<I>Planes de empleo, la rutina de todos los años</I>
En la Cumbre extraordinaria sobre el Empleo, celebrada en Luxemburgo a mediados de 1997, se decidió crear un Comité de Empleo y la obligatoriedad para cada país miembro de presentar un plan de empleo anualmente que debería seguir las directrices de empleo europeas y someterse a evaluación por las instituciones comunitarias.
En aquel momento se valoraron positivamente los compromisos establecidos teniendo en cuenta la renuencia mostrada previamente por buena parte de los Gobiernos nacionales. Varios meses de reuniones preparatorias de la dirección de la Confederación Europea de Sindicatos con casi todos los presidentes y ministros de Trabajo de la Unión Europea, acciones sindicales de distinta entidad en los 15 países que culminaron en la capital luxemburguesa durante los mismos días que se realizaba la cumbre con la mayor concentración de trabajadores europeos lograda hasta la fecha convocada por la CES, lograron abrir una portezuela a la coordinación de las políticas de empleo que no podía dejar de considerarse como un paso positivo.
Sin embargo, la concreción de las promesas ha sido desalentadora. Se empezó por desdibujar el Comité de Empleo en los tratados de Amsterdam, dejándolo en un organismo de rango menor y con escasas competencias efectivas. El paro, principal problema de Europa que afectaba ya a 18 millones de personas, y la política para combatirlo, que debería ser uno de los principales ejes vertebradores de la Unión, no merecieron para los jefes de Estado y de Gobierno una consideración similar a la de la política monetaria, como había propuesto la Confederación Europea de Sindicatos.
Los planes de empleo se limitaron desde el principio a la simple recopilación de las actuaciones que cada país venía realizando o las que ocasionalmente se hubiesen adoptado en los marcos nacionales de concertación social, pero sin añadir aportaciones específicas y nuevas.
Esta rutinaria manera de confeccionar los citados planes ha determinado que pasen inadvertidos para la mayoría de la opinión pública, porque realmente no son relevantes, además de dificultar el consenso social. Es al menos lo que viene ocurriendo en España desde que se presentó el primero, en 1998, que han pasado sin pena ni gloria y no han contado con el acuerdo sindical ni aun en los años de diálogo social más fructífero. Y ha vuelto a ocurrir con el IV Plan Nacional de Acción para el Empleo 2001, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril.
La participación de los agentes sociales sigue lejos de ser satisfactoria, haciendo caso omiso de la recomendación de la CE que la considera "fundamental para el buen desarrollo de la Estrategia Europea por el Empleo".
Aunque se avanza un poco en la concreción de las medidas y en los objetivos, incrementándose el número de acciones previstas en un 6% respecto del plan 2000, disminuye la intensidad de dichas acciones por beneficiario. Se mejoran proporcionalmente las de "empleo y contratación", pero siguen teniendo un peso relativo muy pequeño, ya que apenas suponen la cuarta parte. El resto son de "formación y orientación profesional". Los programas mixtos de "formación y empleo", que son los que implican algún tipo de experiencia laboral para los desempleados, aparte de representar un ínfimo porcentaje del 4,4%, disminuyen un 6,6%.
Por colectivos, se reducen en un 12% las acciones dirigidas a los parados de larga duración y en un 5% las que benefician a personas adultas que lleven menos de un año en el paro. Lo que no puede justificarse porque se aumenten las destinadas a los jóvenes con menos de seis meses en desempleo. Aún menos pueden camuflarse con ofertas formativas los recortes de dos puntos porcentuales que sufren los programas de empleo y contratación destinados a las mujeres, cuando representan el 61% de todo el paro en España.
En definitiva, otro año más en el que se cubrirá el expediente ante las instituciones europeas, que seguramente será visado como se hace con los demás países. Que ésa sea la regla no debería consolar al Gobierno español. Nuestro país sigue siendo el que mantiene la tasa más alta de paro. Las previsiones de crecimiento económico y de empleo recientemente revisadas a la baja tendrían que haber motivado un especial empeño en la lucha contra el paro.