Basilea destaca la delicada situación de las finanzas públicas
El año 2000 se caracterizó por una sustancial mejora de las cuentas fiscales en la mayoría de los países latinoamericanos, salvo Argentina. La notable recuperación económica impulsó los ingresos fiscales, a lo que hubo que sumar la favorable evolución de los ingresos por petróleo en aquellas economías más dependientes de las exportaciones de crudo, como Venezuela o México.
El resultado fue un notable recorte de los déficit fiscales, especialmente en Brasil y Chile. En concreto, Brasil logró reducir el déficit total del sector público hasta niveles en torno al 4,6% del PIB en 2000, tras situarse cerca del 10% el año previo. Por su parte, Chile logra prácticamente equilibrar sus cuentas fiscales en 2000.
En cualquier caso, y pese al éxito de la gestión durante el pasado ejercicio, los temores que existían acerca de la sostenibilidad fiscal en el largo plazo llevaron a muchos de estos países a poner en práctica una serie de iniciativas.
Brasil elaboró la Ley de Responsabilidad Fiscal que establecía el equilibrio entre los gastos y los ingresos que hubiera en ese momento. Esta ley, en la actual coyuntura, puede tener implicaciones significativas en la gestión pública. De hecho, el recorte estimado de unos 15.000 millones de reales sobre los ingresos previstos como consecuencia de la caída de la actividad por los cortes de electricidad puede provocar futuras iniciativas de recorte de gasto público para asegurar el cumplimiento de los compromisos pactados con el FMI.
Bien es cierto que hasta abril la evolución de las cuentas fiscales puede calificarse de muy satisfactoria, con un excedente primario que ya supera lo establecido con el FMI para el conjunto del primer semestre. Sin embargo, será a partir de junio cuando comiencen a ser patentes los efectos sobre los ingresos fiscales de la crisis energética.
En cuanto a Argentina, el deterioro de sus fundamentos económicos obligó a posponer hasta el año 2005 la puesta en práctica de la Ley de Solvencia Fiscal.
De hecho, la necesidad de revisar nuevamente en mayo sus compromisos fiscales con el FMI muestra la dificultad de Argentina para alcanzar una situación relativamente saneada en sus arcas públicas. Entre otras medidas, la introducción de un impuesto sobre transacciones financieras asegura un aumento de los ingresos fiscales. A ésta hay sumar la obligación de los bancos a reducir su encaje, lo que inyecta liquidez en el sistema y reduce las necesidades del Gobierno a financiarse en los mercados internacionales. Además, el éxito en la operación de canje aleja el fantasma del impago, al menos, durante este año, lo que alivia la situación de las cuentas públicas.
Sin embargo, las escasas evidencias de reactivación económica plantean serias dudas acerca de la capacidad de Argentina para afrontar los pagos de deuda en los próximos ejercicios y cualquier acontecimiento imprevisto puede hacer de nuevo que aumente la desconfianza de los mercados, lo que castigaría nuevamente las referencias argentinas, traduciéndose en un mayor deterioro de las finanzas públicas.
En suma, las perspectivas que se manejan para el crecimiento de la economía en el presente año son menos favorables que las del año previo. De hecho, se estima que el PIB de la región presentará una desaceleración hasta el 2,6%, tras el 4% anotado el pasado año. Además, el actual clima de incertidumbre seguirá presionando al alza los tipos de interés, lo que sumado a la depreciación que están mostrando las principales divisas aumentará de manera significativa el coste del servicio de la deuda.