El Tribunal de Conflictos falla que Liaño reingrese en la carrera judicial
El Tribunal de Conflictos resolvió ayer el contencioso jurisdiccional mantenido entre el Gobierno y el Supremo a causa del indulto del ex juez Javier Gómez de Liaño. Acordó por unanimidad reconocer la competencia del Gobierno para determinar el alcance de un indulto. También resolvió que el ex juez, condenado por prevaricación continuada, debía reingresar en la carrera judicial, en contra de lo dispuesto por el Supremo. Sin embargo, la mayoría considera que antes deben quedar cancelados los antecedentes penales del ex juez.
Los seis miembros del Tribunal de Conflictos han declarado al Gobierno competente para "la determinación del alcance del indulto en cuanto a la pena ejecutada", según una nota hecha pública por el tribunal. Esto supone que el ex juez Javier Gómez de Liaño debe ser reingresado en la carrera judicial, tal y como disponía el decreto de indulto del Gobierno del pasado mes de diciembre. El Tribunal de Conflictos también acordó que el Consejo General del Poder Judicial sea quien resuelva todas las cuestiones relativas a la vuelta de Liaño a la judicatura.
El fallo del Tribunal de Conflictos produjo más que desaires y malestar en el seno de la Sala Segunda del Supremo que, al parecer, no dejará por zanjado este tema. Fuentes del alto tribunal informaron que se estudia la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Conflictos Jurisdiccionales por ser contraria a la Constitución. Vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial también mostraron su desacuerdo con la resolución del Tribunal de Conflictos y manifestaron que su opción es la de llevar el asunto ante el Constitucional mediante la presentación de un conflicto de atribuciones o de competencia. Una iniciativa que pondrá en una posición difícil al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, que también ostenta la presidencia del Tribunal de Conflictos.
Discrepancias
Hubo unanimidad para resolver que era el Gobierno el competente para determinar el alcance de un indulto. Sin embargo, los miembros del Tribunal de Conflictos no se pusieron de acuerdo para establecer cuándo debe producirse el reingreso de Liaño en la judicatura. La mayoría considera que puede volver a ser juez cuando queden cancelados sus antecedentes penales, tal y como dispone el artículo 380 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La cancelación de antecedentes penales se produce cuando han transcurrido cinco años desde el cumplimiento de la pena o de la concesión del indulto. Por lo tanto, quedan aún cuatro años y medio para que Liaño quede limpio de antecedentes penales, ya que la medida de gracia se publicó en el BOE a finales del pasado mes de diciembre.
A la resolución que dicte el tribunal (se dará a conocer hoy o mañana), se adjuntarán los votos concurrentes de los magistrados conservadores José Luis Manzanares y Antonio Pérez-Tenessa. Ambos, según fuentes próximas al tribunal, defenderán la opción de que Liaño vuelva a ser juez de forma inmediata sin esperar a la cancelación de antecedentes.
Liaño fue condenado a 15 años de inhabilitación y fue expulsado de la carrera por un delito de prevaricación continuada en el caso Sogecable. El Gobierno le indultó especificando que debía ser reingresado en la carrera.
El Supremo, tribunal sentenciador y, por lo tanto, competente para aplicar la medida de gracia, no reingresó al ex juez porque, según alegó, su expulsión era una pena cumplida que no puede ser indultada, ya que lo contrario sería "ilegal". Ante esta decisión, el Gobierno instó al Supremo a que aplicara el indulto en todos sus términos, a lo que el alto tribunal se negó. De esta forma quedó planteado el conflicto jurisdiccional entre Ejecutivo y Tribunal Supremo.
Dudas sobre la constitucionalidad del órgano decisorio
Partidos políticos y asociaciones judiciales vertieron opiniones a favor y en contra de la resolución para reingresar a Liaño en la judicatura y del propio Tribunal de Conflictos.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, calificó la sentencia de "indignante y muy grave" y pidió al Poder Judicial que no reingrese a Liaño. Destacó que el Tribunal de Conflictos no es "un verdadero tribunal porque cuenta con tres miembros ultraconservadores nombrados por el Gobierno".
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, acusó al Gobierno de utilizar la "herencia del franquismo" que supone el Tribunal de Conflictos para "salirse con la suya". Expresó su confianza en que "el Supremo no acepte la resolución". El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que manifestó que "ha quedado salvaguardada la potestad de indultar del Gobierno". Y el portavoz de Justicia del PP, Andrés Ollero, calificó de "irreprochable" la actuación del Gobierno.
La Asociación Profesional de la Magistratura, de talante conservador, manifestó que espera que la resolución "contribuya a superar un ambiente enturbiado en la Administración de Justicia". La progresista asociación Jueces para la Democracia opinó que el Tribunal de Conflictos es "un órgano no jurisdiccional de dudosa constitucionalidad y no entendemos cómo puede revocar una decisión del Supremo". La Asociación Francisco de Vitoria apoyó la resolución, aunque auguró que será el Constitucional quien tenga la última palabra en este asunto.