<I>La batalla por la tarifa eléctrica</I>

Javier de Quinto considera que las eléctricas tienen hoy argumentos sólidos para reclamar un cambio de tendencia tarifario, pero que en la revisión del sistema deben participar también otras organizaciones, como las de consumidores.

Hace poco hemos podido presenciar un amable duelo dialéctico, inacabado por el momento, entre el vicepresidente segundo del Gobierno y varios altos dirigentes del sector eléctrico, entre ellos, significativamente, el presidente de Endesa. Motivo básico: la tarifa eléctrica.

No es la primera vez, ni será la última, que las eléctricas se quejan de la tarifa. Y seguramente en más de una ocasión han exagerado el gesto, como por ejemplo ocurrió con la tarifa de 1996 (subida cero), que fue recurrida judicialmente por las compañías, para más adelante (con el PP en el Gobierno) retirar el recurso, aceptar un importante cambio regulatorio (Protocolo de 1996) y hasta hoy, casi sin solución de continuidad, asumir notables rebajas de la tarifa.

Pero hoy las compañías parecen tener argumentos sólidos para reclamar un cambio de tendencia tarifario. Los crecimientos de la demanda se ralentizan, el proceso de absorción de capacidad ociosa que hemos conocido a lo largo de los noventa toca a su fin, la demanda marginal está siendo atendida con centrales marginales de alto coste variable, los combustibles han subido de precio, las compañías tienen que empezar a invertir a ritmos importantes para atender necesidades futuras y las inmovilizaciones en balance aumentan. Sólo la importante aportación hidráulica del último año y una cierta ralentización en el ritmo inversor y de mantenimiento de algunas redes palian el aumento de los costes. Cualquiera que haya realizado un análisis de las cuentas que las compañías han presentado a sus respectivas juntas de accionistas verá que el aumento de los resultados está bastante apoyado en lo que podríamos denominar el consumo de grasa corporal. La rentabilidad sobre activos (ROA) de la generación eléctrica es realmente bajo en muchas compañías.

El Gobierno, por su parte, alega que las compañías deben buscar eficiencias y no subidas de la tarifa. Pero lo cierto es que, desde que a mediados de los años noventa, las empresas eléctricas fueron saneadas, llevan años haciéndolo y sus ratios de eficiencia (dadas nuestras circunstancias geográficas y de renta) son absolutamente homologables a la media europea.

Corremos el riesgo de repetir el error californiano, consistente en consolidar una evolución divergente entre costes y precios de mercado (alcista) y las tarifas (semicongeladas), lo que condujo, primero, a una situación de rápido endeudamiento y luego de suspensión de pagos, que hoy a duras penas se combate con ingentes fondos públicos.

Si la dinámica de costes eléctricos (y de tarifas) está cambiando o va a cambiar, el Gobierno pagará su penitencia al haber vendido la ecuación (errónea) de mayor competencia (y más si la diseño yo) igual a grandes bajadas de precios; cuando lo correcto hubiera sido decir que mayor competencia iguales precios cerca del coste marginal.

La tarifa, que puede ser entendida como un contrato bilateral anual entre los consumidores agregados con menos información y poder de negociación, que implícitamente delegan en una instancia superior la negociación, y las compañías eléctricas, debe ser sensible a la evolución de los costes. Hablamos de costes y no del precio en el mercado mayorista de generación, porque dadas sus muchas imperfecciones competitivas, sería ingenuo buscar esa correlación y, por otra parte, porque la mayor parte de los componentes del precio eléctrico son regulados y no se forman con mecanismos de mercado.

El único criterio válido para la fijación de tarifas, en cualquier sector, es la evolución de sus costes específicos y la razonabilidad de los resultados empresariales, y no la evolución de la inflación u otras magnitudes seguramente mucho más importantes para el Ministerio de Economía. Por ello, en muchos otros países, a diferencia de España, la fijación de la tarifa corresponde a un órgano regulador independiente. Y nuestra Comisión Nacional de Energía más parece un gabinete del Ministerio de Economía.

Las dinámicas tarifarias muy politizadas (hoy cedes tú porque yo tengo un problema o porque yo ayer te di más de lo que necesitabas o porque ya te lo daré cuando vengan mejores tiempos) tampoco conducen a nada bueno.

El hecho es que, antes o después, vamos a conocer un cambio de tendencia y de entorno en el sector eléctrico. El problema es con qué mecanismos y con qué talante vamos a afrontarlo. No se trata de dar la razón a las compañías, al Gobierno, o situarnos en un ecléctico término medio, cuestión básicamente numérica, sino que la vigente dialéctica Gobierno - compañías se nos queda obsoleta. Que la resultante de la revisión del sistema eléctrico, ya prevista en el Protocolo de 1996, sea un nuevo pacto Gobierno-compañías, tendrá ventajas, pero seguramente no resolverá la actual incertidumbre regulatoria.

Por tanto hay que buscar una predictibilidad regulatoria a través de una metodología revisable, pero generalmente aceptada. Para avanzar hay que abrir el debate, que no por muy técnico debe ser cosa de dos, a otras fuerzas políticas, a los expertos, a organizaciones de consumidores y a la sociedad en su conjunto.