El Ejecutivo no limitará el acceso de empresas pequeñas a la obra pública
La Administración mantendrá el actual sistema de clasificación de las empresas para el acceso a las licitaciones de contratos públicos, según explicó Rafael Catalá, subsecretario de Hacienda. Con esta decisión, el Gobierno abandona la propuesta, incluida en el borrador de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, basada en tomar medidas más estrictas a la hora de clasificar a las empresas contratistas. Este borrador no fue aceptado por sectores como el de la construcción, que amenazó con denunciarlo el pasado junio.
El Ejecutivo mantendrá el sistema actual de clasificación de las empresas que optan a contratos públicos, según el subsecretario de Hacienda, Rafael Catalá, en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Dipu-tados. Con esta medida cambia el borrador del proyecto de Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se endurecieron los criterios para fijar los méritos de las empresas contratistas. Esta medida de la Administración, que no fue aceptada por varios sectores empresariales, sobre todo por las pequeñas y medianas constructoras, elevaba la exigencia en recursos de las empresas y "producía efectos distorsionadores y alta inquietud en las compañías de menor tamaño", añadió el portavoz de Administraciones públicas del PSOE, Ángel Martínez Sanjuán. Incluso, "algunas empresas que actualmente están clasificadas y están funcionando pasarían a no estar clasificadas o a estarlo en tramos inferiores", dijo Catalá. Por esta razón," se ha optado por mantener el statu quo del actual", advirtió. Uno de los sectores que no aceptaron la propuesta de la Administración fue el de la construcción, controversia que llegó a convertirse en una amenaza de denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia por parte de la Asociación Nacional de Empresas Regionales de Obra Pública (Aerco). La posición de esta patronal y la de ANCI han provocado una gran tensión en el seno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que no ha podido consensuar una propuesta de nueva clasificación. El futuro Reglamento de la Ley de Contratos estará aprobado el próximo junio y mantendrá el sistema actual de clasificación de las empresas que se basa en la puntuación sobre los índices de financiación con los que cuentan las contratistas, así como la mecanización, la tecnología y la experiencia.
Por su parte, la Comisión Europea tramita un sistema estándar de clasificación de las empresas en estos contratos públicos, aunque, apuntó Catalá, " se referirá a cuestiones generales, dada la diferencia de criterios de cada uno de los países".
Subcontratas
También han manifestado públicamente su oposición a la nueva clasificación los subcontratistas. La Confederación Nacional de Subcontratistas de Obra Pública (Conascop) sostiene que su aprobación hubiera hecho desaparecer el 70% de las empresas pequeñas de ámbito regional. Al mismo tiempo, este colectivo reclama que se regule la subcontratación mediante la clasificación de este grupo de empresas por parte de la Administración para evitar la presencia de piratas empresariales. También reclaman normas sancionadoras para el cumplimiento de las leyes que regulan el proceso constructivo, sobre todo las que afectan a la seguridad y la higiene en el trabajo.
Por su parte, Catalá advirtió que se está procediendo a la revisión y actualización del inventario del patrimonio inmobiliario del Estado para su optimización.
Así, está previsto revisar más de 122.000 inmuebles: 32.000 el presente año y 23.000 en cada uno de los cuatro ejercicios posteriores. Catalá apuntó, además, que el sistema de compras centralizado que utiliza la Administración genera un ahorro de 6.000 millones de pesetas.