El Parlamento incluirá en la Ley Financiera la reforma de las cajas
La Dirección General del Tesoro tiene previsto remitir hoy mismo el anteproyecto de Ley Financiera al Consejo de Estado, pero su envergadura hace improbable que el dictamen esté listo en julio para que llegue al Consejo de Ministros antes de las vacaciones. El texto que verá este órgano consultivo deja fuera las medidas para modernizar las cajas, que se incluirán mediante trámite parlamentario. Las cuotas participativas irán en un real decreto.
El anteproyecto que verá el Consejo de Estado no es exactamente el mismo que se sometió a consulta pública de los sectores implicados. Tras muchas alegaciones, hay aspectos importantes que se han caído del texto, como el artículo que regulaba el régimen de incompatibilidades y limitaciones de los miembros del consejo de administración, directores generales y asimilados de los bancos. Parece que el Gobierno ha optado, de momento, por dejar la legislación como está, a pesar de que se reconoce que es una norma desfasada (data de 1968) y que el propio Banco de España ha considerado en ocasiones la conveniencia de derogarla. El borrador inicial señalaba que los miembros de los consejos de administración de los bancos no podrían estar en más de cuatro consejos y órganos equivalentes de sociedades mercantiles al mismo tiempo. Además, también se están considerando modificaciones en la figura del defensor del ahorrador, uno de los aspectos más criticados del proyecto por las entidades financieras y aseguradoras, que lo consideran intervencionista. Los cambios proponen crear tres comisionados distintos para cada sector (entidades de crédito, aseguradoras y mercado de valores), en vez de un solo comisionado para todo el sector financiero, como estaba previsto inicialmente. En cualquier caso, los usuarios de servicios financieros contarán con una ventanilla única para presentar sus reclamaciones.
En cuanto al futuro de la legislación que modernizará las cajas, fuentes de la Dirección General del Tesoro señalan que las normas relativas a estas entidades se incluirán en la Ley Financiera durante el trámite parlamentario.
Las medidas más importantes son esperadas desde hace tiempo por el sector. Ya se incluyeron en el primer borrador del anteproyecto de Ley Financiera, aunque luego desaparecieron con la intención de que se aprobasen con el máximo consenso político. La principal es la limitación al 50% de la representación pública en los consejos de gobierno. El afán legislativo de los Gobiernos autonómicos ha ido ampliando poco a poco la presencia política, lo que ha provocado que muchas de ellas superen ya este porcentaje. Eso choca con una directiva comunitaria, que entiende que son ayudas públicas los préstamos concedidos por entidades en cuyos órganos de gobierno hay más de un 50% de peso público.
El Gobierno confía también en que se apruebe una enmienda para evitar que los puestos directivos dependan de los vaivenes políticos, de manera que no se pueda destituir a un directivo de una caja sin haber concluido su mandato, al margen de los procesos electorales. Otras medidas que podrían incluirse se refieren a la derogación de algunas antiguas normas, como la que prohíbe a las cajas cobrar comisiones por la gestión de libretas de ahorro.
Para completar la modernización prevista, sólo faltaría la regulación de las cuotas participativas, un instrumento de financiación con el que se busca ampliar los recursos propios de estas entidades. Pero las cuotas no irán en la Ley Financiera. El Gobierno tiene previsto desarrollarlas a través de un real decreto, según señalaron ayer las fuentes mencionadas, que no aclararon si estos títulos cotizarán en Bolsa o tendrán o no derechos políticos. En principio, se conciben sin derecho de voto, pero eso las hace menos atractivas que las acciones, por lo que el PP y el PSOE han venido negociando la posibilidad de que sean desgravables fiscalmente.
La norma no estará en el BOE hasta 2002
Los técnicos de Economía han dado ya los últimos retoques al anteproyecto de Ley Financiera, que hoy mismo, o a más tardar a principios de la semana que viene, podría remitirse al Consejo de Estado. La directora general del Tesoro, Gloria Hernández, manifestó ayer en unas jornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) que la intención es que este órgano consultivo dictamine de urgencia y el Consejo de Ministros apruebe el texto en el mes de julio, antes de irse de vacaciones.
Sin embargo, por las fechas en que nos encontramos y la envergadura del proyecto, es improbable que el dictamen esté listo antes del mes de agosto. Eso significa que el Consejo de Ministros no lo aprobaría hasta septiembre para su remisión a las Cortes. Luego se abre un plazo de enmiendas en Congreso y Senado que, además, se presenta complicado, ya que será allí donde se incorporen muchas de las medidas que ahora han quedado fuera en busca del consenso entre los partidos.
Por eso, ni los más optimistas confían en que la ley pueda estar publicada antes de fin de año en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Una reforma tan ambiciosa no puede hacerse con prisas", sugería el otro día José Folgado.