Hacienda baraja el 18% para planes de pensiones de empresa

El Ejecutivo está estudiando potenciar la armonización de los instrumentos de ahorro a largo plazo, reduciendo al 18% la tributación del rescate de las rentas generadas por planes de pensiones colectivos, que acuerden los trabajadores con su empresa.

El Gobierno está estudiando mejorar los incentivos fiscales a los planes de pensiones en las empresas. Se ha dado de plazo un año, el tiempo que transcurrirá hasta que envíe al Parlamento las reformas del IRPF y del impuesto sobre sociedades, a mediados de 2002. El objetivo es incentivar tanto a los trabajadores como a los empresarios para que aumenten su interés en este tipo de activos frente a los planes de pensiones individuales.

En la actualidad tan sólo el 4% de los asalariados tiene un plan colectivo de pensiones (sistema de empleo) y sólo el 2% lo tiene establecido en convenio colectivo. A 31 de marzo de este año estaban contabilizados 488.302 partícipes con planes colectivos, con un patrimonio de 2,8 billones de pesetas, frente a los 4,5 millones de partícipes (3,55 billones de patrimonio) con planes individuales. Esta descompensación entre los dos tipos de planes de pensiones se debe a que ni trabajadores ni empresarios encuentran ventajas en los planes colectivos.

Desde el punto de vista del trabajador, los planes individuales tienen el mismo tratamiento fiscal que los de empleo. Es decir, una reducción general en la base liquidable del IRPF por aportaciones anuales y una tributación, en el momento del rescate del plan, que varía según si se percibe en forma de capital, en una sola paga, o en percepción periódica (esta última es considerada como renta de trabajo).

El Gobierno tiene en mente ahora, junto a otras alternativas, la posibilidad de que la tributación en el momento del rescate sea fija, un 18%. Esta idea tiene varias ventajas. Por un lado, supone un avance en la homogeneización del trato fiscal del ahorro a largo plazo (las plusvalías de fondos de inversión, acciones y otros activos financieros tributan al 18% a partir de un año de antigüedad) tal y como ha pedido el Banco de España al Ejecutivo.

Además, está en línea con las propuestas realizadas por la asociación de instituciones de inversión colectiva (Inverco), partidaria de diferenciar, en el momento de la prestación, lo que ha sido aportación de lo que es ganancia patrimonial. La aportación, como salario diferido, debería tributar, según Inverco, como renta del trabajo, y la ganancia patrimonial al tipo del 18%.

Sin embargo, la idea de establecer un tipo fijo exclusivamente para los planes colectivos de empresa dificultaría la viabilidad de los individuales y la rentabilidad de las entidades que se dedican a ello. Además, Hacienda no ha evaluado aún el impacto global, en materia de ahorro, del plan liberalizador de junio de 2000. Según reconoce el director general de Tributos, Estanislao Rodríguez-Ponga, "el Gobierno tiene varios meses para medir el efecto del paquete liberalizador antes de decidir sobre incentivos a planes de pensiones". Asimismo, siempre queda la posibilidad de seguir incrementando los límites de las aportaciones a planes, con derecho a deducción en el IRPF.

Por otro lado, Hacienda es consciente de que debe favorecer también al empresario para que se muestre propicio a ofrecer planes colectivos a sus empleados. Hasta el momento, a la empresa le da lo mismo pagar a los trabajadores en dinero que en aportaciones a planes de empresa, ya que son deducibles en el impuesto sobre sociedades. Inverco propone que estas aportaciones, además de ser gasto deducible en sociedades, tengan derecho a una deducción general (del 5%), de manera similar a la deducción por inversiones.

La organización de Consultores de Pensiones (Ocopen) es partidaria, por su parte de que Hacienda flexibilice la ley de forma que sea más fácil y barato cobrar las prestaciones como rentas y no como un capital único.

 

Reforma de las comisiones

de control

Otro de los asuntos pendientes, que el Gobierno piensa corregir, es el actual régimen de las comisiones de control de los planes de pensiones, encargadas de supervisar las inversiones que se realicen.

Actualmente, las comisiones de control están en manos de representantes de los trabajadores, según estipula la ley, hecho que ahuyenta al empresario a involucrarse en unos órganos que no puede gestionar a su gusto. De hecho, gran parte de las críticas vertidas por la patronal hasta ahora, se refieren a la supuesta falta de cualificación de los representantes de los trabajadores para dirigir un órgano que debe hacer frente a decisiones con un marcado carácter técnico.

El Gobierno tiene el propósito de equilibrar el peso entre trabajadores y empresa, de tal forma que sean las normas de funcionamiento de cada plan las que establezcan la composición y el sistema de elección de las citadas comisiones de control. De la misma forma, Hacienda no tiene previsto legislar antes de conocer todas las propuestas en materia fiscal y laboral, tanto de la patronal como de los sindicatos, con el ánimo de que se llegue al máximo consenso posible en la nueva legislación sobre planes de pensiones de empresa.

 

La inversión en renta fija alcanza el 53% de la cartera

La ley obliga a destinar gran parte de las aportaciones a fondos de pensiones entre activos de renta fija. Sin embargo, ofrece la posibilidad de combinar estas decisiones con renta variable para rentabilizar las inversiones. Con todo, los cerca de cinco millones de partícipes (entre planes individuales y de empresa) tienen su dinero en activos de menor riesgo. Un vistazo a la estructura de la cartera de los fondos de pensiones sirve para comprobar cómo el 53% está invertido en valores de renta fija (13% fuera de España y el 40% en el interior).

De cara a la reforma de los planes de pensiones, los expertos en instituciones de inversión colectiva han sugerido ya a Hacienda que haga algunas modificaciones. Una de ellas pasaría por la posibilidad de que se pudiera invertir más del 10% de un activo del fondo en un único emisor, cuando la política de inversión sea la de seguir un índice, tanto de renta fija como de renta variable.

Sugieren también la eliminación del tope del 5% que se aplica ahora para la participación en sociedades de capital riesgo y en valores no cotizados. Otra posible modificación consistiría en que, dentro de una misma empresa, existieran diferentes políticas de inversión, de tal manera que se puedan cubrir las diferentes necesidades del colectivo de trabajadores.

Ello se realizaría, bien permitiendo la existencia de varios planes (uno para cada política de inversión) o bien mediante un único fondo de pensiones con diferentes carteras.