostado en La Rioja. Sanz dijo que espera que esta decisión "haya servido de cura de humildad para algunos", refiriéndose a las comunidades forales. En el medio se colocó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien dijo que la decisión comunitaria es una advertencia a los Gobiernos de estas regiones para que no "hagan un uso abusivo" de su capacidad normativa.
La patronal Confebask también apuesta por el recurso. A la defensa de estas normas se debería sumar, en teoría, la Administración española. El abogado del Estado defendió en Luxemburgo la postura vasca en la cuestión prejudicial relativa a otros incentivos fiscales de las diputaciones. La vicelehendakari del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia, aseguró que, pese a que la resolución de la CE reconoce el Concierto Económico como un sistema tributario general como el de cualquier Estado de la UE, sí censuró que la decisión "no es homologable" a otras que en materia de competencia se han adoptado sobre otros Estados.
Todas las medidas del País Vasco quedaron abolidas tras la paz fiscal, firmada por Vitoria y Madrid en el año 2000.