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TRIBUNA

<I>Las estrategias del sector pesquero </I>

Sorprende cómo la Administración española trata de evitar su responsabilidad en la ruptura del acuerdo con Marruecos.

Resulta descorazonador observar la pasividad con que la UE presentó la ruptura de las negociaciones pesqueras con Marruecos. También sorprende contemplar cómo la Administración española trata de eximirse de la responsabilidad del acuerdo, argumentando que corresponde a la Comisión Europea la misión de buscar un acuerdo que satisfaga a todas las partes y en el que no se excluya a ninguno de los segmentos de flota.

Sin embargo, en el análisis que las Administraciones realizan sobre el fin del acuerdo pesquero excluyen elementos básicos del meollo del sector a escala internacional y europea en lo tocante a las repercusiones sobre la actividad extractiva y comercial española.

Por una parte, se insiste en que el sector pesquero europeo y español presentan una fuerte sobrecapacidad en la flota; o sea, existe un evidente desajuste entre posibilidades de pesca y capacidades de producción. Este desequilibrio sólo puede ser ajustado mediante la reubicación de las flotas en aguas de terceros países poseedores en sus zonas económicas exclusivas de importantes stocks pesqueros o con medidas de regulación más eficientes que garanticen la combinación óptima entre los esfuerzos pesqueros de las flotas que operan en las zonas económicas exclusivas comunitarias y el desarrollo sostenible de los stocks.

Atendiendo a estas dos posibles soluciones, es desalentador escuchar argumentaciones como las de responsables políticos, tanto progubernamentales como de la oposición, que apenas dejan esperanzas a las poblaciones costeras y a aquellos empresarios y trabajadores empleados directa e indirectamente en el sector pesquero. Si se apuesta por el desmantelamiento de la flota y buscamos la financiación para proceder a tal dinámica dentro de los programas europeos, asistiríamos a un incremento del ya abultado déficit comercial. En un contexto de alza de consumo de pescado, la demanda es el doble de lo capturado por la flota con bandera nacional y comunitaria. Si desguazamos la flota comunitaria y española, alentaremos a que comercializadores y distribuidores externos controlen la oferta, la calidad y los precios de las principales especies.

Osea, los factores comerciales dominarían a los productivos. Las acciones dependientes del mercado arrastrarían a nuevos procesos de desterritorialización de la actividad pesquera. Ello condenaría a los habitantes de las comarcas pesqueras y los actuales profesionales del sector a meros espectadores de las nuevas reestructuraciones económicas y sociales, con pérdidas de empleo y renta en las zonas dependientes de la pesca.

El debate sobre la Política Común de Pesca (PCP) subraya un notable enfrentamiento entre los países del norte y los del sur. Los acuerdos del norte están basados en la estricta reciprocidad en el acceso a los recursos, a excepción de Groenlandia, en tanto que los firmados con los países del sur prevén compensaciones financieras, repartidas entre el presupuesto comunitario y las aportaciones privadas.

A pesar de que la cantidad para los acuerdos con terceros países es baja (representan un 30%-35% del presupuesto pesquero), para ciertos Gobiernos europeos "constituye un alto coste económico que es preciso reducir" y eliminar de manera progresiva. Se reproduce un esquema del siguiente tenor: para aquellos que tienen flota y se benefician del acceso a las zonas de países terceros, la política exterior en materia pesquera, las acciones tendentes a impulsar y desarrollar acuerdos deben continuar; en tanto que otros apelan a la reducción del presupuesto comunitario y que sean armadores privados los que se hagan cargo de las condiciones del acceso a los recursos.

Lo mostrado en el último Consejo de Ministros de Pesca de la UE puede dar la impresión que la Comisión hace más caso (más bien parece que es único) a aquellos que no poseen flota pescando en caladeros externos. Esta consideración es reflejo de las posturas para reducir los programas de asistencia pública y facilitar así la negociación privada que permita la concentración productiva y el control de los mercados pesqueros más sofisticados.

De esta forma, algunos países obstaculizan los intentos de acuerdos con otros Gobiernos, para entorpecer las posibilidades de reubicación de las flotas comunitarias al amparo de acuerdos públicos concertados por la UE, provocando, con ello, una disminución en el abastecimiento de los mercados comunitarios con unidades de bandera europea y un ensanchamiento del déficit comercial. Como se puede intuir, esta dinámica intensifica, si cabe, una mayor vulnerabilidad y dependencia económica y comercial; haciendo que los efectos negativos, tanto directos como indirectos de la actividad pesquera, sean mayores en su doble ámbito sectorial y territorial.

Si estas argumentaciones son ciertas y algunos países miembros se ajustan a los mencionados criterios, asalta la duda sobre cuáles serán las directrices que se deben incluir en la reforma de la PCP. Si el ejemplo actual es el espejo del futuro, las perspectivas no son halagüeñas. Por el contrario, si apostamos por nuevas estrategias del sector, las soluciones quedarían enmarcadas en un horizonte de mayor estabilidad. En suma, se deben buscar nuevas estrategias para el futuro y recuperar la credibilidad de una política común.

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