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TRIBUNA
Columna
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Situación insostenible en la agricultura

Carlos Tió advierte que los objetivos de la Política Agraria Común no podrán financiarse porque los gastos agrícolas tradicionales son tan elevados que impiden cualquier incremento de los presupuestos dedicados a este sector.

Hace muy pocos días el Gobierno español aprobó su programa de modernización de explotaciones agrarias, que supone la realización en los próximos años de inversiones por cerca de 600.000 millones de pesetas. La noticia sería reconfortante si no se hubiera producido pocos días antes el anuncio de que no podrán ejecutarse varios programas de desarrollo rural, que España debe cofinanciar en 2001, al haberse agotado los 1.184 millones de pesetas presupuestados con este fin, debido a los gastos extraordinarios provocados por las ayudas para compensar la subida de precios del gasóleo agrícola y las medidas extraordinarias contra la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), que han agotado los presupuestos del Ministerio de Agricultura. Hay que suponer que la nueva crisis en el sector porcino, tras la aparición de los focos de peste porcina clásica, vendrá a agravar la situación presupuestaria.

Estos hechos no se deben a un problema coyuntural. Existen razones profundas vinculadas a la propia naturaleza de la Política Agraria Común europea (PAC), que nos están arrastrando a una situación financieramente absurda. Los nuevos objetivos de la PAC, las situaciones de crisis real que se presentan en numerosos sectores productivos, los programas nuevos e imaginativos... no cuentan con posibilidades de financiación debido a que los gastos agrícolas tradicionales, que cada día están sometidos a mayores críticas, son tan elevados que impiden cualquier planteamiento de un incremento de los presupuestos dedicados a la agricultura o el desarrollo rural. Se trata, por tanto, de una situación insostenible.

La mayor parte del presupuesto comunitario para agricultura se ha dedicado históricamente a las medidas de regulación del mercado, contenidas en las denominadas Organizaciones Comunes de Mercado (OCM). Tras las reformas de 1992 y de la Agenda 2000, buena parte de estos gastos agrícolas se ha transformado en ayudas directas a la hectárea o a la cabeza de ganado. Inicialmente se trataba de compensar con ellas las disminuciones en los precios de intervención; en definitiva, significaba el gradual desmantelamiento de la política tradicional de regulación de los mercados agrarios a través de los sistemas de compras de intervención. En su lugar se ha establecido un régimen de mantenimiento de rentas, a través de un conjunto de ayudas que aportan una parte sustancial de la renta de las explotaciones en los contados sectores productivos que de ellas disfrutan. Este tipo de gasto agrícola es financiado por la UE al 100%, sin necesidad de cofinanciación de los Estados miembros.

Es sin duda llamativo el hecho de que el mantenimiento de rentas, como tal, no es hoy día un objetivo explícito de la actual filosofía de la PAC. En sus planteamientos más recientes, la UE sostiene la idea de defender un modelo en el que la agricultura sea competitiva, sostenible y multifuncional. æpermil;stos son realmente los objetivos de la PAC en la actualidad. Pues bien, todos los programas que se dirigen a lograr estos objetivos explícitamente declarados como deseables, se incluyen en el denominado Reglamento de Desarrollo Rural, o segundo pilar de la PAC, que en todos sus gastos exige cofinanciación nacional.

Este conjunto de contradicciones tiene una solución muy compleja. Transferir presupuesto al segundo pilar de la PAC implica mayor cofinanciación nacional y, por tanto, renacionalización de la Política Agraria Común. Pero, a su vez, la regulación de los mercados agrarios se hace cada día más inviable, dados los compromisos internacionales ante la Organización Mundial de Comercio. Por ello, se ha seguido el sistema de ayudas directas, en definitiva de mantenimiento de rentas.

Para cerrar el círculo vicioso en el que se encuentra la PAC, el objetivo de mantenimiento de rentas se enfrenta a la realidad de una agricultura basada en gran medida en el empleo a tiempo parcial, que supone que la renta de los agricultores está formada por sus ingresos agrarios y los extra-agrarios. ¿De que magnitud son las rentas extra-agrarias de los agricultores?, ¿quiénes son realmente los agricultores a los que se está sosteniendo las rentas?

Otra serie de consecuencias colaterales confirman que la actual estrategia agraria comunitaria está desincentivando la modernización y mejora estructural, y con ello su capacidad de competir en mercados que cada día se quieren abrir al comercio mundial en mayor medida: los precios suben en el mercado de la tierra y se dificulta el arrendamiento, ya que la simple tenencia de la tierra garantiza una renta mínima a través de las ayudas directas. La elección de las siembras o plantaciones viene distorsionada por la existencia de cultivos con derecho a subvención y otros que no disfrutan de estas ayudas.

En resumen, nos enfrentamos al peor de los escenarios: una situación absurda e insostenible, en un contexto plagado de rigideces que impiden adoptar soluciones racionales debido a que estas son políticamente inviables.

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