La reforma de las cajas andaluzas sigue su peregrinaje polémico
Al igual que la ley de Cajas, el reglamento que la desarrolla nace con polémica. El Consejo Económico y Social y la CECA arremeten contra la Junta por lo que consideran intento de intervencionismo.
Antes de la actual redacción del reglamento de la Ley de Cajas, la oposición al Gobierno andaluz de Manuel Chaves (Partido Popular e Izquierda Unida) exigió sin éxito que se negociara su contenido. La propia ley, pactada entre el PSOE y Partido Andalucista (PA), nació sin consenso y rodeada de polémica hace más de un año. Su desarrollo e implantación, incluido el texto del reglamento, ha estado desde entonces escalonado de escollos legales y políticos, aunque, pese a todo, sigue su curso.
Ahora, cuando el Consejo Económico y Social (CES) y la propia Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) han cargado contra el desarrollo reglamentario, éste se ha convertido en la principal materia de negociación del diálogo que han inaugurado PSOE y PP para alcanzar un pacto sobre el futuro del sistema financiero andaluz.
Los socialistas ya se han mostrado dispuestos a introducir cambios en el texto en el actual trámite de consulta. Estos cambios, a los que se ha negado la consejera de Economía andaluza, Magdalena Álvarez, serán pactados con el PP. En esta fase de consulta también se ha recabado, entre otras, la opinión de la patronal de las cajas de ahorros.
La CECA, en un informe dirigido a la Consejería de Economía y Hacienda, analiza 22 epígrafes y acusa directamente a la Junta de Andalucía de "intervencionismo" en la regulación de las fundaciones de obra social, en la determinación de porcentajes de inversión de la obra social y en el control e inspección de esta materia, una de las más sensibles para estas entidades de ahorro.
Este último apartado, el del control de las inversiones de la obra social, es el que más reproches recibe por parte de este órgano asociativo. La confederación admite que, según la ley andaluza, la Junta está facultada para "establecer las directrices que deben seguir las cajas en materia de obra social dentro del más absoluto respeto a la libertad de las entidades para la elección de las inversiones concretas".
El informe entiende que este mandato queda vulnerado en el reglamento al establecer que "en una futura orden se determinarán los porcentajes mínimos del presupuesto anual de la obra social en cada una de las áreas de actuación, así como el límite máximo que la suma de aquellos porcentajes representará respecto del total del presupuesto".
Falta de apoyo legal
Por otra parte, la patronal de las cajas califica las funciones inspectoras que se atribuye la Consejería de Economía sobre la obra social de "forma de intervención administrativa carente del necesario apoyo legal".
En el mismo campo, el informe censura que la Consejería regule la creación de fundaciones de obra social por parte de la Federación de Cajas de Andalucía excluyendo las fundaciones que también pueden constituir las cajas individualmente.
Asimismo, tilda de exceso intervencionista la regulación de la fundaciones de obra social "por el interés reduccionista de la autonomía" de estas instituciones. Y critica que la Junta extienda sus funciones al "otorgamiento de autorizaciones y al ejercicio de acciones".
En otro orden de cosas, la CECA rechaza que, según el reglamento, en caso de fusión y antes de la tramitación de la correspondiente autorización, se deba pedir el visto bueno previo de la Junta.