Los productores dicen que su renta ha caído un 80% desde 1997

El sector aceitero tiene encendidas todas las luces rojas: caen las ventas, los precios en origen llevan más de un año sin repuntar, las penalizaciones a la producción comienzan a ser normales, un 40% de las explotaciones olivareras está por debajo de los umbrales de rentabilidad y otro 30% sólo es rentable algunos años.

A este escenario infernal llega ahora el benzopireno para paralizar las ventas en el exterior del aceite de oliva y bloquear la circulación de las 400.000 toneladas almacenadas en España, lo que provocará otra caída de precios en origen.

La crisis del orujo llega en un mal momento. Las ventas volvieron a desplomarse el último mes de mayo un 19%; los precios del producto en origen comenzaron a caer en mayo de 2000, cuando el aceite de oliva costaba de media 350 pesetas, y todavía no se han recuperado, pues continúan a unas 270 pesetas de media; las penalizaciones a la producción comienzan a ser endémicas tras la desaparición del mecanismo de intervención.

No es extraño, por tanto, que estos indicadores hayan originado el siguiente dato: desde 1997, la caída de la renta sufrida por los olivareros ha sido de un 80%, según un detallado estudio elaborado por la Unión de Pequeños Agricultores.

Y tampoco es extraño que los productores sientan pánico ante el hecho de que las restricciones a la importación adoptadas ahora preventivamente por los países de la Unión Europea, tras la detección de las partículas cancerígenas en el aceite de orujo español, se conviertan en estructurales.

Ahora mismo hay almacenadas aproximadamente 400.000 toneladas de aceite de oliva en las bodegas de las almazaras y de las envasadoras. Si esta cantidad no sale en un tiempo razonable, los precios volverán a caer irremisiblemente. Y su recuperación no será inmediata, en tanto que lo que menos se espera en estos momentos es un crecimiento del consumo en un plazo razonable.

Rentabilidad

La génesis que originó la tempestad en la otrora balsa de aceite arranca en el momento de bonanza que vivió el sector en la segunda mitad de los años noventa, que reafirma la fortaleza de un sector con una producción de 300.000 millones de pesetas, con unas ayudas de 169.000 millones que se distribuyen entre las más de 400.000 explotaciones que existen en nuestro país.

Bruselas era generosa y enviaba ingentes partidas a los productores. Como consecuencia, sociedades y profesionales con poder adquisitivo se lanzaron a la compra de olivares o a la roturación de tierras para plantar olivos (un estudio de COAG dice que en Andalucía, el 94% de los productores recibe el 49% de las ayudas, mientras que el 51% de las ayudas restantes es destinado a tan sólo un 6% de los olivareros). Y no eran olivares convencionales: contaban con modernas infraestructuras de riego, abonado, etcétera que los convertía en al menos tres veces más productivos que el olivar tradicional.