<I>Adecuación del sistema eléctrico</I>
El empresariado del sector eléctrico español, salvo honrosas excepciones, sufre una falta crónica de liderazgo y vitalidad.
Sin duda propiciado por las inquietantes referencias y experiencias del exterior, periódicamente se vuelve al debate sobre la adecuación de nuestro sistema eléctrico para garantizar el suministro de energía en los próximos meses o años.
A esta inusual frecuencia con la que se aborda un asunto tan técnico no es ajena la falta de claridad que los representantes del Gobierno arrojan, cada vez que se les presenta la ocasión, sobre los distintos escenarios que se manejan -para ellos, esta cuestión parece un auto de fe y que los argumentos y estudios técnicos que ponen en discusión sus asertos hay que ignorarlos, más que rebatirlos-. Tampoco es ajena la falta crónica de liderazgo y vitalidad (salvo honrosas excepciones) y el desconcierto actual del empresariado del sector eléctrico -acrecentados de forma muy significativa después de la inseguridad creada por las últimas medidas del Gobierno respecto de las fusiones y por las amenazas a su integridad desde el exterior de nuestras fronteras- y, en gran medida, por la inexistencia de un organismo -¿debiera serlo la Comisión Nacional de la Energía (CNE)?- de referencia técnica y conocimiento regulatorio sobre el que depositar la confianza de cara al establecimiento de reglas de juego claras y concretas que permitan desarrollar en el futuro un sector eléctrico más plural, competitivo y efectivo.
El debate sobre esa adecuación, y una vez más sobre su idoneidad, lo ha reabierto un detallado informe de Red Eléctrica (REE), dado a conocer los últimos días de abril. El estudio resalta conclusiones que, cuando menos, ponen en tela de juicio las recientes afirmaciones de la directora general de la Energía, en las que, desdeñando las opiniones de los que hemos osado aportar nuestro conocimiento de la cuestión en aras de una mejor comprensión de lo que está pasando aquí y allende nuestras fronteras y cómo puede repercutir en el futuro del abastecimiento energético español, nos describe un panorama idílico del presente y de los planes futuros sin paliativos ni claroscuros, lo cual resulta peculiar.
El riguroso y documentado estudio de Red Eléctrica incide en una amplia casuística de aspectos fundamentalmente referidos a la seguridad de suministro del sistema eléctrico -es decir, su capacidad para soportar perturbaciones coyunturales importantes y proporcionar el servicio que se le pide- que podrían afectar de forma importante al mismo los próximos meses. Las conclusiones dan pie a cierto alarmismo coyuntural en lo que se refiere a la fiabilidad del sistema para satisfacer la demanda en condiciones extremas, y ahondan en la preocupación, que empieza a ser general, sobre cómo resolver de cara al futuro el problema de estimular y garantizar las inversiones imprescindibles en infraestructuras de capacidad productora y de transporte de energía eléctrica. Es decir, cómo asegurarse que el servicio esté disponible en un futuro a todas horas y al nivel de potencia que se demande.
Con la presentación pública del informe, el asunto de la capacidad de producción, del mercado de infraestructuras generadoras y, en definitiva, todo aquello que se refiere a la garantía de suministro vuelve a la palestra; y vuelve porque todavía queda mucho por recorrer en el sector eléctrico español.
Además de otros, está pendiente el desarrollo normativo de la Ley del Sistema Eléctrico (LSE), que se refiere a este asunto, y que se establezca en el mercado de la electricidad un sistema que, sin distorsionar su funcionamiento como el vigente, usando mecanismos de mercado, incentive las inversiones en nuevo equipamiento generador de forma permanente y sostenida, aleje los fantasmas de inseguridad jurídica que afectan a las empresas en sus planes de inversión y que favorezca una estabilidad de precios en el medio y largo plazos.
Aunque como en otros muchos países este asunto de la adecuación del sistema eléctrico para hacer frente a la demanda es crítico, en España lo es más, pues, como bien pone de manifiesto el estudio de REE -y otros, como el que apuntábamos en un artículo en estas mismas páginas el pasado 15 de marzo-, la cobertura de la demanda en horas de máxima solicitud se suele hacer con la cultura todavía imperante de utilizar gran cantidad de capacidad hidráulica pensando que ésta, en gran medida, está para eso: estar disponible para esos momentos de demanda máxima.
En una situación de mercado de concurrencia libre, en el que existe la obligación de proporcionar el servicio que supone abastecer de energía eléctrica a quien lo solicita, pero a un precio marcado por unas reglas de mercado, la utilización de los recursos hídricos puede no estar presidida por el objetivo tradicional apuntado, sino que las empresas pueden usar esos recursos como opción para suavizar sus riesgos contractuales, garantizar sus compromisos de suministro o con otros objetivos, lo que podría acrecentar el problema de déficit de capacidad en un momento dado.
Para conseguir dar con la solución idónea de adecuar en el futuro la oferta a la demanda, además de las alternativas que han puesto en marcha en otros mercados, habrá que echarle no poca imaginación, así como dialogar mucho con todas las partes implicadas para consensuar qué es lo mejor para evitar sobresaltos futuros. Una alternativa, basada en una apuesta más decidida por el camino ya emprendido de la liberalización del sector -a la que ya convergen muchos de los países de nuestro entorno y nivel económico-, aseguraría a la vez que la renta que se genera en España en este sector quede en forma de riqueza entre nosotros.