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TRIBUNA

<I>I+D, garantía de crecimiento</I>

La asistencia estatal para lograr al menos niveles aceptables de inversión en tecnología es imprescindible.

Tanto en los foros de opinión como en los círculos académicos existe unanimidad en afirmar que la inversión en tecno-logía o gasto en I+D es un factor clave para incrementar o incluso mantener el nivel de crecimiento económico de un país.

El debate actual se centra en cuál debe ser el papel del Estado en el desarrollo de las inversiones en I+D.

Las posiciones oscilan entre quienes consideran imprescindible el soporte estatal para conseguir que un país tenga el nivel necesario de inversión en tecnología y quienes juzgan que la iniciativa privada se basta por si misma para lograr este objetivo.

La valoración e importancia que ha adquirido la inversión en I+D ha tenido distintas percepciones a medida que se ha avanzado en el estudio de diferentes modelos económicos.

En las primeras formulaciones de los modelos de crecimiento exógeno se asigna un peso sustancial al progreso técnico como motor de crecimiento económico. A partir de los años setenta se introduce el capital tecnológico en las formulaciones de los modelos como un factor productivo más. En la actualidad, gracias al desarrollo de las modernas teorías del crecimiento endógeno, resulta incuestionable que la inversión en tecnología es uno de los factores claves para el progreso económico de un país. Esta afirmación está avalada por una abundante literatura y una amplía evidencia empírica. De modo que, hoy en día, todas las contrastaciones sobre los mo-delos de crecimiento eco-nómico incorporan, de una manera u otra el capital tecnológico.

La asistencia estatal para que un país logre niveles, si no óptimos, al menos aceptables de inversión en I+D se hace imprescindible desde dos puntos de vista. Primero, porque existen fallos de mercado que hacen insuficiente la inversión privada en tecnología. Estos fallos corregirían, en parte, con una adecuada legislación sobre patentes que permitiera recuperar un porcentaje de la inversión realizada sustancialmente mayor que el que se recupera actualmente. "La economía de mercado tenderá a no invertir lo suficiente en activi-dades tecnológicas. La principal razón estriba en la dificultad de apropiación de los beneficios económicos de la investigación" (Arrow, K. Economic welfare and the allocation of resources for invention, 1962 ).

Segundo, la inversión en I+D tiene una parte de bien público ya que las características que se cumplen en muchos de los resultados de los procesos de investigación son similares a las de dichos bienes. Esta situación legitima, justifica sobradamente y hace necesario el papel del Estado en este campo.

Una buena forma de observar el proceso que sigue la inversión en tecnología de un país es ver la evolución de la ratio que algunos autores denominan de Esfuerzo Investigador, que calcula el porcentaje que suponen los gastos en I+D dentro del PIB. A pesar de que esta ratio viene experimentando un proceso de convergencia con la de los países de la UE, la distancia que separa ambas cuotas es todavía enorme: 0,88% en España frente a 1,91% en la media de la UE, según datos de 1998.

A la vista de la situación el Ejecutivo aprobó, en noviembre de 1999, el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) que consiste en aprovechar los recursos de los diferentes sectores públicos afectados, de manera que se pueda realizar, de forma coordinada la gestión, el seguimiento y la evaluación de la política tecnológica.

Sus objetivos son claros: conseguir que el nivel de gasto (público y privado) en I+D+i en relación con el PIB se iguale al nivel medio de los países de la UE; estimular la participación de la iniciativa privada con el fin de que se aumenten las aportaciones de las empresas a inversiones en tecnologías del 50% actual al 60%; lograr que la financiación de las actividades de I+D+i se haga sobre una base clara de identificación de las prioridades.

En este sentido existe un esfuerzo considerable al introducir la i (incentivación), aunque sería deseable que hubiese una especificación mayor de lo que se entiende por ello, para evitar inseguridades en el carácter de incentivables de los proyectos a realizar.

En el marco de este proyecto del ejecutivo se han desarrollado varias iniciativas para fomentar la ciencia y tecnología y acercar a todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa.

Una de estas iniciativas, la más positiva e importante para la sociedad, consiste que la Administración Pública proporcione apoyo a los Parques Científicos y Tecnológicos, que se encuentran todavía en su fase inicial en relación con los países de nuestro entorno.

Gracias a esta iniciativa se han aprobado 30.000 millones de pesetas en ayudas a través de anticipos reintegrables, que movilizan, a su vez, mucho más dinero que las ayudas conseguidas. Estos créditos tienen como principales beneficiarios las Universidades y los Institutos Científicos y Tecnológicos, y se destinan, entre otras acciones, a financiar becas, proyectos de investigación y proyectos concertados entre empresas y centros públicos de investigación. Dichos anticipos, al ser reintegrables, no computan como gasto público y, por tanto, no suponen un incremento en el déficit público. Este es un ejemplo de disposiciones que aúnan el esfuerzo de los sectores público y privado para avanzar en la carrera tecnológica. Ahora, es necesaria una integración entre los proyectos de estos Parques Tecnológicos y el desarrollo empresarial para que tengan eficacia en aras de la productividad tecnológica de nuestras empresas.

Con estas medidas, el Gobierno ha mostrado sensibilidad para resolver el problema del déficit tecnológico en España ya que, sin ser dirigista, su actuación está en la línea de establecer incentivos que estimulen el gasto privado en I+D y, al mismo tiempo, contribuyan de manera importante al acercamiento y cooperación entre todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa. Es decir, su postura fomenta y no sustituye la acción privada en este campo en el que España está muy retrasada frente a los países de nuestro entorno.

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